La reciente modificación del esquema de anticipos del Impuesto a las Ganancias y la eliminación de la retención del IVA en las importaciones generaron un duro impacto en los recursos coparticipables. Gobernadores de todo el país, incluidos radicales cercanos a la Casa Rosada, denuncian que Javier Milei y Luis Caputo están vaciando a las provincias para sostener su show ideológico de baja de impuestos, mientras mantienen intactos tributos no coparticipables como el impuesto al cheque, los combustibles o las retenciones.
Cuando Javier Milei proclama, micrófono en mano, que está bajando impuestos como ningún otro gobierno en la historia, lo que no dice —pero sienten en carne viva los gobernadores de todo el país— es que esos recortes no los paga la Nación, sino las provincias. La supuesta «libertad económica» del gobierno libertario tiene un costo: la asfixia fiscal del federalismo. Y ese costo, como casi todo en su modelo, lo pagan otros.
En las últimas semanas, ARCA, la agencia recaudadora nacional, implementó dos medidas que golpearon directamente los ingresos coparticipables de las provincias. Por un lado, eliminó el anticipo de junio del Impuesto a las Ganancias que solían pagar las grandes empresas —un 25% del total— y lo redistribuyó en nueve cuotas iguales a lo largo del año. Este simple cambio contable implica un bache inmediato en la recaudación de junio, mes clave en la planificación de gastos provinciales, especialmente en contextos de inflación e inestabilidad.
Por el otro, se modificó la mecánica de retención del IVA en las operaciones aduaneras, lo que en los hechos significa dejar de cobrar IVA sobre las importaciones. Este tributo, uno de los más importantes y de fácil recaudación, también es coparticipable. Es decir, que cada peso no retenido por Nación equivale a un peso menos para provincias y municipios.
Las consecuencias no tardaron en llegar: bronca generalizada, incluso entre los gobernadores más cercanos a la Casa Rosada. «Quedan bien con la nuestra», se quejó uno de ellos con bronca ante La Política Online. La frase resume el malestar de los mandatarios provinciales que observan cómo la Nación luce ante las cámaras su política de baja de impuestos mientras ellos deben lidiar con una recaudación menguante y compromisos crecientes.
Pero el problema no es sólo financiero: es profundamente político. En su afán de reducir la presencia del Estado, Milei está dinamitando los pilares fiscales del federalismo argentino. Y no lo hace con una reforma tributaria seria, debatida en el Congreso y con criterios equitativos. Lo hace por decreto, vía ARCA, en la más pura tradición del unitarismo fiscal que tanto dice combatir.
Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y radical aliado a Milei, fue uno de los pocos que se animó a ponerle nombre y apellido a la trampa. «Es fácil para el Gobierno nacional eliminar o bajar impuestos que son coparticipables», denunció durante una conferencia en el Llao Llao. Con precisión quirúrgica, Cornejo explicó que Nación concentra los tributos de recaudación sencilla —»los que se cazan en el zoológico», dijo— y que muchos de esos impuestos tienen asignaciones específicas que no se coparticipan, como el destinado a subsidiar el transporte. “Que lo eliminen o que lo coparticipen”, reclamó, sin medias tintas.
No es una queja aislada. Desde el Ministerio de Economía bonaerense, Pablo López advirtió que en marzo la recaudación nacional cayó 8,2% en términos reales, impulsada fundamentalmente por la merma en IVA y Ganancias. Pero en el caso de los fondos coparticipables —aquellos que se distribuyen entre todas las jurisdicciones— la caída fue aún más grave: un 12% real. Es decir, mientras la Nación puede sostener sus gastos, las provincias ven cómo se licúan sus recursos en un contexto de inflación y ajuste brutal.
Este nuevo capítulo del saqueo fiscal no es un error de cálculo: es parte de un modelo que Milei aplica con fanatismo ideológico. El gobierno libertario no busca una distribución más justa ni una administración más eficiente. Busca desfinanciar todo lo que no puede controlar. La motosierra no apunta al Estado nacional —que sigue cobrando impuestos no coparticipables como el cheque, los combustibles o las retenciones agrícolas—, sino al Estado federal, al que considera un obstáculo político.
El relato de la «libertad» se financia con plata ajena. Las provincias deben enfrentar el malestar social, pagar salarios, sostener hospitales y escuelas, mientras la Nación se reserva el derecho de decidir qué impuestos cobra y cuáles deja caer. Es una lógica profundamente centralista que contradice los principios constitucionales del federalismo, pero que se presenta maquillada como «liberalismo».
Los gobernadores lo saben. Algunos callan, por conveniencia o temor. Otros —como Cornejo— empiezan a levantar la voz. Pero todos, sin excepción, están viendo cómo sus presupuestos se evaporan mientras en Buenos Aires se celebran conferencias de prensa con anuncios grandilocuentes sobre la reducción de impuestos que nadie en el interior pidió, y que nadie en el interior puede sostener.
La situación, además, es insostenible en términos prácticos. Con las transferencias discrecionales prácticamente eliminadas y los fondos coparticipables recortados, las provincias se ven forzadas a aumentar su endeudamiento, ajustar sus presupuestos o aumentar sus propios tributos, contradiciendo así la promesa libertaria de alivio fiscal. O, peor aún, a depender de fondos de origen incierto, con condicionalidades políticas o favores a cambio.
Este vaciamiento del federalismo se inscribe en una lógica más amplia de recentralización del poder, en la que Milei busca convertirse en el único actor válido del escenario político nacional. Pero la resistencia ya comenzó, incluso entre sus supuestos aliados. Porque no hay relato que aguante cuando faltan recursos para pagar sueldos, mantener hospitales abiertos o garantizar servicios básicos.
La motosierra, lejos de “terminar con la casta”, está destruyendo los mecanismos de solidaridad fiscal sobre los que se construyó el país. Y lo hace de manera unilateral, autoritaria y profundamente injusta. Las provincias no son una variable de ajuste: son la base misma del pacto democrático argentino. Dinamitarlas no es una reforma. Es una traición.
Fuente:
Deja una respuesta