Negocio helado: la avanzada privatizadora del primo de Caputo sobre la Antártida. Mientras el Gobierno mira hacia otro lado, la firma Mirgor —propiedad del primo de Luis Caputo— se adueña de tareas estratégicas en la Antártida que antes eran responsabilidad del Estado. Equipamiento, logística, y apoyo a las Fuerzas Armadas ahora quedan en manos privadas. Diplomáticos y expertos alertan por un retroceso en soberanía, transparencia y cumplimiento internacional.
Cuando el frío antártico se mezcla con el calor de los negocios, lo que está en juego no es solo el clima, sino la soberanía. En un movimiento que huele más a concesión que a estrategia nacional, el gobierno de Javier Milei ha abierto una puerta peligrosa: la entrega de funciones estatales clave a una empresa privada en el territorio más sensible del planeta. Mirgor, el conglomerado industrial de Nicolás “Nicky” Caputo —sí, el primo del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo— ha desembarcado en la Antártida argentina con el aval silencioso del poder político. Lo que se denuncia no es una simple colaboración: es una privatización encubierta de actividades logísticas esenciales para el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), con implicancias gravísimas.
La alerta no es menor. Fuentes diplomáticas, analistas y voces críticas dentro y fuera del ámbito castrense advierten sobre el riesgo creciente de violar el espíritu —y la letra— del Tratado Antártico, ese pacto internacional que desde 1959 establece que el continente blanco debe usarse exclusivamente para fines pacíficos y científicos, y prohíbe expresamente cualquier despliegue militar.
Pero algo se está rompiendo. Y no es solo el hielo.
El almirante Alvin Holsey, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, visitó Argentina en mayo. Se reunió con Milei y funcionarios de alto rango en Buenos Aires, y luego voló a Ushuaia para inspeccionar la base naval. Allí discutió “proyectos conjuntos” en defensa y logística con proyección antártica. Aunque se mencione como excusa el monitoreo de la presencia china en la región, lo que está en juego es mucho más profundo: la instalación de una base naval integrada y un centro logístico que podría convertirse en una plataforma de operaciones militares. ¿Todo esto en suelo argentino? Sí. ¿Con apoyo del gobierno libertario? También.
Pero lo más escandaloso aún estaba por venir.
Mirgor, la empresa que hasta hace poco fabricaba autopartes y productos electrónicos, ahora incursiona en actividades antárticas, reemplazando al Estado en tareas esenciales. ¿Cómo? A través de donaciones de vehículos, equipamiento, y hasta la provisión de aviones para misiones logísticas del COCOANTAR. En otras palabras, la firma de Caputo no solo financia, sino que asume responsabilidades que históricamente le correspondieron al Estado nacional. Todo, sin licitaciones transparentes, sin controles ciudadanos, sin debates parlamentarios y —lo más grave— sin evaluaciones de impacto ambiental por parte de la Dirección Nacional del Antártico (DNA), que parece haberse vuelto un fantasma institucional.
Este esquema no solo vulnera la soberanía nacional, sino que consolida un modelo donde las decisiones estratégicas son tomadas por un puñado de empresarios cercanos al poder, con las Fuerzas Armadas como socios silenciosos. “Este tipo de acuerdos beneficia económicamente a la empresa, fortaleciendo su posición de mercado e imagen corporativa, mientras el Estado asume una posición dependiente y desdibujada”, advierte una fuente al tanto de los movimientos. No se trata de un capricho interpretativo: en geopolítica, cada gesto cuenta, y aquí lo que se está gestando es una tendencia peligrosamente alineada con los intereses de potencias extranjeras y corporaciones locales.
La complicidad del gobierno de Javier Milei en esta maniobra es palpable. El presidente, ferviente admirador del libre mercado y del achicamiento del Estado, parece dispuesto a entregar las joyas de la corona a manos privadas, incluso cuando esas joyas se llaman soberanía, presencia estatal, y cumplimiento del derecho internacional. Mientras tanto, el rol de la DNA, organismo dependiente de Cancillería y responsable de ejecutar la política antártica, ha sido reducido a la nada. Su pasividad, su silencio, su desaparición de los acuerdos clave, es directamente funcional al avance empresarial y militar en la región.
La colaboración directa entre Mirgor y el COCOANTAR es, por donde se lo mire, una anomalía. La línea que separa el apoyo logístico civil del apoyo militar es cada vez más delgada, y el hecho de que las Fuerzas Armadas no estén sujetas a los mismos controles democráticos que los organismos civiles solo agudiza el problema. Menos transparencia, menos participación ciudadana, menos soberanía.
Además, el traspaso de bases antárticas de la DNA al COCOANTAR, ejecutado mediante decretos y resoluciones sin debate parlamentario ni revisión ambiental, configura una operación de legitimidad dudosa. Se habla de eficiencia, pero lo que realmente se impone es opacidad. Detrás de este traspaso, se habilitan convenios con privados que no serían posibles bajo administración civil. Así, la militarización encubierta se vuelve un hecho. Y con ella, se consolida una lógica peligrosa: cuanto menos Estado, más espacio para los negocios amigos.
En este cuadro, los únicos que ganan son dos: Mirgor, que convierte al reemplazo del Estado en un negocio redondo; y las Fuerzas Armadas, que consiguen carta blanca para avanzar en la conducción de las bases. ¿Y la ciudadanía? ¿Y la soberanía? Bien, gracias.
¿Puede un país que se dice defensor de la libertad vender de forma silenciosa su presencia en el territorio más estratégico del hemisferio sur? ¿Puede un gobierno que vocifera contra la casta actuar como una agencia de tercerización de funciones esenciales del Estado a los amigos de siempre? Las respuestas son incómodas, pero necesarias.
La situación en la Antártida no es solo una cuestión de gestión. Es una señal de alerta, una advertencia encubierta de lo que ocurre cuando el Estado se retira y deja su lugar a empresas con intereses propios. En un contexto de tensiones geopolíticas crecientes, ceder el control de nuestro continente blanco a manos privadas y extranjeras no es eficiencia: es claudicación.
No se trata de exagerar. Se trata de ver. Y lo que se ve es grave.
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