Mientras el kirchnerismo se prepara para una de las concentraciones populares más grandes en defensa de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Javier Milei entra en pánico ante un escenario que no controla. Caputo y Amerio negocian desesperadamente con jueces y fiscales para evitar una postal explosiva frente a Comodoro Py.
Máxima tensión en el Gobierno: Cristina presa y un pueblo en las calles
En la antesala de una jornada que promete ser histórica, el gobierno de Javier Milei transita horas de angustia y tensión. El motivo es claro: este miércoles, el kirchnerismo se movilizará en masa para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales de Comodoro Py, donde se definirán las condiciones de su detención tras la polémica condena judicial.
El temor en la Casa Rosada es evidente. “Esto es un cisne negro, básicamente porque tenemos control cero de la situación”, confiesan con crudeza en los pasillos del poder. Lo que inicialmente fue subestimado por el oficialismo se ha convertido en un problema de primer orden: la pérdida del control de la calle y de la agenda política, dos aspectos que Milei ya no puede dominar.
La magnitud de la movilización prevista desvela al núcleo duro del gobierno, que sabe que una postal de Comodoro Py desbordada de militancia puede convertirse en una imagen de época. Para evitarlo, Santiago Caputo –el principal armador político de Milei– y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se embarcaron en una ofensiva urgente: presionar al Poder Judicial para que Cristina reciba la prisión domiciliaria este mismo martes, y así impedir que deba presentarse en persona el miércoles.
El objetivo es tan evidente como desesperado: desactivar la movilización quitándole su razón de ser. Sin embargo, en el kirchnerismo no se hacen ilusiones. La senadora bonaerense Teresa García, una de las más cercanas a la ex presidenta, fue categórica:
> “La marcha se hace igual. Está convocada desde la mañana. Sea en Comodoro Py o donde sea, vamos a estar con ella”.
La pulseada judicial
La definición sobre la detención de Cristina recae en el juez Jorge Gorini, presidente del tribunal oral que dictó la condena. Si bien Gorini mantiene una relación cordial con sus colegas Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, estos últimos no ocultan su animadversión con el kirchnerismo, a quien responsabilizan por presuntos seguimientos y amenazas durante el proceso judicial.
De hecho, según información exclusiva publicada por La Política Online, Giménez Uriburu y Basso barajaban la posibilidad de negarle directamente el beneficio de la prisión domiciliaria a Cristina. La presión política –y social– parece haber modificado el panorama. Gorini, que tenía una licencia concedida, decidió suspenderla para mantenerse en el país e intentar contener los impulsos punitivistas de sus colegas y de un sector del Ministerio Público Fiscal.
Desde el propio edificio de Comodoro Py emergen voces que advierten sobre la gravedad del momento. “Hay mucha preocupación, varios jueces y fiscales están pidiendo que se dejen de joder y le den la domiciliaria rápido a Cristina”, afirmó con crudeza un magistrado federal a LPO.
El fantasma de un operativo policial con Cristina esposada –similar al que sufrió Amado Boudou en pijama– sobrevuela los despachos oficiales. En Balcarce 50 saben que una imagen así podría desatar un incendio político de proporciones incontrolables.
Radicalización y movilización
La movilización prevista para el miércoles no es improvisada ni casual. Surge en un contexto de creciente radicalización del kirchnerismo, empujada por una dirigencia que ya no cree en las garantías del sistema judicial. Figuras como Emilio Pérsico y La Cámpora confluyen con sectores de la izquierda en una articulación cada vez más intensa, convencidos de que la única defensa posible frente al lawfare es la ocupación masiva del espacio público.
En este clima de efervescencia, la marcha por Cristina podría transformarse en un punto de inflexión, no solo para el peronismo sino también para la gobernabilidad de Javier Milei. Lejos de tratarse de una reacción aislada, la convocatoria expresa el hartazgo de amplios sectores sociales frente a lo que consideran una persecución política grosera, con la complicidad de medios hegemónicos como Clarín, La Nación y la AEA, que jugaron a fondo durante días con la posibilidad del encarcelamiento.
Un gobierno en retirada frente al poder popular
La pulseada que se juega esta semana va mucho más allá de una cuestión judicial. Es una batalla política, simbólica y social que podría marcar un antes y un después en la escena argentina. El intento de Santiago Caputo de desarmar la movilización con una concesión judicial de último momento no hace más que confirmar lo que ya es evidente: el gobierno teme a la calle porque la ha perdido.
Y cuando un gobierno pierde la calle, empieza a perder el poder. La marcha por Cristina es, en ese sentido, una señal de resistencia. Y también una advertencia.
Fuente:
- https://www.lapoliticaonline.com/politica/maxima-preocupacion-en-el-gobierno-por-la-masiva-marcha-del-miercoles/
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