Este 7 de junio por la tarde, el gobierno de Javier Milei volvió a cruzar una línea peligrosa para la democracia argentina: ordenó la detención de Juan Grabois, dirigente social y referente del Frente Patria Grande, durante una protesta pacífica en el histórico Instituto Juan Domingo Perón. La escena fue simbólicamente potente y, a la vez, dramáticamente alarmante: Grabois y un grupo de legisladores, militantes y ciudadanos ingresaron al edificio del Palacio Unzué —último lugar de residencia de Eva Perón y monumento histórico nacional— para denunciar su cierre por parte del gobierno nacional y defender lo que definieron como un espacio de la memoria, del pensamiento nacional y de la soberanía cultural.
La acción consistió en una ocupación pacífica, una suerte de vigilia política con mate, banderas y discursos. El gesto tenía más de pedagógico que de confrontativo. Fue, de hecho, una respuesta directa al vaciamiento impulsado por la ministra Sandra Pettovello, quien había dispuesto el cierre del Instituto, otro paso más en la cruzada de La Libertad Avanza contra toda institución que no encaje con su dogma ultraliberal y antiestatal. Pero en lugar de diálogo, Milei optó —una vez más— por el garrote. En un operativo desproporcionado, fuerzas de seguridad de la Policía Federal y de la Ciudad irrumpieron con gases, empujones y violencia para desalojar a quienes reclamaban por la defensa de la memoria peronista. Allí fueron golpeados y detenidos manifestantes y hasta legisladores en ejercicio.
Entre los empujones, los gritos y el gas pimienta, Juan Grabois fue arrastrado fuera del edificio y trasladado por la policía, en una postal que recuerda los peores momentos de intolerancia institucional. Pero no sin antes alzar la voz con una frase que rápidamente se volvió viral: “Meteme preso, Milei, pero la bandera argentina no me la sacás”. La imagen de Grabois siendo detenido con una bandera en la mano y el busto de Evita a sus espaldas quedará grabada como símbolo de resistencia frente al autoritarismo libertario.
El trasfondo político de esta acción no admite grises. No fue un conflicto menor ni un malentendido burocrático. El cierre del Instituto Perón, como antes el intento de intervenir universidades, despedir trabajadores estatales o desfinanciar el INCAA, forma parte de un plan sistemático de destrucción del aparato cultural, histórico y simbólico del Estado argentino. Un intento deliberado de borrar toda traza de identidad popular y construir una Argentina amnésica, al servicio exclusivo del mercado, la rentabilidad y la represión.
El ataque no es sólo contra Grabois. Es contra cualquier disidencia que se atreva a cuestionar el relato oficial de la motosierra. El mensaje es claro: quien levante la voz, será reprimido. Quien defienda la historia, será perseguido. Quien agite una bandera nacional frente al desmantelamiento del Estado, será tratado como delincuente.
Y mientras tanto, Milei sonríe en el extranjero, multiplicando escándalos diplomáticos y negando el hambre, la recesión y la devastación social que su gobierno ha provocado. Acá, en el país real, sus ministros mandan a la policía contra los que se atreven a recordar a Perón y Evita. Contra quienes reclaman por pan, memoria y soberanía.
La detención de Juan Grabois es más que un hecho represivo: es una advertencia. Nos está diciendo que este gobierno está dispuesto a avasallar cualquier derecho, cualquier símbolo, cualquier persona que se interponga en su cruzada destructiva. Es un grito de alarma para todo el campo popular: están vaciando el Estado y, cuando alguien lo denuncia, mandan a callarlo por la fuerza.
No se trata de una anécdota ni de una provocación aislada. Se trata de una avanzada autoritaria contra los pilares más profundos de nuestra democracia. Y frente a eso, callar es conceder. Por eso, hoy más que nunca, la palabra es resistencia.
La dictadura de la motosierra: detienen a Grabois por defender la memoria peronista
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