Un brutal retroceso en derechos humanos bajo el pretexto de “gasto ideológico”. La medida electoralista borra políticas surgidas del caso Ivana Rosales, un emblema de la lucha contra la violencia de género.
La motosierra no perdona ni a las víctimas de femicidio. El viernes 16 de mayo, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona anunció la eliminación de trece programas fundamentales para la protección de mujeres y diversidades en situación de violencia de género. El motivo oficial: eran “ideológicos” y “kirchneristas”. El objetivo real: apuntalar al voto más retrógrado del electorado de Javier Milei, de cara a las elecciones del domingo en la Ciudad de Buenos Aires.
No es una sorpresa. Desde el 10 de diciembre de 2023, el gobierno libertario dio claras señales de su desprecio por las políticas de género, con la disolución del Ministerio de Mujeres, la subejecución sistemática del presupuesto y la paralización de programas vitales. Pero este anuncio formaliza lo que ya era un desmantelamiento de hecho. Y consagra un mensaje aterrador: el Estado argentino ha dejado de proteger a las víctimas de violencia machista.
Los programas eliminados no eran “ideología”, sino respuesta a una emergencia nacional. Muchos nacieron como consecuencia del caso Ivana Rosales, uno de los primeros en ser presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ivana sobrevivió a un intento de femicidio en 2002: su esposo la golpeó brutalmente, creyó que estaba muerta, la metió en el baúl de un auto y se entregó a la policía. La justicia lo condenó con penas atenuadas, acusando a la propia víctima de “mala madre”. Durante su fuga, el agresor abusó de dos de sus hijas. Ivana murió en 2017, a causa de las secuelas de aquella violencia.
Su caso se convirtió en símbolo. Y también en obligación: el Estado argentino firmó en 2021 un acuerdo de solución amistosa ante la CIDH, comprometiéndose a reparar, proteger y prevenir. Entre esos compromisos estaba el Programa de Apoyo Urgente y Asistencia Integral Inmediata ante Casos de Violencias Extremas por Motivos de Género (PAU), uno de los 13 programas que el gobierno de Milei acaba de suprimir.
El PAU brindaba apoyo económico, psicológico y legal a familiares de víctimas de femicidio, travesticidio y transfemicidio. Coordinaba acciones con el Programa Nacional de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes, que garantizaba recursos a hijos e hijas de víctimas. ¿Qué puede ser más prioritario que proteger a un niño que acaba de perder a su madre en un femicidio?
Pero para el gobierno, ese programa —como tantos otros— es “innecesario”. La ministra Sandra Pettovello justificó la medida con argumentos vacíos: que eran ineficientes, redundantes o sin impacto. Estela Díaz, ministra bonaerense de Mujeres, fue tajante: “Lo que había que hacer era fortalecerlas, no eliminarlas”.
El recorte también se llevó puesto a las Escuelas Populares en Género “Macachas y Remedios”, el programa “Menstruar” para garantizar insumos básicos a personas de bajos recursos, los hogares integrales para mujeres en alto riesgo, los dispositivos territoriales que articulaban respuestas en todo el país, y el Programa “Producir”, que promovía proyectos laborales para mujeres en situación de violencia. La Línea 144, emblema de asistencia inmediata, fue vaciada de personal y funciones.
El impacto presupuestario es ínfimo. En julio pasado, el programa de reparación económica alcanzaba a 1.241 niños, niñas y adolescentes. Una gota en el mar del gasto estatal. Pero la señal es política y brutal: en la Argentina libertaria, el dolor no cotiza. La infancia herida tampoco.
Lo más grave es que esta eliminación vulnera obligaciones internacionales asumidas por el país. Viola los estándares de la CIDH, incumple tratados de derechos humanos y destruye políticas que eran ejemplo regional. Como recuerda Lucía de la Vega, del CELS, “Ivana sufrió violencia de género y luego la falta de acción total del Estado. Hoy se destruye lo poco que habíamos logrado construir como reparación”.
La misoginia institucionalizada es una estrategia electoral. El gobierno busca fidelizar a su base más reaccionaria, reforzar su identidad negacionista y antifeminista, y desviar la atención de una crisis económica que ya no puede ocultar ni con trolls ni con marketing. El ataque a las políticas de género es también un ataque a los derechos humanos, al federalismo, a la memoria, a la justicia.
Detrás de cada programa que desaparece, hay historias concretas. Mujeres que pudieron salvar su vida gracias a un refugio. Niños que comieron gracias a una reparación. Madres que accedieron a una salida laboral. Pibas que aprendieron a identificar y denunciar el abuso.
Ahora, todo eso queda en manos del mercado. Del ajuste. De la nada. Porque para Milei y su gabinete de CEOs, el Estado no debe cuidar. Sólo debe castigar.
No es ideología: es crueldad con planilla Excel.
Fuente:
- https://www.pagina12.com.ar/826247-los-programas-de-genero-que-elimino-el-gobierno-eran-parte-d
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