Mientras miles de empleados públicos son despedidos en nombre del “déficit cero”, la ministra de Capital Humano habilita un escandaloso pago retroactivo de doce millones de pesos a una funcionaria inexistente.
En un nuevo capítulo del ajuste selectivo y discrecional del gobierno de Javier Milei, la ministra Sandra Pettovello otorgó un cargo retroactivo a una mujer que nunca se presentó a trabajar, eliminando previamente el área donde supuestamente se desempeñaba. ¿Recompensa política, estafa institucional o ambas?
Cuando se habla del ajuste, hay que preguntarse siempre a quién ajusta. Porque el gobierno de Javier Milei ha construido su relato sobre la base de un “déficit cero” que en los hechos recae con brutalidad sobre los sectores más vulnerables, mientras mantiene intacta —y, peor aún, engorda— una red paralela de privilegios, cargos fantasma y sueldos millonarios. La gestión de Sandra Pettovello en el Ministerio de Capital Humano es hoy el epicentro de esa doble vara, y el caso de María Emilia Álvarez es el síntoma más brutal de ese cinismo institucionalizado.
Pettovello no sólo eliminó la Dirección de Emergencias del ministerio que conduce, dejando sin trabajo a sus empleados en febrero de este año, sino que, en un movimiento que desafía toda lógica administrativa y ética, designó retroactivamente a una funcionaria para ese mismo cargo, por un período que va de octubre de 2024 a febrero de 2025. El dato no es menor: Álvarez, la designada, nunca apareció por su oficina, nunca se la vio en el ministerio, jamás emitió una orden, ni siquiera figura con un usuario en el sistema de gestión estatal (GDE), herramienta obligatoria para trabajar en la administración pública.
Pero eso no impidió que Pettovello le reconociera un sueldo mensual de 2.400.000 pesos —sí, dos millones cuatrocientos mil por mes—, lo que totaliza más de 12 millones de pesos en cinco meses por una tarea que simplemente no realizó. Lo más delirante: el nombramiento no solo fue retroactivo, sino que además se aplicó una “excepción” para que pudiera cobrar el plus por función ejecutiva a pesar de no cumplir con los requisitos mínimos establecidos por el estatuto. En otras palabras: no sólo no trabajó, sino que tampoco estaba calificada para el puesto que nunca ocupó.
¿Y quién es esta funcionaria fantasma? Según registros municipales, María Emilia Álvarez es beneficiaria de una vivienda social en Trenque Lauquen y en diciembre de 2023 recibió un subsidio por “situación de extrema necesidad”. El contraste es brutal: una persona en situación de vulnerabilidad social salta, de la noche a la mañana, a un cargo directivo de más de dos millones por mes, sin pisar jamás su oficina ni contar con los mínimos requerimientos técnicos o formales.
“A ella no la vimos jamás. No se presentó a los trabajadores. La dirección estuvo acéfala”, declaró Ingrid Manfred, delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Desarrollo Social. La afirmación no deja lugar a dudas: la dirección no existía en los hechos, y su supuesta directora era una pieza más en un esquema que huele a artilugio político, caja paralela o directamente fraude al Estado.
Pero el caso de Álvarez no es aislado. Según denuncian desde el gremio, “todo el tiempo el ministerio designa a gente que no aparece en su lugar de trabajo”. La política de Pettovello parece seguir una lógica siniestra: por un lado, despide a más de 2.000 trabajadores bajo la excusa de “achicar el Estado” y eliminar ñoquis, mientras por el otro incorpora figuras invisibles, ausentes, inexistentes, a quienes se les paga fortunas con fondos públicos.
Ese doble discurso —ajuste para muchos, privilegios para pocos— se ha vuelto marca registrada de la gestión Milei. En nombre del “sacrificio necesario”, se deja sin empleo a cientos de trabajadores reales y calificados, mientras se crea una casta paralela, de designaciones oscuras, contratos exprés y excepciones que se justifican con resoluciones hechas a medida.
¿Y qué dice la ministra? Nada. Como en otros escándalos que ya la rozaron —la entrega paralizada de alimentos o la intervención del Ejército para reactivar un sistema que ella misma desmanteló—, Sandra Pettovello guarda silencio. El Gobierno, por su parte, ampara. La narrativa libertaria, tan obsesionada con los “ñoquis del Estado”, se vuelve sospechosamente muda cuando se trata de ñoquis propios, disfrazados de nombramientos excepcionales o sueldos retroactivos.
La pregunta que flota, inevitable, es por qué. ¿Por qué alguien en situación de pobreza extrema, sin antecedentes conocidos en la gestión pública, sin siquiera una cuenta activa en el sistema estatal, accede a un cargo de dirección y cobra 12 millones en cinco meses? ¿Recompensa política? ¿Testaferro de una red más grande? ¿Caja negra?
No hay respuestas oficiales, pero el patrón es claro: Pettovello opera su ministerio como un feudo, donde la discrecionalidad reemplaza a la idoneidad y donde los principios que supuestamente defienden —eficiencia, transparencia, austeridad— se desmoronan al primer cruce de datos. Mientras tanto, los despidos siguen, los programas sociales se paralizan, y la desigualdad crece al ritmo de una gestión errática, hermética y cada vez más sospechada.
El caso de María Emilia Álvarez debería ser un escándalo nacional. No por ella, una mujer que podría haber sido utilizada como pantalla o peón en una maniobra mayor, sino por lo que representa: el colapso moral de un gobierno que prometía cortar privilegios y que, en cambio, los reparte entre los suyos. Pettovello, lejos de combatir la casta, parece haber fundado una nueva.
En definitiva, lo que queda en evidencia es que mientras el gobierno de Milei ajusta brutalmente a los sectores populares, recorta programas sociales, congela salarios y despide trabajadores públicos, sigue operando con mecanismos turbios para beneficiar a un selecto grupo de incondicionales. Un Estado que se achica para muchos, pero se agiganta para los amigos del poder. Un relato que se derrumba, pero que sigue costando millones. Y vidas.
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