El fiscal federal Patricio Sabadini impulsa una causa por presunta extorsión en las delegaciones chaqueñas de ANSES y PAMI. Empleados habrían sido forzados a entregar parte de sus salarios bajo amenaza de despido. En el trasfondo, una trama de financiamiento irregular, disputas internas del mileísmo y la utilización del Estado como caja partidaria. La causa podría escalar hasta las cúpulas de poder libertario.
(Por Walter Onorato) Lo que ocurre en Chaco no es un caso aislado ni un simple exceso de poder por parte de funcionarios desbordados. Lo que está ocurriendo en las oficinas chaqueñas de ANSES y PAMI representa un microcosmos del verdadero rostro del gobierno de Javier Milei: un proyecto que, mientras predica la eliminación del Estado, lo instrumentaliza como herramienta de sometimiento y como caja de recaudación política.
El fiscal federal Patricio Sabadini ha iniciado una investigación formal que podría transformarse en uno de los mayores escándalos de corrupción institucional del oficialismo libertario. Según la causa judicial abierta bajo el expediente “Investigación preliminar s/ posible delito de acción pública” (FF N° 97/2025), empleados de ambas dependencias estatales habrían sido obligados a ceder parte de sus sueldos a sus superiores para poder conservar sus empleos. El método, según el fiscal, encaja perfectamente en la figura penal de “extorsión”.
La acusación es demoledora. No se trata de meros “aportes voluntarios”, como balbucean los voceros del partido presidencial. Lo que emerge es un sistema organizado, sistemático y coordinado de presión laboral para obtener beneficios económicos con fines políticos. Un mecanismo de expoliación institucional donde la amenaza del desempleo funciona como moneda de cambio. Bajo este esquema, el aparato estatal no se achica, sino que se privatiza: se lo convierte en patrimonio exclusivo de la estructura libertaria.
Los funcionarios en la mira son Silvia Arolfo, a cargo del PAMI, y Alfredo “Capi” Rodríguez, delegado regional de ANSES y apoderado de La Libertad Avanza en Chaco. Pero el foco judicial no se agota en ellos. Lo que está en juego, y lo que pone en alerta a toda la estructura nacional, es que el procedimiento responde a un patrón de recaudación encubierta, amparada por la conducción del partido y motivada por los intereses electorales a corto plazo.
Las pruebas no son menores. En programas televisivos como “La Ves” (TN) y “Wifi 24” (A24), se exhibieron planillas bancarias con el título “LLA RENDICIÓN DESDE DICIEMBRE 2023 HASTA 13/12/2024”. Se trata de documentos que, en apariencia, registrarían las transferencias realizadas por empleados a sus superiores, consolidando así un esquema de “aportes” mensuales. Nada de esto fue desmentido con contundencia por los referentes locales de La Libertad Avanza, quienes se limitaron a esgrimir que se trataba de contribuciones voluntarias al partido. Voluntarias, claro, bajo la sombra de la amenaza de quedar en la calle.
La gravedad institucional es doble. Por un lado, se ataca la libertad de los trabajadores públicos, obligándolos a participar de una maquinaria política que no eligieron. Por otro, se vulnera el derecho a la propiedad sobre sus ingresos, convirtiendo el salario en una herramienta de coerción. No es solo un abuso de poder. Es un atentado contra el mínimo principio republicano de que el Estado no puede ser botín de guerra de un partido.
Más aún, el fiscal Sabadini advierte que las contrataciones dentro del PAMI y la ANSES chaqueña no respondieron a criterios técnicos o meritocráticos, sino a la afinidad política con el partido de gobierno. “Las contrataciones de personal, de funcionarios y de médicos en ambos organismos tenían que efectuarse respecto de aquellas personas que de alguna manera aseguren que iban a responder al partido”, sostiene el requerimiento judicial. Es decir, una estatalización del clientelismo: el Estado como premio para los leales, el desempleo como castigo para los independientes.
Resulta irónico –y profundamente alarmante– que esto ocurra en un gobierno que ha hecho de la retórica anti-casta su marca de identidad. Pero los hechos demuestran otra cosa: bajo el manto discursivo de la austeridad, La Libertad Avanza ha comenzado a montar una red de recaudación partidaria financiada con el miedo de los trabajadores y con el usufructo de las instituciones públicas.
La causa judicial avanza en un contexto de interna feroz dentro del espacio libertario. En Chaco, los alineamientos se dividen entre los que responden a Karina Milei y los que orbitan en torno a Santiago Caputo. Rodríguez, sindicado como el principal operador en la maniobra chaqueña, pertenece al primer grupo. Pero su proyección política como posible candidato a senador nacional en las elecciones de octubre amenaza con desplazar a otros aspirantes de la interna mileísta. Es por eso que esta causa también puede leerse como la punta de un iceberg de traiciones y disputas palaciegas dentro del oficialismo.
El uso partidario del Estado, las extorsiones disfrazadas de militancia, y la represión económica de los empleados públicos son prácticas que creíamos parte del pasado más oscuro del país. Sin embargo, reaparecen hoy bajo nuevas banderas, con nuevas siglas, y con una impunidad que se disfraza de revolución liberal. Mientras se predica el ajuste para jubilados, investigadores, docentes y beneficiarios de programas sociales, se financian estructuras políticas en las provincias con el dinero arrancado a punta de amenaza a los empleados estatales.
La pregunta que comienza a flotar es inevitable: ¿cuánto de este sistema chaqueño se replica en otras provincias? ¿Cuántas otras delegaciones de ANSES y PAMI están operando bajo el mismo régimen de miedo y presión? ¿Y hasta dónde llega el conocimiento –y el aval– de estos métodos por parte del propio presidente Javier Milei y su entorno?
Por ahora, el fiscal Sabadini ha solicitado medidas probatorias para verificar la autenticidad de las transferencias bancarias y avanzar en la identificación de los responsables. Pero la dimensión política del escándalo ya ha estallado. Las acusaciones ya no son marginales. Golpean el corazón del relato libertario, ese que vino a “terminar con la casta” y que hoy se sostiene sobre las prácticas más viejas del clientelismo político.
Lo que sucede en Chaco no es un accidente. Es un laboratorio. Un experimento de cómo se construye poder bajo una estética de antipolítica y un discurso de pureza moral. Una fachada que se derrumba cuando las pruebas muestran que la libertad prometida es, en verdad, una extorsión disfrazada.
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