La degradación no es solo simbólica. Con Alberto Baños confirmado como subsecretario ad honorem de Derechos Humanos —sin sueldo pero con plena obediencia al dogma negacionista del gobierno de Javier Milei—, el Estado argentino consagra un nuevo capítulo en el desmantelamiento de la política de memoria, verdad y justicia.
La exSecretaría es ahora un cascarón institucional, mutilado por despidos masivos, vaciado de funciones y subordinado a un aparato estatal que ve en los derechos humanos un obstáculo ideológico.
Por decisión del propio Milei, y a través del decreto 357, la Secretaría de Derechos Humanos quedó reducida a una subsecretaría. Pero no solo se trata de un cambio administrativo. El plan es otro: borrar, diluir, reinterpretar, reemplazar memoria por relato, justicia por impunidad, verdad por revisionismo. Y Baños es el ejecutor ideal.
De rugbier a juez, de juez a censor
Alberto Baños no llegó por mérito técnico ni por compromiso con los derechos humanos. Fue nombrado por su amistad con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con quien comparte más afinidades ideológicas que principios democráticos. Ingresó al Poder Judicial en 1977, en plena dictadura militar, y ascendió durante los ‘90 menemistas. En 2010, firmó un hábeas corpus para beneficiar al represor y exministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.
En tribunales lo recuerdan como “un duro entre los duros”, aficionado al tiro y cercano a personajes como el exjuez Juan José Galeano, condenado por encubrir la causa AMIA. Hoy es la cara visible de una política que pretende igualar crímenes del terrorismo de Estado con los cometidos por organizaciones armadas, en un intento burdo de reescribir la historia con lógica de “guerra sucia”.
Tierra arrasada
Desde su llegada en diciembre de 2023, Baños comandó la ofensiva contra los organismos, trabajadores y espacios que sostienen el legado de memoria construido en las últimas décadas. Hasta marzo de este año se despidieron 405 empleados. Y si se concreta el recorte adicional del 30% anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni, se sumarán al menos 170 cesantías más. En total, quedaría en pie apenas un tercio de la estructura original.
El impacto es devastador:
El Archivo Nacional de la Memoria quedó virtualmente paralizado.
Se disolvió el cuerpo de peritos que trabajaba en causas de lesa humanidad.
Hay provincias sin querellantes.
Solo queda un abogado para atender estas causas en CABA y PBA.
La Dirección de Sitios de Memoria fue diezmada.
El Centro Cultural Haroldo Conti fue censurado y luego cerrado.
Todo esto mientras el acceso a la exESMA —espacio de memoria y patrimonio de la humanidad según la UNESCO— se militariza. Los trabajadores deben pasar controles de la Policía Federal para entrar a su lugar de trabajo. La pedagogía del miedo reemplaza a la educación por la memoria.
El vaciamiento como política
La estrategia de destrucción no se limita a la exSecretaría. El Gobierno también desarticuló el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), creado por las Abuelas de Plaza de Mayo para identificar a los nietos apropiados durante la dictadura. El objetivo no es económico. Es ideológico. Se busca borrar todo rastro de una política de Estado orientada a reparar el terror sistemático perpetrado entre 1976 y 1983.
El ANM y el Museo Sitio de Memoria ESMA fueron absorbidos como simples “unidades operativas” del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), que se encuentra acéfalo. En su lugar suena el nombre de Ana Belén Mármora, periodista ultracatólica y esposa de un funcionario de la Secretaría de Culto. La memoria como botín ideológico de los sectores más reaccionarios.
Derechos humanos, solo para algunos
Con Baños como subsecretario ad honorem, el negacionismo del Gobierno se institucionaliza. Se honra al represor, se despide al querellante, se premia al censor, se margina a las Abuelas. Se construye una narrativa en la que los crímenes del Estado ya no son delitos de lesa humanidad sino “excesos de una guerra”. Y se instala, desde el poder, la idea de que la memoria estorba.
Mientras tanto, los juicios por delitos de lesa humanidad se debilitan. El rol del Estado como querellante se desintegra. El silencio comienza a ocupar el lugar que durante años tuvo la búsqueda de justicia. Y en nombre del ajuste, se perpetúa la impunidad.
¿Hasta dónde llega el desmantelamiento?
El caso de Alberto Baños no es anecdótico. Es sintomático. Representa un modelo de gestión autoritaria, patriarcal, represiva. Su continuidad al frente de Derechos Humanos es un mensaje: el gobierno de Javier Milei no solo desfinancia el Estado, sino que busca redefinirlo. Y en esa redefinición no hay lugar para la memoria colectiva, ni para las luchas de los organismos, ni para los derechos conquistados.
Estamos ante una ofensiva ideológica feroz que no solo persigue la eficiencia del ajuste, sino también la revancha histórica de quienes nunca creyeron en la justicia por los crímenes de la dictadura. La continuidad de Baños no es una anécdota burocrática. Es el síntoma de una restauración autoritaria en curso.
Fuente:
- https://www.pagina12.com.ar/828792-alberto-banos-seguira-a-cargo-de-la-destruccion-de-las-polit
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