Una licitación exprés por 450 millones de dólares encendió las alarmas: el PAMI aceptó pagar un 20% más por pañales tras dar de baja el convenio anterior. Denuncias por direccionamiento, falta de transparencia y la sombra de una trama que huele mal.
(Por Osvaldo Peralta) El Gobierno que prometió cortar con la casta parece haber encontrado una nueva forma de hacer negocios a costa del Estado: más veloz, más opaca y mucho más costosa. Esta vez, el escándalo estalló en el PAMI, con un contrato millonario para la compra de pañales para adultos mayores que, lejos de representar un “ahorro”, implicará un sobreprecio del 20% respecto al esquema anterior.
El episodio —devenido escándalo— se resume en cifras: u$s 450 millones en tres años, seis días hábiles para presentar propuestas, una licitación exprés firmada por el titular del organismo, Esteban Leguizamo, y tres de cuatro oferentes denunciando irregularidades. Según confirmaron diversas fuentes, los pliegos se cambiaron sobre la marcha, se restringieron los tiempos para competir y el producto final será de menor calidad. Todo bajo el pretexto de “transparentar”.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió a defender la maniobra con una verborragia conocida: “Se eliminaron los intermediarios”, “se va a ahorrar $5.000 millones”, “si hay algo más que decir, lo dirá la Justicia”. El mismo libreto que ya se escuchó en otros escándalos del gobierno de Javier Milei, pero que no alcanza a tapar lo esencial: se paga más por menos.
¿El fin de los intermediarios o el comienzo de otra intermediación?
El Gobierno insiste en que el nuevo esquema evitará “que algún vivo revenda los pañales en Marketplace”. Una excusa casi caricaturesca que intenta justificar una licitación exprés plagada de sombras. Lo que sí queda claro es que la supuesta eliminación de intermediarios no impidió que los precios aumentaran un 20%, lo que equivale a millones de dólares adicionales. ¿Quién se beneficia entonces? ¿A dónde va ese diferencial?
Lo que se derrumba, en este caso, es el relato libertario de eficiencia, transparencia y ahorro. ¿Cómo se explica que un Gobierno que recorta medicamentos, cierra programas de salud y ajusta en las jubilaciones, decida convalidar un contrato tan inflado? No hay justificación técnica que alcance cuando la matemática dice lo contrario.
Una licitación exprés para pocos
El detalle no menor es que tres de las cuatro empresas interesadas presentaron quejas formales por no haber tenido tiempo suficiente para cotizar. Sólo seis días hábiles para un contrato de casi medio billón de dólares. Una trampa perfecta: se invita, pero no se permite participar.
La denuncia más grave apunta al direccionamiento del pliego, una metodología clásica del manual de la “vieja política”, esa que el oficialismo dice combatir. De hecho, no son pocos los funcionarios designados por el propio Milei que vienen denunciando negociados y zonas grises dentro del PAMI. Pero en lugar de frenarlas, las convalidan con su firma.
Pañales más caros y de peor calidad
Lejos de mejorar el servicio, el nuevo esquema no solo es más caro, sino que además empeora la calidad del producto que recibirán los afiliados. Así lo denunciaron fuentes vinculadas al proceso y especialistas en prestaciones geriátricas.
Recordemos que el convenio de provisión de pañales es el tercero más importante del PAMI, luego de medicamentos e internaciones. Afecta a miles de personas mayores que dependen del Estado para poder vivir con dignidad. Por eso, cualquier irregularidad o recorte no es solo una cuestión administrativa: es un ataque directo a la salud y la calidad de vida de los jubilados.
El doble discurso del mileísmo
Resulta llamativo que mientras el gobierno ajusta en medicamentos, salarios y prestaciones básicas, acepte alegremente un aumento del 20% en un contrato sensible, y que lo haga en tiempo récord, con total hermetismo, y bajo un manto de legalidad dudosa.
Adorni, en su intento de desactivar el escándalo, llegó a acusar a las empresas de “conducta anticompetitiva”. Pero no explicó cómo se garantiza la competencia con apenas seis días de plazo y condiciones cambiantes. Tampoco aclaró quiénes están detrás de la empresa beneficiada, ni por qué su oferta —más cara— fue aceptada sin reparos.
¿Negocios para amigos bajo el disfraz de la transparencia?
Todo indica que estamos frente a un nuevo modus operandi, en el que se eliminan controles, se reducen los tiempos y se justifica todo con la narrativa de la eficiencia y el mercado. Pero los resultados son siempre los mismos: negocios más caros, más concentrados y menos transparentes.
Y todo esto ocurre mientras el Gobierno ataca a sindicatos, vacía hospitales, paraliza universidades y reprime protestas sociales. En nombre del “orden” y la “libertad”, se está consolidando un sistema donde los negocios se blindan y los derechos se recortan.
La justicia tiene la palabra, pero la ciudadanía debe estar alerta
Adorni cerró su intervención diciendo que “si hay algo más que decir, se dirá en la Justicia”. Pero no hace falta esperar a los tribunales para entender que esto huele mal. La información ya está sobre la mesa: sobreprecios, plazos absurdos, empresas que no pudieron participar, deterioro del producto, y un silencio ensordecedor por parte del titular del PAMI.
Mientras tanto, los jubilados seguirán recibiendo menos y pagando más —indirectamente— con sus impuestos, mientras el Gobierno sigue premiando a sus nuevos amigos del “mercado libre”.
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