El comunicado del Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), emitido el 10 de junio de 2025 tras conocerse la sentencia de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad, es un texto profundamente hipócrita, históricamente cínico y políticamente oportunista. Los radicales celebran lo que llaman “el cierre de una etapa oscura” como si ellos mismos no tuvieran una deuda gigantesca con la democracia, la memoria y la soberanía nacional.
Lo primero que salta a la vista es la solemnidad con la que pretenden hablar de «corrupción estructural», «abuso de poder» y «decadencia institucional», cuando la UCR ha sido, a lo largo de las décadas, cómplice —cuando no protagonista— de algunos de los episodios más trágicos de la historia argentina. No hay que ir muy lejos para demostrarlo: el 16 de junio de 1955, la aviación naval bombardeó la Plaza de Mayo con el objetivo de asesinar a Juan Domingo Perón y derrocar al gobierno constitucional. El saldo fue de más de 300 muertos y miles de heridos. ¿Dónde estaba la UCR entonces? Apoyando a los golpistas. Sí, el partido que hoy se jacta de ser guardián de la “república” fue aliado del terrorismo de Estado que dio origen al ciclo de proscripciones, fusilamientos, persecuciones y desapariciones que mancharon la democracia argentina por décadas.
Hablan de legalidad quienes fueron parteros del crimen político.
El comunicado radical se refiere a Cristina Fernández de Kirchner como si fuera la encarnación del mal institucional. Pero lo hace desde una posición de falsa superioridad moral. Repiten como mantra que “no puede haber lugar para quienes utilizan el poder público para beneficio propio”, pero callan ante los negociados de la dictadura, las privatizaciones criminales del menemismo que varios radicales avalaron, y la fuga de capitales durante el gobierno de Cambiemos (coalición que integraron y hoy continúan respaldando).
¿Qué hicieron los radicales cuando se desmantelaba el Estado, se endeudaba al país con el FMI y se destruía el entramado productivo nacional? ¿Dónde estaban cuando se reprimía al pueblo en el Congreso para aprobar una reforma previsional infame en 2017? ¿Qué dijeron cuando se espiaba a opositores, sindicalistas y periodistas desde las oficinas de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri? La respuesta es simple: acompañaban o miraban para otro lado.
Pero ahora vienen a dictar cátedra sobre austeridad y vocación de servicio, como si su historia no estuviera plagada de fracasos estrepitosos. Basta recordar el gobierno de Fernando de la Rúa, otro experimento radical que terminó en tragedia, con muertos en las calles y un país devastado por la desidia y la obediencia a los organismos financieros internacionales. El mismo radicalismo que hoy celebra la condena de Cristina fue responsable del default, el corralito y la crisis institucional más profunda desde el retorno de la democracia.
Cristina y el pueblo: una relación que quieren destruir con fallos judiciales
Los diputados radicales insisten en que esta condena es “el resultado de un proceso judicial completo, con todas las garantías constitucionales”. Pero omiten que el proceso estuvo viciado desde el principio: jueces designados a dedo, fiscales militantes de la derecha, espionaje ilegal, filtraciones mediáticas y un fallo que se cae a pedazos si se lo analiza jurídicamente. No es una sentencia: es un mensaje disciplinador. No se trata de justicia: es persecución política.
La verdadera intención es proscribir. No les alcanza con ganarle a Cristina en las urnas —porque no pueden—, necesitan borrarla del mapa político. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner representa algo que la UCR odia desde 1945: un proyecto de país con justicia social, soberanía económica e independencia política. Un modelo que pone al Estado al servicio del pueblo y no de las corporaciones, un liderazgo que desafía los privilegios de las élites que la UCR representa con obediencia servil.
Cuando la UCR habla de una “Argentina más justa, más digna y más decente”, hay que tener cuidado. Porque para ellos, la decencia es obedecer al poder económico. La justicia es condenar sin pruebas a quienes cuestionan el orden establecido. Y la dignidad es agachar la cabeza ante el FMI y los fondos buitre. Lo único que buscan es volver a un país oligárquico, excluyente, subordinado y sin derechos. Un país sin Cristina.
Desde una perspectiva democrática, nacional y popular, el comunicado radical es una burla a la inteligencia del pueblo argentino. Pretenden utilizar a la Justicia como garrote para imponer una agenda de revancha y disciplinamiento. Pero no lo lograrán. Porque la memoria histórica está viva. Porque los pueblos no se arrodillan ante los fallos de una Corte colonizada. Y porque Cristina no está sola: está con millones que saben que la verdadera etapa oscura fue la que inició con bombas en la Plaza de Mayo y sigue hoy con sentencias escritas desde los sótanos del poder.
Y frente a eso, vamos a resistir.
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