La Corte Suprema confirmó multas al PRO, la UCR y la Coalición Cívica por usar aportantes truchos en 2017. Son los mismos que hoy agitan la bandera de la “Ficha Limpia” mientras arrastran condenas por estafar a la democracia.
(Por Nicolás Valdés) “Ficha Limpia”. Esa consigna moralizante que Juntos por el Cambio (ahora una amalgama deshilachada de sellos con discurso común) instaló en cada campaña para señalar a los supuestos “corruptos del populismo” acaba de volverse un boomerang judicial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la multa contra el PRO, la UCR y la Coalición Cívica por haber utilizado aportantes truchos en la campaña bonaerense de 2017, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora y figura ascendente del macrismo.
Se trata de un escándalo que lleva casi una década y que estalló gracias a una investigación periodística que reveló cómo se utilizaban datos de la ANSES para inscribir como aportantes a personas vulnerables, muchas de ellas beneficiarias de planes sociales, sin su consentimiento. En otras palabras: le robaron la identidad a los pobres para blanquear plata en campaña.
El fallo de la Corte ratifica las multas irrisorias impuestas al PRO (más de 3,2 millones de pesos), a la UCR y a la CC (casi un millón cada uno). Es el final de una maniobra que siempre buscó el encubrimiento mediático y judicial, pero que ahora deja al desnudo una verdad incómoda: los paladines de la transparencia electoral están manchados hasta el cuello.
Cuando la moral es marketing
Mientras María Eugenia Vidal se prepara para encabezar una lista porteña de legisladores, el pasado la persigue con insistencia. La decisión de la Corte pone en jaque sus aspiraciones políticas, pero sobre todo, su discurso. Esa imagen de tecnócrata “honesta y eficiente” que tanto promovió Cambiemos se desmorona frente a los hechos: Vidal presidió un aparato político que falsificó afiliaciones, inventó donaciones y usó a los pobres como taparrabos financiero.
Tan grave fue el escándalo que la propia Vidal se vio obligada a dar una conferencia de prensa en 2018 y sacrificar a su amiga y contadora personal, María Fernanda Inza, a quien le pidió la renuncia en un intento desesperado de contener la crisis. No alcanzó. La causa judicial avanzó y hoy queda claro que no fue un “error administrativo”, sino una maniobra sistemática para ocultar el origen real de los fondos de campaña.
¿Ficha Limpia para quién?
El macrismo exige “Ficha Limpia” como condición para ocupar cargos públicos. Pero cuando se trata de los suyos, callan, dilatan, encubren y hasta candidatean. La hipocresía es tan evidente como obscena: quienes construyeron poder usando fondos de origen incierto –y en algunos casos, directamente ilegal– son los mismos que buscan excluir de la vida política a quienes ni siquiera tienen una condena firme.
La militante Noemí Viera, vecina de Villa Itatí y una de las víctimas de la estafa, lo resumió de forma brutal: “Pensaron que por ser pobres no nos íbamos a dar cuenta”. Su nombre apareció como afiliada y aportante del PRO sin haberlo consentido nunca. Como ella, al menos 161 personas fueron estafadas, muchas de ellas sin siquiera estar alfabetizadas. Algunas llegaron a hacer pericias caligráficas para demostrar que nunca firmaron nada.
Y aún hoy, siete años después, sigue figurando como afiliada al PRO. Porque hasta en el sistema de desafiliación, la trampa fue pensada con cinismo: si se desafilia, se da por válida la afiliación original. Kafka en campaña electoral.
Dinero negro, responsables blancos
La justicia no sólo impuso multas: también procesó penalmente a los encargados financieros de la campaña. El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento de Julián Vilche, Mauricio Redigonda, Carla Chabán y Alfredo Irigoin por falsedad ideológica y omisión dolosa del origen de fondos.
Según la investigación, el PRO declaró como aportantes a personas sin capacidad económica para justificar el ingreso de fondos de origen desconocido. No fue un error ni una desprolijidad: fue una operación consciente, orquestada y sistemática para lavar dinero electoral.
A cada uno de los procesados se les impusieron embargos por hasta 50 millones de pesos y la posibilidad de penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos.
El macrismo como estafa sistemática
Este nuevo capítulo judicial demuestra que el PRO y sus aliados no son un proyecto político transparente, sino una maquinaria electoral opaca, sostenida por el marketing y la impunidad. Desde los aportes truchos hasta los aportes de grandes empresas no declaradas, la política macrista fue financiada por las sombras y blanqueada con el rostro de los pobres.
Lo más indignante es que, pese a todo, siguen reclamando “ética pública” mientras construyen candidaturas con las mismas caras que protagonizaron el fraude. Vidal, Rodríguez Larreta, Ritondo, Bullrich… Todos fueron parte del sistema que falsificó firmas, manipuló padrones y desvió dinero de procedencia dudosa para sostener el proyecto del ajuste y el endeudamiento.
El silencio como complicidad
¿Dónde están hoy los medios que editorializan a favor de la Ficha Limpia? ¿Dónde están los opinadores seriales que condenan enérgicamente a los funcionarios de otras fuerzas políticas por “cuestiones morales”? Están en silencio. Porque la doble vara no es error, es doctrina.
Este caso debería ser suficiente para inhabilitar de por vida a María Eugenia Vidal de ocupar cualquier cargo público. Pero el macrismo juega a otra cosa: a la simulación permanente, a la indignación selectiva y a la impunidad garantizada por sus contactos judiciales y mediáticos.
Porque la memoria es un arma política
El caso de los aportantes truchos es más que una multa. Es una muestra clara de cómo una fuerza política puede violar la ley, apropiarse de identidades vulnerables y financiarse con dinero sucio, sin pagar consecuencias reales.
Y si hoy gritan “Ficha Limpia”, es porque saben que su mayor amenaza no es la corrupción ajena, sino la memoria colectiva que no olvida sus delitos.
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