CFK recusó al juez Lorenzetti por sus vínculos con Milei y sus declaraciones públicas anticipando el fallo

En un nuevo capítulo del lawfare contra el peronismo, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner formalizó la recusación del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la causa conocida como “Vialidad”.

Lo hizo a través de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, quienes argumentan que el magistrado carece de la imparcialidad e independencia necesarias para intervenir en un expediente que puede definir el futuro político de la dirigente más importante de la oposición argentina.

“El verdadero objetivo que persigue el funcionario recusado es dejarme fuera del proceso electoral inminente”, denunció CFK en su cuenta de X. La frase resume una estrategia de disciplinamiento político y judicial que se ha vuelto sistemática: utilizar el aparato judicial para proscribir al adversario político, en este caso, a una de las figuras centrales del peronismo.

Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una sentencia ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre pasado. Sin embargo, sus abogados recurrieron a la Corte Suprema en queja, solicitando la nulidad del fallo. Ahora, la exmandataria exige que Lorenzetti no intervenga en el proceso por sus vínculos con el presidente Javier Milei y por haber adelantado públicamente su intención de acelerar el tratamiento del caso antes de las elecciones legislativas.

Según la recusación presentada, Lorenzetti no solo mantuvo reuniones privadas con Milei —quien ya expresó públicamente que CFK “va a ir presa”—, sino que además propuso una maniobra política para que el juez Ariel Lijo fuera designado como nuevo integrante de la Corte, lo cual le permitiría a Lorenzetti asegurarse la presidencia del tribunal y alinear fallos claves a su voluntad.

Lo que Cristina denuncia es más que una falta de decoro: se trata de una estrategia de copamiento institucional que incluye presiones al Senado, reuniones secretas, amenazas de represalia y declaraciones que violan los principios más elementales de la imparcialidad judicial. Incluso, en medio de una sesión legislativa, una senadora denunció públicamente que Lorenzetti extorsionó al cuerpo advirtiendo que si no se aprobaba el pliego de Lijo, él impulsaría el rechazo del recurso presentado por CFK.

La gravedad de estos hechos no fue desmentida por el juez. Por el contrario, días después brindó una entrevista televisiva en la que ratificó que impulsaría un “rápido tratamiento” del caso, dejando en claro su voluntad de que la condena quede firme antes de los comicios de medio término.

Frente a este panorama, los abogados de CFK consideran que “tales manifestaciones, interpretadas por terceros imparciales, permiten anticipar que el Ministro Lorenzetti votará por el rechazo de nuestra impugnación y la confirmación de la condena que impide a CFK desempeñar cargos electorales”.

Así, en Argentina no se trata solo de votar, sino de quién puede ser votado. Y eso, en este caso, lo define un juez que ya expresó su sentencia en los medios. El intento de proscripción está en marcha, disfrazado de legalidad, operado desde la cúpula del Poder Judicial y con el aval de un gobierno que necesita eliminar adversarios para consolidar su proyecto de concentración de poder.

Como escribió la propia Cristina: “En realidad, nada nuevo bajo el sol: PROSCRIBIR es el verbo… y el sujeto, el PERONISMO”.




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**Resumen para Instagram (con emojis):

Cristina denunció una maniobra para sacarla del juego político

La expresidenta recusó al juez Lorenzetti por falta de imparcialidad: se reúne con Milei y anunció que apurará la condena antes de las elecciones. “El objetivo es dejarme fuera del proceso electoral”, afirmó CFK.
El lawfare sigue activo.

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