La detención de Juan Grabois por ocupar el Instituto Nacional Juan Domingo Perón no fue un episodio aislado. Fue un acto deliberado del gobierno de Javier Milei para profundizar su ofensiva contra los símbolos, la militancia y la historia del peronismo. Una detención sin cargos, una liberación silenciosa y un mensaje brutal: lo que no se puede destruir por ley, se clausura por decreto.
La madrugada del 8 de junio no trajo paz, trajo una advertencia. Juan Grabois, dirigente social, abogado y referente indiscutido de los sectores populares, recuperaba su libertad tras haber sido arrestado por la simple –y potente– decisión de defender un lugar que no es solo un edificio, sino un símbolo: el Instituto Nacional Juan Domingo Perón. La escena no se explica con tecnicismos ni con comunicados oficiales. Se explica con una decisión política. La detención de Grabois es el resultado de un modelo de gobierno que no debate: arremete. Que no construye: clausura. Que no convence: reprime.
Lo que ocurrió el sábado por la tarde fue la crónica de una provocación buscada. Mientras los medios oficialistas relataban con tono épico el “desalojo de usurpadores”, el gobierno de Milei había ordenado cerrar un espacio dedicado a preservar la memoria de uno de los movimientos políticos más importantes del país. Allí, en pleno barrio de Recoleta, funcionaba un instituto dedicado a investigar, difundir y resguardar el pensamiento peronista. Y no es casual que sea ese el lugar que el Ejecutivo eligió vaciar, cerrar y silenciar. No se trató solo de un cierre administrativo: fue un acto cargado de simbología y desprecio.
Grabois, acompañado de militantes y trabajadores despedidos, decidió ocupar el lugar para denunciar la clausura. “Nos metimos al Instituto como último recurso”, declaró luego de su liberación, visiblemente agotado pero intacto en su convicción. ¿Qué otra cosa quedaba cuando el Estado retira su presencia y reemplaza la memoria por bolsas mortuorias? Porque sí, eso ocurrió. El busto de Eva y Perón apareció tapado con una bolsa negra. El archivo fue saqueado. Las oficinas, vaciadas. La historia, violentada. No es una metáfora ni un exceso retórico. Es un parte policial de un gobierno que considera al pasado un enemigo ideológico.
La respuesta no tardó en llegar. Militantes sociales, referentes políticos, sindicalistas y ciudadanos comunes se concentraron durante la noche frente a la Superintendencia de Investigaciones Federales en Villa Lugano. Nadie sabía con certeza qué cargos se le imputaban. De hecho, no había ningún cargo firme. La detención fue preventiva, arbitraria, una herramienta de disciplinamiento político en manos de una ministra de Seguridad –Patricia Bullrich– que parece encontrar en la represión su única estrategia de gestión.
Mientras tanto, el Partido Justicialista denunció que la detención fue “ilegal” y exigió su inmediata liberación. Legisladores del peronismo se movilizaron. Las redes estallaron. Pero desde el gobierno, ni una palabra. El silencio fue la forma de comunicar lo que ya se sabía: hay una decisión institucional de borrar todo lo que huela a peronismo, a organización popular, a pensamiento crítico.
La madrugada llegó con la liberación de Grabois. Sin cargos, sin escándalo, sin explicaciones. Como si nada hubiera pasado. Pero pasó. Porque cada vez que el gobierno de Javier Milei decide avanzar sobre los derechos, sobre la cultura, sobre la historia, lo hace con una frialdad quirúrgica. Y cuando la reacción popular interrumpe ese avance, responde con cárcel. Aunque no haya delitos. Aunque no haya juicios. Aunque todo lo que haya sea una protesta pacífica y la defensa de un espacio colectivo.
Lo que está en juego no es una persona. No es Juan Grabois, por más emblemático que sea su rol. Lo que está en juego es un modelo de país. ¿Es posible una Argentina donde los archivos históricos se vacían a decretazo limpio? ¿Puede una democracia tolerar que se persiga judicialmente a quienes defienden espacios culturales y políticos? ¿Hasta cuándo se podrá seguir gobernando desde el odio y el castigo?
La complejidad del momento exige una lectura que vaya más allá del hecho policial. Aquí no hubo una “usurpación”, como insiste la narrativa oficial. Hubo una reacción legítima a una provocación estatal. Hubo una defensa concreta de la memoria política de millones. Hubo una advertencia: no todo puede ser eliminado con un Excel ni con una motosierra.
Grabois lo dijo con claridad: “No me van a quebrar con una detención”. Y quizás por eso lo liberaron tan rápido. Porque entendieron que lo que pretendía ser una demostración de fuerza terminó por dejar al descubierto algo mucho más perturbador: este gobierno no sólo le teme a la organización, también le teme a la memoria.
Fuentes:
Infobae – “Liberaron a Juan Grabois tras haber sido detenido por ocupar el Instituto Juan Domingo Perón”
La Nación – “Liberaron a Juan Grabois tras la toma del Instituto Nacional Juan Perón”
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