Una licitación a medida que lo convirtió en el único oferente de un multimillonario contrato, con un Estado desguazado que favorece negociados.
(Por Guillermo Carlos Delgado Jordan) La semana pasada, URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A., una compañía de correos, ganó una polémica licitación del PAMI para distribuir pañales de adultos en todo el país, quedando bajo la mira de todos los fabricantes del sector, que acusan a la firma de haber sido favorecida por el Gobierno en un proceso exprés y direccionado. El contrato cuestionado es por la cuantiosa cifra de unos US$450 millones. Y a toda esta suspicacia hay que sumarle que parte del paquete accionario de URBANO EXPRESS es del Grupo Clarín. Y acá, desde Noticias La Insuperable, te contamos lo que nadie.
La Licitación a medida
El pasado 7 de mayo, desde el PAMI, se dio a conocer la Resolución que establecía ganador del «Concurso Público Nº 1/25 Provisión, almacenamiento, preparación, transporte, distribución y entrega de H.A.D., en todo el país». Se trataba de la «provisión, almacenamiento, preparación, transporte, distribución y entrega de Higiénicos Absorbentes Descartables (H.A.D.) para atender la demanda de los afiliados del Instituto en todo el país, por el término de treinta y seis (36) meses, con opción a prórroga por hasta doce (12) meses».
El gobierno de Milei decidió cambiar y ya no entregar los pañales en las farmacias, que actuaban de «distribuidoras» para pasar a entregarle los mismos directamente a los afiliados. Una modificación que vislumbra más inconvenientes que beneficios para un sistema que ya se encontraba aceitado.
El contrato fue adjudicado a la mencionada empresa URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. por un monto total de $ 466.554.096.176,40. Unos 450 millones de dólares. Y el primer atisbo de sospecha radica en que esta firma fue «único oferente». Si bien había otras tres firmas en danza llamadas a cotizar, LENTERDIT S.A., ITALPAÑAL S.A. e HISAN S.A., las mismas son, básicamente, empresas fabricantes de pañales, no logísticas. Las tres presentaron quejas formales por el escaso tiempo otorgado para presentar sus propuestas: tan solo 6 días. Por ende, nunca cotizaron dejando a URBANO EXPRESS sin disputas en el podio.
La reforma justa
El Concurso Público 1/25 del PAMI para el acopio y distribución de pañales para adultos fue dado a conocer en el Boletín Oficial el 14 de abril de este año. Pero, para algunos, parece ser que la noticia del negocio que se venía había sido anticipada.
¿Cómo se explica sino que URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. haya modificado su objeto social justo unos meses antes para poder participar?
A fines de enero de este año, URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. modificó su objeto social, en su punto 5, incluyendo la «Comercialización, compra y venta, almacenamiento de insumos y productos, incluyendo a modo enunciativo, insumos y productos domésticos, domisanitarios, médicos e higiénicos, cosméticos, de higiene oral, suplementos dietarios y medicamentos que se encuentren regulados, o no, por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)».
Tan solo unos meses después, es el único oferente en una multimillonaria licitación para distribuir pañales.
La Sociedad
URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A. nace en el año 2003 con el nombre de ROWING MAIL & COURIER S.A., el cual será modificado por el actual en 2007. Sus fundadores: la familia Román, de larga trayectoria en la logística y el transporte. El primer presidente de la firma será el hijo de Alfredo Román, Daniel Walter Román.
A esta empresa, a inicios de 2021, ingresará con el 30% del capital accionario el Grupo Clarín, pero para entender bien las «particularidades» de esta unión, debemos remontarnos a una solicitud realizada ante la Inspección General de Justicia (IGJ) de una empresa «extranjera» en tiempos de Alberto Fernández, cuando aún había control del Estado sobre las empresas.
Todo nació con motivo de la solicitud de inscripción de una Sociedad Extranjera, AMIDOR S.A., con domicilio en Montevideo, que buscaba inscribirse como tal en los términos del artículo 123 de la Ley General de Sociedades. AMIDOR posee participación accionaria en dos empresas en la Argentina: CLEVER WAY S.A. y URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A.
En la primera de ellas es la dueña del 99.99% de las acciones, mientras que en la segunda posee el 13.70%, pero es dueña también del 56.28% que figura a nombre de la mencionada CLEVER WAY. O sea, en total, tiene el 69.98% de la participación accionaria de URBANO EXPRESS ARGENTINA S.A., la empresa de los pañales.
¿Sociedad Extranjera?
El punto en cuestión es que la referida AMIDOR pretendía inscribirse en la IGJ como sociedad extranjera (por estar radicada en Montevideo) pero, a requerimiento de la IGJ, no pudo demostrar participación en ninguna otra empresa en otro lugar del mundo que no sean las dos ya mencionadas CLEVER WAY y URBANO EXPRESS, con lo cual se sospechaba una clara intención de sus accionistas de obtener los beneficios impositivos de ser una «offshore en Argentina».
El presidente de URBANO EXPRESS, Marcelo Gustavo Wirth, detenta el 12% del capital de AMIDOR; el vice, Marcelo Gustavo Mattio, un 8%. Ellos dos, así como los cuatro accionistas restantes (la familia Román) de la «sociedad extranjera», son argentinos. Wirth era director titular cunado se creó ROWING MAIL & COURIER S.A., la mencionada antecesora de URBANO.
Al momento de querer anotarse en la IGJ, AMIDOR solamente se hallaba inscripta en la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires y así había operado hasta la fecha. Esta situación, y el hecho de que la «sociedad extranjera» solo tenga negocios en Argentina, fueron determinantes para que la IGJ, en la Resolución 1400/2022 dictaminara que «se encuentra actuando en fraude a la ley» y que no puede inscribirse como tal.
Socios de Clarín
Como dijimos antes, a inicios de 2021 el Grupo Clarín selló un acuerdo con los dueños de AMIDOR y se hizo con el 30% del capital accionario de URBANO EXPRESS a través de una de las firmas del grupo: Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (AGEA). A su vez, a través de URBANO EXPRESS, son los dueños de UNIR SA, también dedicada a logística y distribución.
Según indica el Boletín Oficial del 26 de marzo de ese año, «por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 13/01/2021 se resolvió aumentar el capital social en la suma de $ 15.662.647 (capital resultante: $ 96.972.410) y reformar el artículo cuarto del estatuto social en consecuencia. Composición del capital social como consecuencia del aumento antes mencionado: a) Amidor S.A.: 13.288.577 acciones; b) Clever Way S.A.: 54.592.110 acciones; y c) Arte Gráfico Editorial Argentino S.A.: 29.091.723 acciones, todas ordinarias, nominativas, no endosables, de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción«.
Lo que detectó la IGJ al examinar la participación accionaria son dos cosas:
1) que AMIDOR y CLEVER WAY, como vimos, son lo mismo (la primera controla el 99.99% del capital accionaria de la segunda, estando el 0.01% restante en manos de Marcelo Gustavo Wirth, que como vimos, es socio de AMIDOR.
2) que ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO (AGEA), presenta una situación similar, dado que tiene como socios a “GC MINOR S.A.U” (cuyo único socio es “GRUPO CLARIN S.A.”) y “GRUPO CLARIN S.A.”.
Por ende, ambas empresas carecen de lo que se llama «pluralidad sustancial de socios«.
La Resolución General (IGJ) 7/2005 estableció que no se inscribirá la constitución de sociedades cuya pluralidad de socios sea meramente formal o nominal. La pluralidad debe ser “sustancial”. La resolución faculta a la IGJ a evaluar el aporte inicial de cada socio fundador, determinando para decidir sobre la procedencia de la inscripción, si el mismo reviste relevancia económica mínima suficiente para conformar, con el de los restantes, un efectivo sustrato plurilateral.
Como en el caso de AGEA la sociedad ya se encuentra inscripta, la IGJ dispuso en el artículo cuarto de la Resolución Particular 1400/2022 «Disponer mediante el Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales la apertura de una Actuación Sumarial, con posterior visita de inspección y las acciones que considere necesarias a fin de recomponer la pluralidad sustancial de socios en la sociedad nacional “ARTE GRAFICO EDITORIAL ARGENTINA S.A.”«.
En diciembre de 2023 asumió el gobierno de Milei. Su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona afirmó entonces al periodismo que “… a la Inspección General de Justicia había que hacerla de nuevo, pues este organismo tiene que “facilitar” al empresario y a la sociedad la inscripción» de las empresas.
Punto seguido, decenas de empleados de la IGJ fueron forzados a aceptar retiros voluntarios en condiciones totalmente desfavorables bajo amenaza de que serían despedidos inmediatamente y sin indemnización, con lo cual se avanzó firmemente con el desguace de un organismo tan importante para los intereses del comercio y que fuera creado para asegurar la legalidad del funcionamiento de las personas jurídicas.
Hoy, sin control del Estado, empresas de dudosas inscripciones se ven beneficiadas por el mismo gobierno que tendría que ponerles un límite, en una danza millonaria que deja a la amplia mayoría de los argentinos fuera del baile.
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