José Ubeira acusa a la ministra de Seguridad de estar detrás del intento de magnicidio, mientras denuncia una justicia selectiva, cínica y funcional a los sectores que buscan encarcelar a la principal figura política del país.
El fallo exprés que deja firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner expone, según su abogado, un entramado judicial que no solo ignora los principios del derecho, sino que responde a intereses oscuros. La sombra de Patricia Bullrich sobrevuela como presunta instigadora del atentado, y la ministra, paradójicamente, sería la encargada de custodiar la celda de la líder más influyente del país. ¿Hasta dónde llega el cinismo del poder?
En la Argentina de Javier Milei, el sentido común se ha convertido en un privilegio reservado a los anestesiados. Mientras los precios se disparan, la pobreza se multiplica y la economía sangra por todas sus venas, la Corte Suprema acelera como pocas veces para dejar firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. El contexto no es casual: una crisis formidable azota al país y las piezas del tablero político se reordenan a fuerza de persecuciones, manipulación judicial y operaciones mediáticas.
José Manuel Ubeira, abogado de Cristina Kirchner en la causa por el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022, no se anduvo con eufemismos. En declaraciones a Splendid AM 990, lanzó una acusación tan grave como explosiva: “No tengo dudas que detrás del atentado a Cristina está Patricia Bullrich”. No lo dice un comentarista de Twitter ni un militante acalorado. Lo afirma un abogado con años de experiencia en tribunales, alguien que conoce las entrañas del aparato judicial y que no se caracteriza precisamente por la ligereza de sus palabras.
La declaración estalla como una bomba en medio de un clima político espeso, donde el lawfare dejó de ser una teoría para convertirse en práctica habitual. El oficialismo libertario parece encontrar en la proscripción política una herramienta útil para consolidar su modelo de ajuste brutal y represión selectiva. La paradoja resulta brutal: Bullrich, la ministra de Seguridad, es señalada por Ubeira como partícipe —o al menos como figura de poder detrás de bambalinas— del intento de asesinato de quien podría terminar detenida bajo su custodia. Como si el lobo no solo entrara al gallinero, sino que además se autoproclamara guardián.
Ubeira no habla al azar. Advierte que la condena firme, sin revisión alguna, constituye “un tiro en el pie” por parte de una Justicia que optó por cerrar los ojos frente a los vicios del proceso. “Resolvieron un recurso de queja en dos meses, cuando la causa por la ‘Ruta del Dinero K’ estuvo dos años en la misma Corte”, recordó, subrayando el doble estándar con el que se mueve el Poder Judicial. En tiempos donde se defiende la “libertad” a golpe de porra y decreto, la igualdad ante la ley parece un chiste de mal gusto.
La sentencia contra Cristina no solo se inscribe en ese engranaje macabro de lawfare que ya hundió a líderes progresistas en América Latina, sino que además opera como cortina de humo en un país que se hunde bajo el peso del ajuste. Como quien lanza un anzuelo distractivo al pueblo hambriento, la condena pretende encender la hoguera mediática para ocultar el desguace del Estado. El objetivo no es la justicia, es el escarnio. No se trata de hechos, sino de simbolismos: Cristina presa es el trofeo que la derecha necesita para legitimar su saqueo.
“En Argentina, cualquier presidente que haya hecho algo en beneficio del país pasó por la cárcel: Yrigoyen, Perón, Frondizi…”, enumeró Ubeira. Lo dijo con tono entre resignado y combativo, como quien ve repetirse la historia con la precisión trágica de un libreto gastado. Que la dirigente política más importante del país —dos veces presidenta, actual vicepresidenta, sobreviviente de un intento de asesinato— sea condenada con premura mientras las causas de corrupción del macrismo duermen el sueño de los justos, no solo evidencia la selectividad del sistema judicial, sino que denuncia su absoluta pérdida de legitimidad.
Y es aquí donde el abogado lanza su hipótesis más perturbadora: la Justicia, al precipitarse con la condena y al ignorar el contexto político y social, estaría actuando como un actor más del poder fáctico, deseoso de ver a Cristina tras las rejas. “Lo hacen para satisfacer a algunos que no se quieren morir sin verla presa”, afirmó con crudeza. No hay vocación republicana ni defensa del bien común. Solo venganza, odio de clase y obediencia al círculo rojo.
En este juego de ajedrez sucio, Patricia Bullrich aparece como una figura central. Ya no solo como la ministra del gas pimienta, la Gestapo sindical o la represión sin anestesia, sino ahora también como el rostro visible de una maquinaria que —según Ubeira— no se detiene ante nada. Ni siquiera ante el magnicidio. ¿Es exagerado suponer que quien pidió “cárcel o bala” para los adversarios políticos podría estar vinculada a un atentado? ¿Acaso la Argentina de hoy se puede permitir ignorar esa posibilidad sin caer en la complicidad?
El carácter grotesco de esta historia supera incluso al realismo mágico. Si Cristina es detenida, será la propia Bullrich quien decida el lugar de su encierro. La misma mujer que —según el abogado— estuvo detrás del intento de matarla. Es como si el sistema judicial no solo se burlara de la democracia, sino que la ultrajara en público y con premeditación. La lógica se invierte: quien sufrió un atentado va presa; quien podría haberlo instigado, tiene las llaves de su celda.
El escenario es tan distópico como real. El gobierno de Javier Milei, que se presenta como adalid del orden y la libertad, permite —o estimula— la consolidación de un modelo judicial que persigue a la oposición, premia la obediencia empresarial y clausura toda disidencia. El resultado es una democracia secuestrada, donde el Derecho se transforma en un instrumento de disciplinamiento político.
Ubeira lo advirtió con todas las letras: “Ahora se abre la puerta del averno”. No exagera. Una sociedad atravesada por el hambre, la violencia institucional y la exclusión sistemática, puede estallar si percibe que la política se convierte en persecución y la justicia en venganza. Cristina presa no es solo un símbolo de impunidad; es un factor de desestabilización democrática. ¿Qué país resiste semejante provocación sin quebrarse?
Quienes celebran la condena lo hacen con la mezquindad de quien cree que eliminar al adversario garantiza la victoria. Pero no hay victoria en la injusticia. Solo hay sombras, violencia y miedo. Argentina, nuevamente, se encuentra ante una encrucijada: permitir que el odio consuma las instituciones o resistir el embate del cinismo judicial y político.
La historia ya conoce los resultados de este tipo de aventuras. Presos políticos, gobiernos democráticos asfixiados y pueblos condenados al hambre. Si el gobierno de Milei pretende escribir una nueva página de persecución institucional, encontrará resistencia. Porque el pueblo argentino, a pesar de las traiciones, conserva memoria.
Y la memoria, cuando se activa, puede ser más poderosa que cualquier sentencia amañada.
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