¡Confirmado! Un Grupo neonazi bahiense fue el responsable del atentado al local de La Campora en 2021

A cuatro años del ataque al Ateneo Néstor Kirchner, una investigación por homicidio desnudó la trama oscura de Nueva Soberanía, una célula neonazi bahiense con planes de expansión, apoyo logístico, discurso de odio y un brazo armado en construcción.

Una explosión en la madrugada del 25 de mayo de 2021 estremeció a Bahía Blanca. Durante años fue un crimen impune, oculto tras el desinterés judicial y la desidia estatal. Pero un asesinato fortuito destapó una red de terrorismo ultraderechista que creció en silencio bajo un clima político que desprecia la democracia. ¿Cuántos más hay agazapados?

El 25 de mayo de 2021 no fue solo un aniversario patrio en Bahía Blanca. Esa madrugada, a las 3:00, una explosión sacudió el corazón del peronismo local. El Ateneo Néstor Kirchner voló por los aires con una carga explosiva que no dejó víctimas solo por azar: porque era de noche, porque no había nadie adentro, porque el destino decidió no sumar nombres a la lista de mártires.

Aquel atentado fue un grito de odio, una señal clara del accionar de un sector que desprecia la política, la memoria y los valores democráticos. Pero durante más de tres años, no hubo respuestas. La justicia federal miró hacia otro lado, las cámaras de seguridad mágicamente fallaron y el expediente fue derivado a la nada con una frase lapidaria: “Hay poco y nada”. Esa frase, que debería indignar a cualquier demócrata, no solo reflejaba ineptitud, sino una complicidad pasiva, esa que permite que la violencia crezca en las sombras.

Fue necesario un crimen brutal, el asesinato de Emanuel Alarcón, para que el velo de la impunidad se corriera. Pablo Dahua, hasta entonces un actor marginal en el tablero político local, resultó ser mucho más que un homicida. El allanamiento en su casa destapó un arsenal: explosivos listos para detonar, armas de guerra, propaganda neonazi. Una escenografía que no desentonaría en una serie sobre extremismo terrorista, pero que era bien real, bien cercana.

Lo que parecía una disputa por tierras terminó siendo la puerta de entrada al subsuelo de la política argentina, donde se mueven grupos como “Nueva Soberanía”. No estamos hablando de fanáticos aislados ni de loquitos sueltos. Estamos hablando de una organización estructurada, jerárquica, con roles definidos, entrenamiento militar, planificación logística y objetivos estratégicos. Una agrupación que coqueteaba con la política mientras preparaba atentados, que reclutaba jóvenes con entrevistas ideológicas y diseñaba panfletos con estética nazi.

La justicia tardó, pero llegó. En octubre de 2024, la jueza federal María Gabriela Marrón procesó a Dahua por su participación directa en el atentado al Ateneo, lo describió como “miembro de un colectivo antidemocrático, de ultraderecha y extremista”, y confirmó lo que muchos sospechaban: no fue un hecho aislado, fue parte de un plan.

Ese plan incluía fusionarse con otro grupo radical, Faro Austral, para dividir tareas entre un ala política y un brazo armado. Querían más que panfletos: buscaban “control territorial”, discutían “voladuras de puentes”, analizaban tácticas militares. La evidencia es contundente, los audios son escalofriantes. Y lo más perturbador es que todo esto se estaba gestando en democracia, mientras se gritaban consignas de libertad y se banalizaba la política como “casta”.

Porque ese es el caldo de cultivo de estos monstruos. La demonización constante de la política, la burla a los derechos humanos, la naturalización del odio. Cuando un gobierno como el de Javier Milei, con ministros que reivindican a la dictadura, con funcionarios que niegan el terrorismo de Estado, con discursos que estigmatizan a la militancia, instala ese clima de desprecio, no sorprende que los grupos antidemocráticos se sientan habilitados para actuar.

Y mientras el gobierno cierra el Ministerio de Mujeres, recorta el financiamiento a la educación pública y reprime las protestas sociales, la ultraderecha crece en las sombras. Como lo hizo Nueva Soberanía, que incluso se infiltró en sindicatos y organizaciones políticas. Dahua trabajaba en el área de prensa de ATE y participaba en movilizaciones del PJ y la izquierda. No era un marginal: era un topo, un infiltrado, un estratega del odio.

La impunidad fue su aliada. Durante tres años, la fiscalía minimizó el atentado. El fiscal Santiago Ulpiano Martínez llegó a decir que era “una sede de La Cámpora”, como si eso lo hiciera menos grave. Como si la filiación política de una víctima justificara un atentado con explosivos. Esa lógica es peligrosa. Porque abre la puerta al terrorismo selectivo, a la persecución ideológica, al “algo habrán hecho”.

Las pruebas reunidas tras el asesinato de Alarcón también vinculan el accionar de Nueva Soberanía con otros ataques: al centro cultural mapuche “Ruka Kimun”, al domicilio de un funcionario de salud, y a pintadas antisemitas previas al atentado al Ateneo. Todo con la misma firma, el mismo estilo, la misma ideología de exterminio.

Así quedó el local de La Cámpora el 25 de mayo de 2021

Pero la historia no termina ahí. Porque si algo quedó claro es que los planes de estos grupos siguen vigentes. El arsenal encontrado no era de museo. Estaba listo para usarse. Había objetivos, había logística, había nombres. Solo el azar –y un crimen común– evitó una nueva masacre.

En un país donde la memoria colectiva sostiene que “Nunca Más” es un compromiso inquebrantable, este caso debería encender todas las alarmas. ¿Qué más tiene que pasar para que el Estado actúe? ¿Qué otra explosión necesita la justicia para salir del letargo? ¿Cuántos grupos como Nueva Soberanía siguen activos bajo el radar?

No se trata solo de condenar a Dahua o Rosales. Se trata de entender que hay un proyecto político que desprecia la democracia, que busca instalar el miedo, que no cree en las reglas del juego. Y ese proyecto encuentra su mejor hábitat cuando el poder institucional lo subestima, lo niega o, peor aún, lo avala con silencios cómplices.

Hoy, a cuatro años del atentado al Ateneo Néstor Kirchner, es tiempo de decirlo sin rodeos: la ultraderecha crece cuando la democracia retrocede. Y mientras el gobierno de Milei le declare la guerra a la política, a la militancia y a la organización popular, estos grupos seguirán creciendo. Porque el odio no necesita mayoría, solo impunidad.

Fuentes: