Coparticipación: Se activa un frente federal ante la brutal caída de los recursos nacionales que amenaza hundir a las provincias

La sangría de la coparticipación federal pone en jaque a las provincias. Con caídas que rozan el 26% en algunas jurisdicciones, los mandatarios provinciales —incluso aliados— encienden alarmas y se congregan en el Consejo Federal de Inversiones. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei sigue ajustando sin piedad, avanzando con un esquema que estrangula a los territorios y los obliga a arrodillarse ante un “plan colchón” tan improvisado como condicionado. ¿Se rompe el pacto fiscal o estalla el sistema?

Algo huele a podrido en el federalismo argentino. El olor se siente fuerte en las provincias, donde los gobernadores —de todas las camisetas políticas— empiezan a toser por el humo del ajuste feroz de Javier Milei. Con un desplome brutal de la coparticipación federal, que en algunas jurisdicciones ya ronda el 26%, se encendieron las alarmas: el martes, bajo el paraguas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), los jefes provinciales se reunieron para analizar fuentes alternativas de financiamiento. Pero la excusa de la “infraestructura federal” apenas disimula la verdadera inquietud: la asfixia financiera que impone el libertario desde la Casa Rosada.

La postal del cónclave fue clara: desde Axel Kicillof hasta Rogelio Frigerio, pasando por Ignacio Torres, Gerardo Zamora y Gustavo Melella, los gobernadores dijeron presente —en cuerpo o en Zoom— en un evento que, más allá de los discursos técnicos, estuvo marcado por un clamor común: el brutal retroceso de las transferencias automáticas que, según la Comisión Federal de Impuestos, caerán un 4,2% en 2025. Si se toma el acumulado desde 2023, la cifra se dispara al 12%, lo que equivale a una pérdida cercana a los $7,4 billones. Un agujero negro que se traga el 1% del PBI. Un baldazo de ajuste, sin anestesia, sobre estructuras que dependen en más del 60% de estos fondos para sostener lo mínimo: salud, educación, sueldos y funcionamiento básico del Estado.

Las causas del derrumbe están bien identificadas, y no son un accidente ni un fenómeno natural. Son el resultado directo —y deliberado— de una serie de decisiones tributarias que el propio gobierno de Milei aplicó con la frialdad de un cirujano sin corazón: eliminación de impuestos internos, modificación del cálculo de Ganancias para sociedades, congelamiento del Impuesto a los Combustibles, y otras maniobras que erosionan el flujo a las provincias. Todo esto, en un contexto de consumo estancado, actividad económica errática y una caída del 1,9% en la recaudación del IVA ajustado por inflación.

Pero el golpe más feroz vino por Ganancias: el derrumbe interanual de 39,8% sacudió las arcas como un terremoto. Si hasta hace un año ese tributo era la columna vertebral de la coparticipación, hoy es apenas una sombra de lo que fue. Y las provincias lo sufren. Río Negro, Tierra del Fuego y Santa Cruz —bastiones patagónicos con economías regionales complejas y dependientes de los giros nacionales— registraron pérdidas de más del 26%. Ni siquiera Buenos Aires, con Kicillof como uno de los principales opositores, ni CABA, con menor exposición al sistema coparticipable, lograron esquivar la poda.

Mientras tanto, desde el ministerio de Economía, Luis Caputo promete “soluciones”. Pero lo que ofrece no es una estrategia federal de rescate sino un torniquete con nombre marketinero: el “plan colchón”. Un engendro que busca seducir a los gobernadores con la idea de repatriar dólares fugados —una especie de blanqueo de capitales exprés— para nutrir una economía en caída libre. Hasta ahora, algunos mandatarios del PJ como Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) se subieron al tren. También lo hicieron figuras del PRO como Torres (Chubut) y Frigerio (Entre Ríos). ¿Convencidos? Difícil. Más bien resignados a no perder todo, a aceptar migajas con la esperanza de que la Casa Rosada no los excluya del reparto informal de favores.

Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo plata. Es poder. Es control. Es sometimiento. El gobierno libertario viene aplicando un disciplinamiento fiscal quirúrgico. El mensaje es claro: si no se alinean, las provincias quedarán a la intemperie. Sin fondos, sin obras, sin red de contención. Un esquema que tensiona la república, dinamita los puentes y pone en duda la propia existencia del federalismo como lo conocíamos.

La respuesta de los gobernadores, sin embargo, aún es tímida. El temblor está, pero la rebelión no termina de cuajar. ¿Por qué? Porque el año electoral acecha. Nadie quiere romper lanzas demasiado pronto, y muchos de los mandatarios comparten electorado con la base libertaria. Mendoza, Entre Ríos y Chubut son solo algunos ejemplos donde los liderazgos locales caminan sobre la cornisa entre la crítica moderada y el seguidismo cauto. Nadie quiere quedar del lado “equivocado” si el experimento Milei sobrevive.

Pero, ¿hasta cuándo se puede aguantar el ajuste sin romper el tablero? Esa es la pregunta que sobrevuela los pasillos del CFI. La situación es insostenible. En cinco meses, las provincias recibieron $23,1 billones en transferencias automáticas. Suena a mucho, pero representa apenas una expansión del 2,7% interanual en términos reales. Es decir: no alcanza ni para empatarle a la inflación. Y eso que estamos hablando de fondos básicos, no de lujos. No de dádivas, sino de obligaciones del Estado nacional.

Lo más provocador es que, mientras todo esto ocurre, el discurso oficial sigue hablando de eficiencia, de austeridad, de “sacar al Estado del medio”. Pero en la práctica, lo que hace Milei es concentrar el poder económico en la Nación, desmantelar el federalismo y convertir a las provincias en rehenes. Rehenes de un plan que no tiene ni colchón, ni red, ni horizonte.

Quizás esta cumbre del CFI sea solo el principio. Un primer movimiento. Un ensayo de resistencia. Pero si la tendencia no se revierte, si los gobernadores no articulan un frente común más allá de los matices ideológicos, el modelo Milei terminará por pulverizar el equilibrio entre Nación y provincias. Lo que vendrá después será una república sin república. Un país unitario disfrazado de federalismo. Y gobernadores con títulos pero sin herramientas.

Es hora de que las provincias dejen de mendigar y empiecen a exigir. De que el federalismo deje de ser un artículo decorativo en la Constitución y se convierta en una trinchera política. Porque si no hay recursos, no hay futuro. Y si no hay futuro, no hay Nación.

Fuentes: