Mientras miles de detenidos padecen hacinamiento, el gobierno de Milei premia con comodidades a represores condenados por crímenes de lesa humanidad.
Diecinueve genocidas, entre ellos Alfredo Astiz y otros nombres emblemáticos del terrorismo de Estado, fueron trasladados a una unidad penal de privilegio en Campo de Mayo. La decisión fue ejecutada por el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. El argumento: liberar plazas. La realidad: premiar el silencio de quienes aún ocultan el paradero de los desaparecidos.
Campo de Mayo: del horror clandestino a la comodidad impune
Cuando se habla de Campo de Mayo, no se trata de un espacio cualquiera. No es una cárcel más. Es uno de los principales centros de exterminio que funcionaron durante la última dictadura cívico-militar. Es, también, un símbolo de la impunidad que algunos sectores de poder se niegan a abandonar. Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, ese lugar vuelve a estar en el centro de la escena. Pero no como escenario de justicia, sino como refugio cómodo para quienes protagonizaron el horror.
Diecinueve genocidas, condenados por delitos de lesa humanidad, acaban de ser trasladados a la denominada «cárcel VIP» de Campo de Mayo. Entre ellos están Alfredo Astiz —el “Ángel Rubio de la Muerte”, símbolo de la traición, la cobardía y la represión— y nombres igualmente siniestros como Carlos Guillermo Suárez Mason (h), Adolfo Miguel Fonda Tigel, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice y Ricardo Miguel Cavallo, todos con sentencias firmes en la megacausa ESMA.
La medida fue dispuesta por Gabriel Esteban Aquino, Director General de Régimen Correccional, subordinado al Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. No es un hecho aislado ni accidental. Es parte de una avanzada política cuidadosamente diseñada, con respaldo en las entrañas ideológicas de La Libertad Avanza, ese espacio político que no solo coquetea con el negacionismo, sino que lo institucionaliza.
— H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) May 10, 2025
Astiz y otros 18 genocidas fueron llevados a una cárcel VIP por decisión del Servicio Penitenciario, que depende de Patricia Bullrich
Más de la mitad de los beneficiados estuvo en la reunión con LLA en Ezeiza en 2024https://t.co/okbEEn7fdL
Del Congreso a las celdas mullidas
Meses antes de este traslado escandaloso, diputados y diputadas de La Libertad Avanza mantuvieron reuniones con represores detenidos en Ezeiza. Visitas políticas a genocidas. El mensaje fue claro: no están solos, no están olvidados. Y, sobre todo, no están condenados al olvido, como quisiéramos quienes aún buscamos justicia y verdad.
Ahora, diez de esos represores —protagonistas de aquel grotesco encuentro— fueron recompensados con una prisión de comodidades. A ellos se suman otros nueve, también condenados por su participación en los más atroces crímenes cometidos por el terrorismo de Estado, que se sumaron al traslado. Una decisión institucional que actúa como un guiño, un mimo, una devolución de favores. Porque el que calla, otorga… y protege.
La mentira del “orden carcelario”
El Servicio Penitenciario Federal intentó disfrazar la decisión de pragmatismo administrativo. Alegan que se busca “liberar plazas, redistribuir la población penal masculina y generar lugar para mujeres detenidas”. Un pretexto tan absurdo como ofensivo.
La realidad de las cárceles argentinas es indiscutible: sobrepoblación, hacinamiento, violencia estructural, falta de acceso a derechos básicos. Pero esa crisis no se resuelve premiando con comodidades a quienes secuestraron, torturaron, violaron, asesinaron y desaparecieron a miles de personas. No se soluciona trasladando a un puñado de genocidas a un complejo carcelario con mayores condiciones de confort mientras la mayoría de la población penal es sometida al infierno diario.
Es indignante, y más aún cuando esos mismos genocidas siguen sin romper los pactos de silencio. No dijeron dónde están los cuerpos. No revelaron la identidad de los bebés robados. No ofrecieron ni una migaja de arrepentimiento. Por el contrario, muchos de ellos siguen reivindicando su accionar. Son delincuentes de Estado que jamás se desvincularon del aparato represivo que los formó. Pero en este país del revés, hoy descansan con mejores condiciones que los pibes sin juicio, los pobres sin abogado, las mujeres olvidadas por el sistema.
Del negacionismo discursivo a la política activa
Lo que comenzó como una serie de declaraciones negacionistas —“guerra sucia”, “no fueron 30 mil”, “hay que mirar para adelante”— hoy toma forma concreta en políticas de Estado. Javier Milei, que relativizó públicamente los crímenes de la dictadura, habilita con hechos lo que antes eran solo palabras provocadoras. Y Patricia Bullrich, que se precia de representar el orden, firma con su gestión el acta de una injusticia sin nombre.
Campo de Mayo no es un penal cualquiera. Es un lugar que debería arder de memoria. Y sin embargo, se transforma en un oasis para quienes deberían cumplir su condena en cárceles comunes, sin beneficios, sin privilegios, sin cuarteles reciclados en suites penitenciarias.
El privilegio como estrategia del silencio
Esta medida no solo es un gesto político. Es una estrategia. Porque a los represores se los premia para que no hablen. Para que no digan lo que saben. Para que no rompan los pactos de impunidad que aún hoy protegen a civiles, empresarios, jueces y periodistas que fueron parte —activa o cómplice— del aparato represivo.
Los familiares, las organizaciones de derechos humanos, los querellantes, los sobrevivientes, lo denunciaron con claridad: no es una solución, es una provocación. No es una política de justicia, es un retroceso brutal. Es, en definitiva, un mensaje escalofriante: en la Argentina de Milei, los genocidas tienen más derechos que sus víctimas.
La cárcel común como principio innegociable
Hay cosas que no se discuten. Que no admiten grises. Que no se negocian. Una de ellas es la cárcel común, perpetua y efectiva para los responsables del terrorismo de Estado. Porque el castigo no es venganza, es justicia. Porque no se trata solo de penas, sino de memoria, de dignidad, de reparación histórica.
Premiar a los genocidas mientras se recorta el presupuesto para las universidades, se vacía la salud pública, se persigue a la protesta y se desmantela el Estado no es solo una incoherencia: es una muestra clara de hacia dónde quiere ir este gobierno. Y lo que quiere dejar atrás: la verdad, la justicia, los derechos humanos, la memoria colectiva.
Un país al borde del olvido
En cada traslado VIP, en cada guiño al negacionismo, en cada acto oficial que intenta resignificar lo inadmisible, se juega mucho más que una coyuntura carcelaria. Se juega el sentido de país que queremos. Uno donde los genocidas sean tratados como tales, o uno donde el olvido y la indiferencia se transformen en política pública.
Javier Milei y Patricia Bullrich eligieron. Eligieron proteger a los responsables de los crímenes más oscuros de nuestra historia reciente. Eligieron pisotear décadas de lucha, de dolor, de búsqueda incansable. Eligieron premiar el silencio y castigar la memoria.
Pero del otro lado, estamos quienes no olvidamos. Quienes seguiremos reclamando, gritando, denunciando. Porque todavía hay cuerpos que no aparecieron. Porque aún hay nietos que no conocen su identidad. Porque los genocidas no dijeron la verdad. Y porque mientras no haya justicia, no habrá paz.
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