Libertad de Prensa: El informe anual de Reporteros sin Fronteras denuncia una caída de 47 puestos en el ranking global

Javier Milei encabeza una ofensiva inédita contra el periodismo: estigmatiza a comunicadores, desmantela los medios públicos y convierte la pauta oficial en una herramienta de castigo ideológico. La Argentina, otrora faro regional de pluralismo, hoy es señalada como un ejemplo preocupante de deriva autoritaria.

(Por Nicolas Valdez) Argentina dejó de ser ejemplo y se convirtió en advertencia. El país descendió 47 posiciones en el ranking de libertad de prensa elaborado por Reporteros sin Fronteras (RSF), pasando del puesto 40 al 87 entre 180 naciones evaluadas. Se trata de una de las caídas más pronunciadas a nivel global, solo comparable con contextos de guerras o regímenes abiertamente represivos. ¿El motivo? Un presidente que se autoproclama libertario pero que no tolera la libertad de expresión.

El informe de RSF es categórico: el gobierno de Javier Milei “estigmatizó periodistas, desmanteló los medios públicos y utilizó la publicidad estatal como arma política». La organización advierte que se ha deteriorado gravemente el clima de trabajo para los comunicadores en Argentina, especialmente para aquellos que ejercen una crítica sistemática del poder. Las conferencias de prensa se eliminaron, los medios estatales entraron en una fase de desguace sin precedentes, y las redes sociales del presidente se transformaron en una usina de violencia simbólica contra trabajadores de prensa.

No se trata solo de una disputa discursiva. Desde que asumió, Milei emprendió un ataque sistemático contra la estructura comunicacional del Estado. Bajo el disfraz de “achicamiento del gasto”, ordenó el vaciamiento de Télam, emisora nacional con más de 70 años de historia y presencia federal en todo el país. Sus trabajadores, muchos de ellos de carrera, fueron cercados con vallados, enviados a sus casas sin funciones y amenazados con despidos masivos. La televisión pública (TVP) y Radio Nacional también fueron intervenidas y obligadas a reducir drásticamente su programación, abandonando su misión de servicio público.

En paralelo, la publicidad oficial se convirtió en un látigo y una zanahoria. Medios críticos, como Página/12, fueron directamente excluidos del reparto estatal, mientras que otros alineados con el gobierno, como La Nación+ o Infobae, reciben un trato preferencial. Esta estrategia, ya utilizada durante la dictadura y reciclada en los tiempos del macrismo, pretende uniformar el discurso y castigar la disidencia económica de las empresas periodísticas.

En su cruzada libertaria, Milei tampoco esconde su desprecio por el periodismo profesional. Se refiere a los periodistas como “ensobrados”, “sicarios de la desinformación” o “chantas a sueldo del Estado”. En un país donde la violencia política ha dejado heridas abiertas, este tipo de declaraciones no son gratuitas. En redes sociales, periodistas como Ari Lijalad, Cynthia García, Federico Yáñez o Carla Pelliza denunciaron hostigamientos, amenazas e incluso ataques personales luego de ser apuntados públicamente por el presidente o su círculo más cercano.

Las redes sociales oficiales del presidente y de su vocero, Manuel Adorni, se han convertido en plataformas de escarnio público. Allí no se rinde cuenta a la ciudadanía, sino que se dinamita cualquier forma de contrapoder mediático. La estrategia es clara: deslegitimar a la prensa crítica para consolidar un relato único. Como denunció el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), “nos enfrentamos a un gobierno que ve al periodismo como un enemigo a destruir, no como un pilar de la democracia”.

La situación no pasó desapercibida en el plano internacional. Además de RSF, organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Sociedad Interamericana de Prensa encendieron alarmas sobre el deterioro acelerado de la libertad de prensa en Argentina. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) incluso incluyó al país en su lista de seguimiento de “democracias en riesgo”.

En las redes, las reacciones no tardaron. Bajo el hashtag #LibertadDePrensa, cientos de periodistas, medios alternativos y ciudadanos expresaron su preocupación por el rumbo autoritario del gobierno. “Esto no es libertad, es censura encubierta con retórica de mercado”, tuiteó el periodista Pedro Brieger, mientras que la comunicadora Julia Mengolini denunció que “el gobierno de Milei quiere que sólo hablen sus trolls y operadores amigos”.

El contraste es brutal: mientras Milei se presenta ante el mundo como un adalid de la libertad, su gobierno opera con mecanismos propios del autoritarismo más clásico. Acallar al periodismo, debilitar a los medios públicos y premiar a los aliados no es reformar el Estado: es colonizar el discurso.

La libertad de prensa no se defiende con slogans libertarios, sino con políticas públicas que garanticen el pluralismo, protejan a los periodistas y promuevan el acceso a la información. Hoy, Argentina retrocede en todos esos frentes. Y lo hace con un gobierno que no solo no se avergüenza de ello, sino que se jacta. Un gobierno que, mientras vende libertad en Wall Street, exporta censura en sus fronteras.

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