Más de 15 teléfonos secuestrados, chats eliminados, entrecruzamiento de llamadas y millones de pesos desviados marcan el entramado que involucra al juez Marcelo Bailaque, funcionarios de la ex AFIP y un poderoso empresario rosarino. El Consejo de la Magistratura ya votó su suspensión.
La Justicia avanza sobre una compleja red de extorsión, favores judiciales y vínculos con el narcotráfico en la que se investiga al juez federal Marcelo Bailaque. El contenido de decenas de celulares secuestrados revela un sistema de poder informal que incluyó presiones sobre empresarios, desvío de fondos públicos y dilaciones judiciales en causas sensibles. El magistrado ya fue suspendido y se encamina a un juicio político.
El sistema judicial argentino vive uno de sus episodios más escandalosos de las últimas décadas. El juez federal Marcelo Bailaque quedó esta semana a un paso del juicio político, tras ser acusado de múltiples hechos de corrupción, connivencia con el narcotráfico y mal desempeño de sus funciones. En el centro del escándalo, se encuentran más de 15 teléfonos celulares secuestrados, cuyo contenido expone una red de extorsiones, favores judiciales y millonarios desvíos de fondos públicos.
El teléfono del propio Bailaque, secuestrado en noviembre de 2024, aún no pudo ser abierto. Sin embargo, ya se analizan dispositivos pertenecientes a su secretario letrado Gustavo Guazzaroni, al ex titular de la ex AFIP de Rosario y Santa Fe, Carlos Vaudagna, y al empresario Fernando Whpei, entre otros. Los peritajes están a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), que no sólo investiga los chats, sino también las ubicaciones GPS y el entrecruzamiento de llamadas.
La causa más grave que pesa sobre Bailaque lo vincula con una supuesta maniobra extorsiva contra dos empresarios financieros, Jorge Oneto y Claudio Iglesias. El relato del arrepentido Carlos Vaudagna, ex jefe de ARCA, fue clave para reconstruir los hechos: todo habría comenzado en una reunión en la casa de Bailaque en 2019, con la presencia de Whpei y un periodista. A partir de allí, se gestó una “investigación” interna en la ex AFIP que sirvió como base para una denuncia anónima que recayó, casualmente, en el juzgado de Bailaque. El objetivo: exigir dinero a cambio de cerrar la causa.
Los empresarios pagaron, según la confesión de Vaudagna, 160 mil dólares en cuotas. Pero detrás del esquema extorsivo también se escondía una interna empresarial: Iglesias aspiraba a un cargo directivo en la aseguradora San Cristóbal y ciertos sectores buscaban desactivarlo judicialmente.
El empresario Fernando Whpei, señalado como intermediario en la extorsión, también está acusado de haber influenciado decisiones judiciales en beneficio propio. Según la fiscalía, utilizó su cercanía con Bailaque para lograr el desbloqueo de 1.000 millones de pesos que fueron transferidos desde la cooperativa de trabajadores portuarios de San Lorenzo y Puerto San Martín hacia una mutual perteneciente a su familia. Los fondos, según la defensa del empresario, no habrían sido transferidos en su totalidad al mismo destino, pero la sospecha sobre tráfico de influencias está instalada.
Whpei fue detenido en un primer momento, aunque luego obtuvo prisión domiciliaria por estar a cargo de una hija discapacitada. Su celular, pese a tener la mayoría de los mensajes borrados, muestra un patrón llamativo: docenas de comunicaciones con el juez.
Otro costado del escándalo apunta directamente a la protección judicial del crimen organizado. Bailaque está imputado por haber demorado deliberadamente escuchas telefónicas clave en una causa contra el narco Esteban Alvarado y su ex esposa, Rosa Natalí Capuano. La conexión entre el juez y el entorno de Alvarado se habría dado a través del contador Gabriel Mizzau, quien intercambió más de 800 llamados con Capuano. Los fiscales atribuyen al juez haber encubierto con demoras procesales y falta de excusación una causa que llevaba años en su juzgado.
A pesar de sus intentos por defenderse, Bailaque no logró convencer al Consejo de la Magistratura. “No tengo ni tuve ningún tipo de vínculo, directo ni indirecto, con narcotraficante alguno”, declaró ante los consejeros. La respuesta fue contundente: por unanimidad, la Comisión de Acusación votó la suspensión del magistrado y la apertura del Jury. “Se encuentra debidamente acreditado el mal desempeño del magistrado por obrar con falta de integridad, transparencia e imparcialidad”, sostuvo el diputado Álvaro González, quien lideró la investigación.
El juicio político ahora está en manos del plenario del Consejo de la Magistratura, que deberá reunir dos tercios de los votos para concretarlo. Sin embargo, una maniobra de último momento podría evitar el escarnio público: si el Gobierno acepta la renuncia de Bailaque, el proceso se interrumpiría.
Mientras tanto, la investigación penal sigue su curso. Fiscales como Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, con apoyo de la Procelac y la Procunar, trabajan en la presentación de la acusación formal para avanzar hacia el juicio oral. En los próximos días se abrirán cuatro pen drives y una computadora que podrían arrojar nuevas pruebas.
El caso Bailaque expone, una vez más, los límites éticos del Poder Judicial y sus zonas oscuras. Pero también pone en evidencia la efectividad del nuevo sistema acusatorio, que comenzará a implementarse en Comodoro Py y promete mayor celeridad y transparencia en los procesos penales. La sociedad argentina, golpeada por la violencia y la impunidad, espera respuestas y sanciones ejemplares. La Justicia, por una vez, tiene la oportunidad de dar el ejemplo.
Fuente:
- https://www.infobae.com/politica/2025/06/22/analizan-mas-de-15-celulares-secuestrados-en-las-causas-contra-el-juez-bailaque-quedo-al-borde-del-jury/
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