En una muestra alarmante de criminalización de la militancia política, la Justicia detuvo a un hombre por una pintada contra Rosatti. El “arsenal” incautado: panfletos, stickers y una remera. Un caso que sienta un antecedente peligrosísimo para la democracia.
En Argentina, donde la justicia debería estar al servicio de la sociedad, no del poder, se acaba de cruzar un límite peligroso. En Santa Fe, un hombre fue detenido por realizar una pintada contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, tras el fallo que confirmó la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El “sospechoso” fue arrestado en su domicilio luego de un allanamiento que arrojó pruebas tan irrisorias como escalofriantes: una remera del PJ, ocho celulares y algunos folletos con frases críticas como “proscribirla no te llena la heladera”.
Sí, leíste bien: una remera y unos papeles con consignas políticas alcanzaron para activar el aparato judicial y reprimir una expresión de disidencia.
Este hecho no solo es un disparate judicial, sino que se convierte en un peligroso antecedente, donde todos los militantes que tengan una remera, sticker o folleto del peronismo podrían ser considerados “sospechosos”. La escena es grotesca: una pintada en una pared, una vecina que aporta imágenes y videos, y una Justicia Federal que responde como si estuviera desbaratando una célula terrorista.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto falta para que repartir un volante sea considerado delito? ¿Cuánto para que portar una insignia partidaria amerite una requisa policial?
La Justicia a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruso y del fiscal Jorge Gustavo Onel no encontró en la casa del detenido ni explosivos, ni armas, ni mapas con planes siniestros. Solo encontró lo que cualquier militante tiene en su casa: ropa con consignas, panfletos políticos y celulares. Pero la maquinaria judicial ya estaba en marcha y necesitaba justificar su accionar. Así, los objetos más comunes fueron convertidos en pruebas del “delito”.
Esto no es justicia, es una parodia peligrosa.
Estamos frente a un Estado que empieza a tratar la militancia como sospechosa, el pensamiento crítico como delito, y la organización política como amenaza. Si tener ideas es un riesgo, y expresarlas en una pared es motivo de arresto, estamos transitando una pendiente autoritaria muy resbaladiza.
Porque criminalizar la expresión política callejera mientras se garantiza impunidad a los verdaderos delincuentes del poder económico, judicial y financiero, no solo es injusto: es obsceno.
En este contexto, el mensaje es claro y brutal: la militancia incomoda, la protesta molesta, y por eso hay que disciplinarla. No se trata de una pintada aislada, sino de una avanzada sistemática contra todo lo que huela a peronismo, a kirchnerismo, a organización popular.
No hace falta estar de acuerdo con el contenido de esa pintada. Basta con defender la democracia. Porque si hoy arrestan a alguien por escribir “Ojo Rosatti”, mañana pueden arrestar a cualquiera por portar un cartel en una marcha, o por cantar una consigna en la calle.
La Corte Suprema debería dar el ejemplo en defensa de los derechos civiles, no permitir —ni estimular en silencio— que se usen recursos del Estado para perseguir militantes con argumentos que hacen agua por todos lados.
Si tener una remera de Cristina es “prueba” de delito, si ocho celulares son sospechosos por sí solos, si los panfletos políticos son incautados como si fuesen dinamita, entonces la democracia está siendo arrinconada por el miedo, el autoritarismo y la judicialización del disenso.
Y lo peor: están sentando jurisprudencia. Están construyendo un precedente que mañana podrá ser usado contra cualquiera. Hoy es un militante en Santa Fe. Mañana, podés ser vos.
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