Mientras crecen las denuncias por manejos turbios en el PAMI bajo la gestión de Javier Milei, Graciela Ocaña, autoproclamada cruzada anticorrupción, guarda un estruendoso silencio que desnuda su alineamiento político y su uso selectivo de la ética pública.
(Por Sofía Arregui) La “hormiguita” que supo construir su carrera política denunciando irregularidades en la obra social de los jubilados, hoy parece mirar para otro lado frente a graves acusaciones de desvíos, contrataciones irregulares y persecución interna en el PAMI de la era libertaria. ¿Complicidad, cálculo político o hipocresía institucionalizada?
Durante años, el nombre de Graciela Ocaña estuvo indisolublemente ligado a la lucha contra la corrupción, en especial aquella enquistada en el PAMI, la obra social más grande de América Latina, y por ende, un botín codiciado por cualquier administración. Desde su paso como interventora del organismo en tiempos de Eduardo Duhalde, hasta sus apariciones mediáticas como «la hormiguita» que enfrentaba al poder con carpetas bajo el brazo, Ocaña tejió su reputación como una fiscal sin toga que siempre ponía el ojo –y la denuncia– donde olía a podrido. Sin embargo, el hedor de la descomposición hoy emana con fuerza desde el mismo lugar donde cimentó su carrera, y su silencio atronador delata más que mil palabras.
Desde que Javier Milei asumió el poder, las denuncias sobre corrupción y manejos turbios en el PAMI se multiplicaron. La designación de mujeres sin experiencia en cargos claves, contratos millonarios adjudicados sin licitación, persecuciones internas a trabajadores con años de trayectoria y una sospechosa opacidad en la administración de recursos han encendido alarmas entre afiliados, empleados y especialistas del sistema de salud. La situación llegó a un punto crítico cuando se hicieron públicos testimonios y documentos que detallan un vaciamiento institucional disfrazado de eficiencia libertaria, según investigaciones de medios como El Destape y Página/12.
Uno de los casos más resonantes es el de Marcos Patiño Brizuela, un abogado sin antecedentes en gestión sanitaria ni experiencia en políticas públicas de salud, designado como director ejecutivo del PAMI Córdoba. Su único mérito visible: ser apoderado de La Libertad Avanza en la provincia. Esta designación, claramente política, expone con crudeza cómo el gobierno de Javier Milei convierte organismos sensibles como el PAMI en aguantaderos ideológicos donde se premia la lealtad partidaria y se castiga la trayectoria técnica. Lo más llamativo no es solo la improvisación libertaria, sino el silencio cómplice de figuras como Graciela Ocaña, quien alguna vez se jactó de luchar contra este tipo de atropellos institucionales.
La «hormiguita» ha optado por el hermetismo frente a los crecientes cuestionamientos a la gestión libertaria en el PAMI. Trabajadores del organismo, contactados por diversos medios, han expresado de forma anónima su preocupación por la precarización de los servicios, la suspensión de programas esenciales y la falta de controles sobre contrataciones. A este clima enrarecido se suman denuncias gravísimas que empiezan a aflorar en distintas jurisdicciones: se habla de recaudación ilegal, exigencias de coimas a prestadores y hasta pedidos de dinero a empleados del organismo para financiar actividades políticas de La Libertad Avanza.
Según testimonios internos —recogidos por medios como El Destape y Página/12—, habría una red informal de recaudación que canaliza aportes obligatorios disfrazados de “colaboración voluntaria”, bajo amenaza de despidos o sanciones. Todo esto sucede mientras se recorta la atención médica a los jubilados y se tercerizan servicios esenciales con criterios más ideológicos que sanitarios. ¿Cómo es posible que Graciela Ocaña, exdirectora del organismo y actual diputada nacional, no haya emitido ni una declaración al respecto? ¿Dónde quedó su supuesta defensa de la transparencia?
La respuesta parece estar en la conveniencia política. Ocaña, cuyo partido Confianza Pública se integró al armado de Juntos por el Cambio, y que hoy mantiene una actitud de connivencia con el oficialismo libertario en nombre de “la gobernabilidad”, muestra una doble vara vergonzante. Cuando se trata de atacar al kirchnerismo, su verba es flamígera; cuando las irregularidades suceden bajo el ala de un gobierno de derecha que comparte su desprecio por el Estado, el silencio se vuelve cómplice.
El periodismo adicto al gobierno, como es habitual, también calla. Las pantallas de La Nación+, TN y Radio Mitre no tienen espacio para escándalos que incomoden a sus jefes ideológicos. Ni siquiera Luis Majul o Eduardo Feinmann, habituales amplificadores de cualquier denuncia de corrupción, se hicieron eco de las irregularidades denunciadas en el PAMI. En esa orquesta de complicidades, Ocaña ejecuta su partitura con la precisión de una exfuncionaria que aprendió que la ética es un traje que se pone o se saca según el clima político.
Tampoco debemos olvidar un antecedente que pone en tela de juicio la coherencia de Graciela Ocaña en su rol de denunciante de la corrupción. En 2015, la diputada presentó una denuncia por presuntas irregularidades en el Plan Qunita, un programa estatal destinado a reducir la mortalidad infantil mediante la entrega de kits para recién nacidos. La causa, instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio, se basó en un kit alternativo presentado por Ocaña para argumentar la existencia de sobreprecios. Sin embargo, pericias judiciales posteriores desestimaron estas acusaciones, señalando que el kit de Ocaña no cumplía con los estándares requeridos y que no se pudo establecer un precio de referencia debido a la inexistencia de un producto similar en el mercado. Finalmente, en 2021, el Tribunal Oral Federal N° 1 sobreseyó a todos los imputados por inexistencia de delito .
Este episodio resalta una paradoja en la conducta de Ocaña: mientras en el pasado impulsó con vehemencia una denuncia que resultó infundada, en la actualidad mantiene un silencio notable frente a las graves acusaciones que pesan sobre el PAMI en la gestión libertaria. La falta de pronunciamiento de quien se ha erigido como símbolo de la lucha contra la corrupción plantea interrogantes sobre la consistencia y la imparcialidad en su accionar político.
Este fenómeno no es nuevo, pero adquiere ribetes obscenos en un contexto en el que se recorta a los jubilados, se cierran oficinas del PAMI, se suspenden prestaciones médicas esenciales y se profundiza el ajuste en los sectores más vulnerables. ¿Qué clase de integridad permite denunciar la compra de una cafetera durante un gobierno peronista, pero hace la vista gorda ante un saqueo estructural en nombre de la motosierra?
La respuesta no es jurídica, sino moral. El caso Ocaña no solo expone la hipocresía de cierta clase política, sino también el uso espurio de la denuncia como herramienta de posicionamiento. En tiempos donde el gobierno de Milei se presenta como adalid de la transparencia, los hechos lo desmienten y el silencio de personajes como Graciela Ocaña lo confirma.
Ocaña podría recuperar algo de la credibilidad que supo construir si hoy pusiera el cuerpo para investigar y denunciar lo que sucede en el PAMI bajo la gestión de sus supuestos aliados. Aunque la sospecha que se eleva en estas circunstancias es que Ocaña fue sólo una pata más de la persecusión mediática realizada contra los gobiernos peronistas.
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