El Partido Justicialista denuncia una nueva embestida del poder real contra Cristina Fernández de Kirchner, bajo la fachada de moralidad institucional, en un intento desesperado por silenciar al proyecto nacional y popular.
(Por Nicolas Valdez) Con la excusa de “depurar” las listas electorales, el Senado de la Nación se apresta a sancionar la llamada “Ley de Ficha Limpia”, una iniciativa impulsada por sectores que jamás representaron al pueblo, cuyo único objetivo es proscribir políticamente a la principal dirigente del campo popular. El PJ rechaza la medida y denuncia su carácter antidemocrático, en un contexto de persecución judicial, manipulación mediática y disciplinamiento político.
En una Argentina marcada por un brutal ajuste económico, por el desmantelamiento del Estado y por una creciente concentración del poder en manos de sectores financieros, se reabre un capítulo que expone el núcleo autoritario del proyecto libertario: el intento de proscripción política a través del ropaje de la legalidad.
El Partido Justicialista lo denuncia sin rodeos: la llamada “Ley de Ficha Limpia” que se apresta a debatir el Senado de la Nación no es otra cosa que un nuevo intento de exclusión política contra Cristina Fernández de Kirchner. No se trata de una iniciativa aislada, ni de una medida genuinamente inspirada en la ética pública. Se trata, lisa y llanamente, de la continuidad de una estrategia sistemática de persecución que lleva años ejecutándose con precisión quirúrgica.
Cristina, dos veces presidenta de la Nación y recientemente vicepresidenta, ha sido el blanco permanente de un aparato de poder que excede lo institucional. Un poder que se asienta en los sótanos de la democracia: una parte del Poder Judicial colonizada por intereses corporativos, medios de comunicación funcionales al discurso del odio, empresarios del privilegio y actores políticos cuya única doctrina es la obediencia al capital concentrado.
La “Ficha Limpia” no es un invento nuevo, pero su tratamiento actual tiene nombre, apellido y fecha. Llega en el momento en que el oficialismo, encabezado por Javier Milei, atraviesa su peor crisis de legitimidad social. Cuando se vacían las universidades, se pauperiza a los trabajadores, se eliminan los medicamentos para jubilados y se subordina la soberanía nacional al mandato del Fondo Monetario Internacional. En ese contexto, la figura de Cristina emerge como una amenaza. No por su capacidad electoral —que también—, sino porque representa una memoria colectiva: la memoria de que otro país es posible.
La ofensiva judicial contra Cristina tiene larga data. Desde causas construidas con testigos truchos y sin pruebas, hasta condenas dictadas por jueces que compartían partidos de tenis y viajes secretos a Lago Escondido con funcionarios macristas y empresarios de medios. No hay independencia judicial cuando los fiscales almuerzan con los acusados y los jueces duermen bajo el mismo techo que los medios hegemónicos. Esa es la matriz del lawfare que hoy busca institucionalizarse bajo el barniz de una ley.
El caso Vialidad fue la culminación grotesca de esa ingeniería jurídica. Una sentencia arbitraria, sin sustento probatorio, que pretendió borrar políticamente a la dirigente más importante del campo popular. Como esa maniobra no logró el objetivo, ahora se busca revestir la proscripción con ropaje legal. La ley que se debatirá en el Senado es el último eslabón de esa cadena persecutoria: un intento de sacar a Cristina de la cancha sin asumir el costo político de una proscripción directa.
Pero el PJ va más allá en su denuncia. Recuerda, con la gravedad que el hecho merece, que el intento de magnicidio del 1º de septiembre de 2022 no fue un hecho aislado. Fue la expresión más brutal del odio construido durante años, azuzado desde las tapas de los diarios, amplificado por las pantallas, y legitimado por una justicia que aún hoy no ha investigado ni a los responsables intelectuales ni a sus posibles vínculos políticos y financieros.
El poder que no tolera a Cristina no teme su candidatura. Teme lo que ella representa. Una Argentina con soberanía política, independencia económica y justicia social. Una Argentina en la que los derechos no se mercantilizan y el Estado no es una mercancía que se subasta en Wall Street.
La «Ficha Limpia», en su formulación actual, no busca limpiar nada. Busca ensuciar. Ensuciar la voluntad popular, condicionar la oferta electoral, impedir que el pueblo elija libremente a sus representantes. Pretende esconder, bajo el ropaje del republicanismo, una decisión profundamente antidemocrática. Porque no hay democracia posible cuando se veta a quienes defienden al pueblo. Porque no hay república con una justicia colonizada por intereses económicos.
Desde el Partido Justicialista la posición es clara, tajante e irrenunciable. Se rechaza categóricamente esta operación de disciplinamiento político. Se denuncia esta ley como un intento de proscripción disfrazado de moralidad institucional. Y se reafirma el compromiso con la defensa irrestricta de los derechos políticos de todos y todas.
No se trata solo de Cristina. Se trata de la calidad democrática. Se trata de impedir que el poder real imponga, por la fuerza de los juzgados y la manipulación mediática, lo que no puede imponer en las urnas.
En un país donde los Macri siguen impunes a pesar de las causas por contrabando, evasión, blanqueo de capitales y endeudamiento fraudulento con el FMI; donde se persigue a docentes por “adoctrinar” mientras se premia a los represores; donde se recorta a los jubilados y se aumenta el presupuesto de las fuerzas de seguridad: ¿quién tiene la autoridad moral para hablar de ética pública?
La verdadera ficha limpia no se sanciona con una ley. Se construye con coherencia política, compromiso democrático y respeto por la voluntad popular. Y en ese terreno, los impulsores de esta ley tienen mucho que explicar. Porque si de limpieza hablamos, habrá que empezar por barrer a los que legislan en nombre del pueblo, pero sirven a los intereses del capital.
Como señaló el comunicado del Partido Justicialista, “no hay ficha limpia cuando el verdadero objetivo es ensuciar la voluntad popular”. Y esa es, precisamente, la batalla que se está librando. No es una discusión técnica ni una reforma normativa. Es un capítulo más de la guerra del poder real contra el pueblo. Y en esa disputa, como siempre, el peronismo no se entrega, no se arrodilla, no transa.
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