Los jueces de Casación rechazaron el intento de dos imputados de blindar al presidente y a su entorno. El escándalo cripto toma cuerpo judicial y se expande hacia Estados Unidos, donde congelaron cuentas con más de 57 millones de dólares.
Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, vinculados directamente a Javier Milei, intentaron impedir que las víctimas de la criptoestafa $LIBRA participen como querellantes. La Justicia no sólo los desoyó, sino que dejó al presidente aún más expuesto en una causa que ya involucra reuniones en la Casa Rosada, vínculos financieros turbios y sospechas en el corazón mismo del gobierno libertario.
El libertarismo argentino acaba de recibir otro golpe en la mandíbula, esta vez con sello judicial. La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy en la causa por la estafa con la criptomoneda $LIBRA. Lo que se dirimía no era un tecnicismo más, sino el derecho básico de las víctimas de la estafa a constituirse como querellantes. Con esta decisión, los estafados no sólo ingresan formalmente en el expediente, sino que podrán pedir pruebas, participar de audiencias y—lo más importante—acercarse a la verdad. Una verdad que, de confirmarse, sacudiría los cimientos del gobierno de Javier Milei.
Porque no estamos hablando de una estafa cualquiera. Esta es una bomba de tiempo financiera, política y judicial que estalla justo en el centro del discurso anti-“casta” del Presidente. Y como en toda farsa, cuanto más se raspa, más se descubre. Novelli y Terrones Godoy no son actores secundarios: uno fue jefe académico de Milei en NW Trading, y ambos lo introdujeron en el Tech Forum, ese encuentro tecnológico en el que se codearon con el supuesto cerebro detrás de $LIBRA, Hayden Davis. Fue en ese evento donde se sembró el germen de esta estafa millonaria, en la que el propio Milei terminó embarrado hasta las rodillas.
Lo verdaderamente escandaloso es que no se trata sólo de una relación lejana o casual. No. El 30 de enero, Davis fue recibido en la mismísima Casa Rosada, donde, según consta en el expediente judicial, se discutió el lanzamiento de la criptomoneda. La imagen de un presidente argentino reuniéndose con un estafador internacional en el corazón del poder político nacional no es una simple anécdota. Es una alerta roja. Y la causa no termina ahí: Estados Unidos ya congeló dos billeteras vinculadas al caso. Una de ellas, denominada “Milei CATA”, alojaba nada menos que 44,5 millones de dólares.
Resulta irónico, casi grotesco, que quien construyó su carrera denunciando privilegios y componendas, hoy esté siendo investigado en una megacausa por fraude financiero internacional. Y que, además, haya sido promovido al altar del liberalismo por los mismos personajes que hoy están siendo imputados. Como si la realidad se encargara de poner a prueba el discurso con hechos concretos, inapelables, fríos como la cadena de bloques que tan bien supieron utilizar para camuflar el fraude.
Los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci fueron contundentes: rechazaron los recursos por inadmisibles. Así, confirmaron que las víctimas pueden querellar. Y esto no es una cuestión menor. Porque si los estafados pueden litigar, eso significa que tendrán acceso a los detalles de las operaciones, podrán exigir peritajes sobre los movimientos de fondos, e incluso convocar a Milei a declarar. Sí, al mismísimo presidente. El libertarismo, de pronto, ya no parece tan blindado.
El trasfondo es aún más oscuro. Un testigo clave, programador y experto en blockchain, declaró que un asesor presidencial se contactó con él tras una advertencia pública sobre los personajes detrás de $LIBRA. ¿La pregunta obvia? ¿Por qué un asesor de Milei se preocuparía por eso si no existiera una conexión directa con el entorno presidencial? La respuesta aún no ha llegado, pero el expediente se sigue engrosando.
El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación, ya cuenta con elementos técnicos que indican un armado minucioso para captar incautos bajo el paraguas de una supuesta revolución financiera. El uso de terminología cripto, la creación de eventos rimbombantes como el Tech Forum, la participación de figuras políticas en su promoción, y, por supuesto, la promesa de ganancias extraordinarias en corto plazo. Todo el combo clásico de una estafa piramidal, aggiornado al mundo digital.
Y mientras tanto, desde el gobierno reina el silencio. Ningún comunicado oficial, ningún deslinde de responsabilidades, ningún intento de marcar distancia con los implicados. Ni siquiera un mísero tuit aclaratorio. En lugar de eso, el gobierno opta por el mutismo cómplice, esperando que la causa pierda fuerza, que los medios miren para otro lado o que alguna otra crisis tape el escándalo. Pero no. Esta vez no es tan fácil. Porque el dinero está rastreado, las reuniones documentadas y las víctimas movilizadas.
La resolución de Casación no sólo deja firme el rol de los damnificados como querellantes; también constituye una victoria simbólica. Una victoria contra la impunidad, contra los blindajes mediáticos y judiciales, contra la arrogancia de un gobierno que creyó que todo podía taparse con narrativa. Pero la realidad, otra vez, se impone. Y los 57 millones congelados en Estados Unidos son la prueba viva de que el saqueo existió. Ahora sólo queda establecer responsabilidades. Y no hay burbuja financiera ni relato libertario que pueda salvar a quienes jugaron con la fe y el dinero del pueblo.
Las preguntas que quedan flotando son incómodas y urgentes. ¿Cuánto sabía Milei? ¿Cuándo lo supo? ¿Qué hizo al respecto? ¿Y por qué, sabiendo todo lo que ya se sabe, no ha tomado distancia pública de sus viejos amigos? Esas son las respuestas que la sociedad merece, y que la Justicia, finalmente, parece dispuesta a exigir.
Mientras tanto, el castillo de naipes del relato libertario tiembla. Y no es por la casta, ni por el socialismo, ni por la inflación. Es por algo mucho más concreto: corrupción. De la más clásica, de la más burda. Pero esta vez, disfrazada de revolución financiera.
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