Mekorot desmiente a Milei y deja al gobierno envuelto en otra farsa privatizadora. La empresa israelí negó cualquier intención de adquirir AySA, desmintiendo la supuesta venta celebrada por el presidente como un “hito histórico”. El episodio revela otra jugada fallida del plan de privatizaciones del gobierno libertario y profundiza la desconfianza sobre su credibilidad internacional.
Con una comunicación oficial tajante, Mekorot se desligó públicamente de la supuesta compra de AySA. La operación, promocionada por Javier Milei como un logro de su modelo de “Argentina S.A.”, resultó ser otra sobreactuación mediática sin sustento. Esta desmentida internacional no solo descoloca al presidente, sino que lo expone como un actor cada vez más desacreditado incluso entre aquellos a quienes pretende seducir con su proyecto de desguace estatal.
El gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en evidencia, una vez más, por anunciar operaciones que no existen, acuerdos que nadie firmó y apoyos que nadie dio. Esta vez, el papelón llegó desde Israel. La empresa estatal de agua Mekorot —una de las más importantes del mundo en su rubro— salió a desmentir públicamente al presidente argentino, quien días atrás había celebrado la supuesta venta de AySA como una muestra del éxito de su política privatizadora.
Pero la realidad es contundente: Mekorot no compró nada, no hizo oferta alguna, ni tiene intenciones de hacerlo. “No existe ningún proceso de compra ni ninguna acción similar entre Mekorot y Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)”, fue la respuesta oficial que la empresa israelí transmitió ante la consulta del medio especializado La Política Online. La declaración no solo echa por tierra el relato épico que Milei quiso imponer, sino que deja en ridículo al mandatario, quien vive a fuerza de anuncios ficticios y marketing de redes sociales mientras la gestión real naufraga.
En un intento desesperado por mostrar resultados en su cruzada ideológica contra el Estado, el gobierno difundió días atrás que Mekorot estaba interesada en participar de la privatización de AySA. Incluso se filtró un supuesto “acuerdo de confidencialidad” como prueba del vínculo. Pero el documento en cuestión, que fue firmado por una consultora contratada en nombre de Mekorot, no compromete en absoluto a la compañía estatal israelí. En otras palabras: una firma de terceros fue usada como fachada para vender humo.
Esta jugada es sintomática del modus operandi del gobierno de La Libertad Avanza: anunciar con bombos y platillos acuerdos preliminares como si fueran contratos cerrados, aprovechar cualquier gesto extranjero como aval político, e inflar las redes sociales con frases altisonantes que, al poco tiempo, caen por su propio peso. Ya lo vimos con la famosa “inversión” de Elon Musk, con los “apoyos” del mundo financiero que nunca se tradujeron en dólares reales, y con los acuerdos diplomáticos que se diluyen a los pocos días. Ahora le tocó a Mekorot decir basta.
Lo más grave del caso no es el papelón diplomático —aunque sin dudas lo es—, sino la falta de seriedad institucional que exhibe un gobierno que actúa como influencer en campaña permanente. Que una empresa pública de otro país tenga que salir a desmentir al presidente argentino por un tema tan delicado como la venta de activos estratégicos desnuda una crisis de credibilidad difícil de revertir. ¿Qué mensaje reciben las empresas internacionales cuando se enteran de que el presidente argentino anuncia operaciones que no existen?
Además, el tema no es menor. AySA es una empresa clave para el abastecimiento de agua potable y cloacas en el AMBA, con millones de usuarios y una infraestructura que ha demandado inversiones multimillonarias del Estado. Su eventual privatización, como tantas otras que impulsa el gobierno de Milei, no solo está plagada de opacidad, sino que además compromete la soberanía sobre servicios esenciales. Y ahora, ni siquiera puede sostenerse la ficción de que haya interesados reales.
La desmentida de Mekorot también revela la improvisación con la que se manejan los procesos de desestatización. No hay llamados públicos, no hay licitaciones transparentes, no hay criterios claros. Solo hay anuncios que se lanzan sin respaldo técnico ni jurídico, con el único objetivo de construir un relato de épica libertaria para los seguidores de redes sociales. Pero los efectos reales de esa irresponsabilidad se sienten en el plano institucional y diplomático, donde la Argentina empieza a parecer un país poco confiable.
Incluso puertas adentro del gobierno, la situación generó incomodidad. El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó relativizar el tema y le restó importancia al comunicado de Mekorot, diciendo que “si la empresa no está interesada, se buscarán otros compradores”. Una respuesta que no disimula el bochorno, sino que lo agrava: ¿anuncian ventas de empresas públicas sin siquiera tener una propuesta concreta? ¿Ese es el estándar de gestión con el que se pretende gobernar un país en crisis?
La estrategia del gobierno libertario, basada en vender al mundo una Argentina “open for business” como si fuera un puesto de feria, no solo ha fracasado, sino que comienza a volverse contraproducente. Porque cuando la palabra presidencial pierde valor, cuando las promesas de inversión se derrumban y cuando los actores internacionales sienten que los están usando para propaganda interna, lo que se consolida es la imagen de un país desquiciado, imprevisible y gobernado por un fanático.
En este contexto, el episodio de Mekorot no es un hecho aislado. Es el síntoma de una forma de gobierno basada en la ficción, la provocación y el culto al show. Milei no gobierna con hechos, sino con relatos. Pero los relatos chocan con la realidad. Y cuando esa realidad viene en forma de desmentida internacional, el costo político se dispara. Porque ni la épica libertaria, ni las cadenas de tuits incendiarios, ni los monólogos performáticos en conferencias pueden tapar la verdad: el mundo ya no le cree.
Con cada nueva mentira desenmascarada, la estrategia de Milei se erosiona. Y no hay capitalismo exitoso sin confianza, ni libertad económica sin reglas claras. El gobierno puede seguir hablando de “privatizaciones históricas”, pero mientras lo haga sin transparencia, sin inversores serios y sin respeto por la institucionalidad, lo único que privatizará es su credibilidad.
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