“Argentina con Cristina”: La movilización que representa el choque entre un pueblo que no olvida y el aparato judicial del poder económico

La movilización convocada para este miércoles en respaldo a Cristina Fernández de Kirchner expone mucho más que una manifestación política: representa el choque frontal entre un pueblo que no olvida y un aparato judicial funcional al poder económico y a un gobierno que desprecia la democracia.

Con una sentencia confirmada por la Corte Suprema y a la espera de que se determine si cumplirá su condena en prisión domiciliaria o en una cárcel común, la expresidenta será acompañada por una marcha que promete ser multitudinaria. Sindicatos, movimientos sociales y gobernadores peronistas se alinean en una causa que trasciende lo individual: la defensa de la democracia frente a la maquinaria de proscripción orquestada por el macrismo, la Casa Rosada y sus socios judiciales.

Hay momentos en los que la historia se resume en una calle. En una consigna. En una figura que despierta pasiones, miedos, odios, esperanzas. Cristina Fernández de Kirchner volverá este miércoles a Comodoro Py, ese símbolo grotesco de la justicia argentina, acompañada por una marea de pueblo que se niega a ser espectadora de su proscripción.

La cita no es menor. A las 10 de la mañana del 18 de junio, desde San José y San Juan, punto de residencia de la exmandataria en el barrio porteño de Constitución, partirá una marcha que ya no responde solamente a la urgencia de una causa judicial amañada. Lo que está en juego es mucho más profundo: es el sentido mismo de la democracia.

La militancia no marcha solo por Cristina. Marcha con ella, en defensa de un proyecto de país que, con errores y contradicciones, fue capaz de poner al pueblo en el centro de la política. Y lo hace enfrentando a un poder judicial que no puede explicar por qué condena sin pruebas a una expresidenta mientras absuelve a saqueadores seriales del patrimonio nacional. Porque no se trata de justicia. Se trata de disciplinamiento.

El Partido Justicialista convocó a esta movilización histórica, que cuenta con el respaldo de sindicatos como la CTA Autónoma, ATE, La Bancaria y el poderoso gremio de Camioneros. Pablo Moyano fue claro tras reunirse con Cristina: “Hay que dejarse de joder y unirse”. Y no es solo una frase: es la consigna que atraviesa esta hora dramática. Porque lo que se avecina no es sólo el cumplimiento de una pena absurda, sino la consolidación de una estrategia de exclusión política impulsada por la derecha más reaccionaria.

La causa Vialidad, que comenzó como un circo mediático y terminó en una condena sin pruebas concretas, fue ratificada por la Corte Suprema, ese órgano que perdió todo atisbo de imparcialidad cuando fue colonizado por el macrismo con nombramientos ilegales como los de Rosatti y Rosenkrantz. Ahora, la decisión final está en manos del Tribunal Oral Federal 2, que deberá definir si Cristina cumple su condena en arresto domiciliario o es enviada a una cárcel común.

La defensa de la expresidenta argumenta que no sólo su edad y su rol histórico ameritan la prisión domiciliaria, sino que su integridad física corre peligro. No se trata de especulación: Cristina fue víctima de un intento de magnicidio en 2022. Mientras los autores materiales están siendo juzgados, los intelectuales gozan de libertad y vínculos con figuras del actual gobierno. Gerardo Milman, por ejemplo, fue apuntado en la investigación y responde a Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad y responsable del Servicio Penitenciario Federal. ¿Puede alguien creer que una cárcel común garantizaría su seguridad?

El propio TOF2 recibió informes que certifican que su domicilio en Constitución es “apto” para el cumplimiento de la condena. Sin embargo, las presiones no cesan. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, voceros judiciales del macrismo, insisten con la cárcel común. Desde la Casa Rosada, Guillermo Francos, jefe de Gabinete de Javier Milei, ya dejó en claro su molestia: “Una cosa es que le den arresto domiciliario, otra es que se asome al balcón”.

No es casual que ese balcón se haya convertido en el epicentro simbólico de esta resistencia. Como Gaspar Campos en los años del exilio peronista, la esquina de San José y Humberto Primo es hoy el altar de una militancia que no se resigna. Durante días, la vigilia no se interrumpió. Ni siquiera cuando la Policía de la Ciudad, siempre presta al capricho del poder, irrumpió con violencia para desalojarla. Volvieron. Porque lo que está en juego no es solo el futuro de una dirigente: es el derecho del pueblo a elegir.

La consigna “Argentina con Cristina” se multiplica en carteles, banderas, redes y gargantas. En las provincias y en los barrios, en las fábricas y las universidades, la convocatoria crece y se nacionaliza. El objetivo: garantizar que Cristina vuelva a su casa. Pero también dejar claro que la proscripción no pasará sin resistencia.

Mientras tanto, en la sede del PJ de la calle Matheu, el peronismo todo –o casi todo– se reúne para delinear estrategias. Sergio Massa, Juan Grabois, Guillermo Moreno, gobernadores, intendentes, todos confluyen en una misma urgencia: la unidad como condición de supervivencia. No hay lugar para tibios ni para mezquindades. La embestida es tan feroz que no deja espacio para las dudas. O se está del lado de la democracia, o se está del lado del partido judicial.

ATE convocó a un paro general de 24 horas. La CTA Autónoma anunció “abandono de tareas”. La Bancaria prepara cese de actividades. Los movimientos sociales organizan columnas que se sumarán desde distintos puntos del país. No es sólo una marcha: es una rebelión pacífica contra una estructura judicial colonizada por los intereses del poder económico y los resabios de la dictadura.

Desde el Ministerio de Seguridad se relevaron cárceles federales e incluso se barajó el uso del Edificio Centinela de Gendarmería. ¿Qué clase de República encierra a quien construyó universidades, aumentó los salarios, defendió la soberanía y combatió el hambre, mientras premia con fueros y blindaje mediático a los responsables del endeudamiento y el saqueo?

El miércoles será un parteaguas. Si Cristina es llevada a prisión común, será la señal definitiva de que el Estado de Derecho ha sido reemplazado por un régimen de venganza. Si se le concede la domiciliaria, no será una concesión de justicia, sino una victoria de la movilización popular. Pero en cualquier caso, lo que se mide es la temperatura de un pueblo que comienza a despertar.

“Vienen por ella, vamos con ella”, dice la consigna. Pero en realidad, vienen por todos. Por la memoria, por los derechos, por el salario, por la dignidad. La respuesta está en la calle. Ahí donde la democracia late con fuerza cuando el Palacio la traiciona. Este 18 de junio no será un simple trámite judicial. Será una declaración de principios.

Porque la historia –como tantas veces en Argentina– no se escribe en los despachos. Se grita en la calle. Y esta vez, la calle es con Cristina.

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