La reciente confirmación de la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, que la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, ha desatado una ola de solidaridad internacional que deja en evidencia la gravedad institucional del caso. Líderes progresistas de América Latina y Europa alzaron su voz para denunciar lo que definen como un claro episodio de lawfare: el uso perverso del aparato judicial como herramienta de persecución política.
Desde La Habana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel fue contundente: “Reafirmamos nuestro invariable apoyo a Cristina Fernández de Kirchner ante este episodio de judicialización política. Una vez más, se utiliza la justicia con motivaciones políticas como instrumento de la derecha contra referentes progresistas de la región”, expresó el mandatario en sus redes sociales.
En la misma línea, el presidente boliviano Luis Arce declaró: “Desde Bolivia expresamos nuestro firme apoyo y solidaridad con la hermana Fernández de Kirchner frente al evidente uso de la justicia para socavar a las fuerzas de izquierda y del campo nacional popular”. El jefe de Estado reafirmó además su respaldo “a la soberanía y a la dignidad del hermano pueblo argentino”.
La denuncia de lawfare no es nueva, pero sí se torna cada vez más evidente. El propio Evo Morales, expresidente de Bolivia, fue más allá en su análisis y acusó directamente a los sectores judiciales de actuar como brazo ejecutor de un plan regional de disciplinamiento político. “Vivimos una reedición del Plan Cóndor: ya no son los militares al servicio del imperio, ahora son jueces serviles a las oligarquías quienes ejecutan golpes judiciales contra quienes defienden la soberanía y los derechos de las mayorías”, denunció Morales.
Morales también convocó a la resistencia: “Llamamos a la unidad y movilización del pueblo argentino en defensa de la democracia. Cristina no está sola. Desde el corazón de la Patria Grande, nos sumamos a la lucha contra el lawfare y por una América Latina libre, digna y soberana”.
Desde Brasil, el Instituto Lula —centro político y académico vinculado al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva— emitió un comunicado en el que calificó la condena contra Cristina Kirchner como “una grave violación a los derechos fundamentales y al debido proceso legal”. Señalaron además que “la construcción de teorías jurídicas que buscan responsabilizar a Cristina Kirchner por actos de subordinados, bajo una interpretación cuestionable del derecho administrativo, representa un peligroso retroceso en la separación de poderes”.
“No se trata solo de un caso argentino”, advirtieron. “La condena proyecta una sombra sobre el funcionamiento democrático en la región. Exigimos que se respeten los principios del debido proceso y que prevalezca la justicia, garantizando que la política no sea utilizada como arma de persecución”.
En Europa, la reacción también fue inmediata. Irene Montero, diputada de Podemos en España, denunció que “la condena a Cristina Fernández es golpismo: guerra sucia judicial y mediática para que, golpeando a una, todo un pueblo renuncie a una vida con derechos”. Y agregó: “La quieren presa y fuera de la política. A las fuerzas democráticas del mundo nos deben encontrar a su lado. Contigo, Cristina”.
Este nuevo capítulo del lawfare contra Cristina Fernández se da a pocos meses de las elecciones legislativas en Argentina, donde la exmandataria había anunciado su intención de postularse como diputada por la provincia de Buenos Aires. La inhabilitación perpetua, entonces, no solo busca encarcelarla simbólicamente, sino también proscribir su figura política en un contexto donde su liderazgo sigue siendo clave para millones de argentinos.
El mensaje que envían los tribunales es claro: se pretende condicionar el futuro político del país desde despachos judiciales colonizados por intereses económicos, corporativos y antidemocráticos. Pero también es clara la respuesta que se empieza a gestar: una red de solidaridad latinoamericana y mundial que se rehúsa a mirar para otro lado ante este nuevo intento de disciplinamiento judicial.
Cristina Kirchner no está sola. Y la historia lo sabe: cada vez que una lideresa popular es perseguida por el poder real, no es ella sola la que está en la mira, sino el proyecto de país con justicia social que representa. Y frente a eso, los pueblos de América Latina comienzan a levantar la voz con fuerza. Porque donde hay lawfare, hay también resistencia. Y donde hay injusticia, hay una causa común que nos convoca a defender la democracia, la soberanía y los derechos conquistados.
Fuente:
- https://www.telesurtv.net/cristina-kirchner-recibe-apoyo-de-comunidad-internacional-ante-episodio-de-lawfare-judicial/
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