La secretaria gremial del INSSSeP llevó al gobernador del Chaco ante la Justicia por agravios públicos que, lejos de ser crítica política, constituyen una persecución personal con respaldo estatal. Zulema Coria, referente gremial del organismo de seguridad social chaqueño, denunció penalmente al gobernador Leandro Zdero por injurias, luego de que éste la atacara en medios públicos financiados con pauta oficial. El episodio expone un patrón preocupante: el uso del aparato estatal para perseguir y desacreditar a representantes sindicales.
(Por Sofía Arregui) La política argentina está llena de gestos destemplados, declaraciones virulentas y guerras discursivas que muchas veces buscan más la aniquilación del adversario que el debate de ideas. Pero hay una frontera —cada vez más borrosa— entre la crítica política legítima y el hostigamiento personal desde el poder. El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, acaba de cruzarla de forma ruidosa, altanera y con fondos públicos como combustible.
Zulema Coria, Secretaria General del gremio del INSSSeP (Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos), presentó el pasado viernes una denuncia penal en su contra por el delito de injurias, previsto en el artículo 110 del Código Penal de la Nación. La causa fue radicada en la Unidad de Atención a Víctimas y será tramitada por sede judicial. Es un hecho inédito en la provincia: un gobernador denunciado por difamar a una trabajadora estatal en ejercicio de funciones gremiales.
Todo comenzó el 8 de mayo, cuando Zdero, durante una entrevista en el canal Somos Uno —emitida con pauta publicitaria financiada por el propio Estado provincial— se despachó sin pudor contra Coria, a quien calificó de “mujer perversa”, “dañina”, “eterna dirigente sindical”, “sin corazón” y “mala persona”. No se trató de un exabrupto aislado ni de una metáfora desafortunada, sino de una catarata de descalificaciones personales dirigidas con nombre y apellido, sin argumento alguno que las justificara.
No sólo eso: Zdero vinculó a Coria con acciones políticas y responsabilidades institucionales que no le corresponden como trabajadora del INSSSeP, creando un relato distorsionado que mezcla ficción, odio de clase y un desprecio profundo hacia la representación gremial.
La denuncia es contundente. Plantea que “estas expresiones no constituyen una crítica política legítima, sino que se tratan de afirmaciones asertivas, injuriantes y sin respaldo fáctico, con el claro objetivo de desacreditarla, menoscabar su honor, y generar daño personal, familiar, gremial y psicológico”. El texto judicial no deja lugar a dudas: estamos ante una operación de hostigamiento con consecuencias institucionales.
El INSSSeP no es cualquier organismo. Es la obra social provincial chaqueña, un ente de vital importancia para la vida cotidiana de miles de trabajadores y sus familias. Administra fondos destinados a prácticas médicas de alta complejidad, seguros de vida, licitaciones farmacéuticas y prestaciones ante fallecimientos o incapacidades. Es, también, un regulador central del sistema de salud público en la provincia. Su peso político y económico lo convierte en un botín codiciado por quienes buscan disciplinar el aparato estatal a su antojo.
Coria no sólo representa a las y los trabajadores del INSSSeP: simboliza, para un sector del poder, todo lo que hay que erradicar. La vieja obsesión neoliberal con la “casta sindical” encuentra en Zdero a un entusiasta ejecutor, dispuesto a utilizar todos los recursos del Estado para destruir, no a un adversario, sino a una mujer con voz propia, con años de trayectoria, y con un compromiso sostenido con sus compañeros.
Pero lo que hace más grave este episodio es el marco en que ocurre. Desde la asunción de Javier Milei, el país ha entrado en una etapa de brutalización institucional, donde el lenguaje de la violencia se ha naturalizado y la persecución a referentes sindicales y sociales se multiplica sin pudor. La prédica de la “motosierra” no es solo una política económica: es una estrategia discursiva para deslegitimar, reducir y aplastar cualquier disenso. Zdero, gobernador de una de las provincias más postergadas del país, parece haber tomado nota al pie de la letra.
Las palabras tienen peso, y más aún cuando provienen del cargo más alto de una provincia. No es lo mismo una opinión personal que una declaración institucional frente a cámaras y amplificada con dinero público. No es lo mismo decir que no se está de acuerdo con un reclamo gremial que llamar “mala persona” a quien lo encabeza. Zdero no sólo descalificó: estigmatizó, personalizó y degradó a Coria, sabiendo perfectamente lo que hacía. Lo hizo para enviar un mensaje: quien se atreva a cuestionar, será arrastrado por el barro de la difamación.
Lo que se pone en juego no es solo el honor de una dirigente sindical. Se trata del derecho de todos los trabajadores a organizarse, a expresarse, a resistir cuando se vulneran sus derechos. Se trata del límite —si es que aún existe— que una democracia debe trazar ante el autoritarismo discursivo.
La denuncia penal presentada por Coria es, en este sentido, un acto de dignidad. No porque espere justicia de una Justicia tantas veces domesticada, sino porque obliga a correr el velo de la hipocresía. Porque expone el uso arbitrario del poder, la cobardía de quien golpea desde arriba, y el cinismo de un modelo político que dice combatir privilegios mientras persigue a quienes defienden derechos colectivos.
Lo que indigna no es solo el agravio. Es el cinismo de una clase política que demoniza a los trabajadores organizados mientras se rodea de gerentes, CEOs y especuladores seriales. Es el doble discurso de quienes se llenan la boca hablando de libertad mientras disciplinan con amenazas y humillaciones públicas. Es la lógica del escarmiento, cada vez más instalada en el centro del poder.
¿Hasta dónde se permitirá que esto avance? ¿Cuánto más se naturalizarán las agresiones desde cargos públicos? ¿Qué sucede con la libertad de expresión cuando la ejerce una mujer sindicalista y no un político de traje que compra espacio en los medios con dinero del pueblo?
La causa judicial recién empieza, pero el juicio social ya debería estar en marcha. Porque si un gobernador se siente habilitado para insultar a una trabajadora en televisión abierta y con plata del Estado, es porque algo muy profundo está fallando. Porque si no se condena con fuerza esta conducta, mañana cualquier docente, enfermero, médica o portero podrá ser públicamente destruido por atreverse a levantar la voz.
No se trata de una disputa menor ni de una cuestión de formas. Se trata de la dignidad, del derecho a no ser violentado por pensar distinto, de la responsabilidad que implica ejercer el poder. Se trata, en última instancia, de qué tipo de sociedad queremos construir: una donde los poderosos insultan y los trabajadores callan, o una donde cada persona, sin importar su cargo o género, tenga garantizado el respeto mínimo que toda democracia real exige.
Zulema Coria hizo lo que muchos no se atreven: puso un límite. Y en tiempos donde el miedo paraliza, eso ya es una forma de resistencia.
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