La trinchera fueguina contra la motosierra de Milei: «Conciliación las pelotas”

La Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande declaró un paro por tiempo indeterminado ante despidos y la inminente publicación del Decreto 334/2025 que flexibiliza el régimen fueguino; el Gobierno amenaza con “grupos anti-piquetes” y el conflicto se perfila como prueba piloto de la resistencia sindical a la era Milei.

(Por Nicolás Valdez) “Acá no hay conciliación, conciliación las pelotas”. La frase brotó áspera de la garganta de Oscar Martínez, secretario general de la UOM Río Grande, mientras una marea de buzos azules inundaba el Parque Industrial en la fría mañana del 19 de mayo. Con ella quedó sellado el repudio metalúrgico a la conciliación obligatoria solicitada por el Grupo Mirgor, conglomerado creado en 1983 por Nicolás Caputo y Mauricio Macri y hoy convertido en símbolo de un modelo que precariza para competir.

Todo empezó con 28 despidos en el sector de limpieza tercerizado y el anuncio de suspensiones rotativas en la línea autopartista. Aunque la empresa alega “ajuste productivo”, los gremialistas señalan un mensaje disciplinador: vaciar la planta para prepararla ante la oleada importadora que promete el nuevo decreto.

Mirgor pidió la conciliación para normalizar la producción destinada a Toyota y Volkswagen. Pero la UOM, apoyada por los sindicatos del polo electrónico, rechazó la medida en los tres niveles: local, provincial y nacional, y llamó a un paro activo con piquetes en los accesos a Einstein y Sarmiento.

Mientras los delegados cortaban el tránsito, llegaba a los celulares la versión final del Decreto 334/2025, publicado el 20 de mayo. La norma crea un “régimen simplificado de importación para pequeños envíos de mercaderías fabricadas en Tierra del Fuego” con un tope de US$ 3 000 y hasta tres unidades por especie al año. En apariencia es una ventanita “e-commerce friendly”. En la práctica, habilita a las propias empresas a vender online sin pasar por el circuito mayorista ni por los controles que protegen a la industria fueguina, desmontando de facto la aduana paralela que sostuvo 17 000 puestos de trabajo desde 1972.

El concepto es coherente con la lógica de la “libertad” pregonada por Javier Milei: reducir aranceles, abrir importaciones y dejar que el mercado decida. Pero en una provincia cuya matriz económica depende en un 30 % del ensamble electrónico, la flexibilización se lee como el veredicto de una eutanasia industrial.

Martínez denunció además que el Ministerio de Seguridad prepara brigadas “anti-piquetes” para intervenir en la isla. La ministra Patricia Bullrich ya ensayó este protocolo en Santa Fe y Córdoba, con comandos móviles que incluyen drones, hidrantes y la facultad de filmar manifestantes para causas penales. La sola mención generó indignación en un territorio con memoria fresca de la represión de 2012, cuando la Gendarmería desalojó obreros en Río Grande.

En off, funcionarios provinciales admiten que la Casa Rosada presiona para “limpiar rutas estratégicas” y así evitar desabastecimiento de piezas automotrices. El gobernador Gustavo Melella (ex intendente de Río Grande, hoy opositor crítico) pidió diálogo nacional, pero los puentes se vuelven humo cada vez que la motosierra presidencial corta un subsidio o un convenio.

Mirgor no es una pyme. Cotiza en Buenos Aires y Londres, factura en pesos y en dólares y—sobre todo—dialoga en línea directa con el poder político de turno. Desde que Macri vendió sus acciones en 1994, el control quedó en manos de Caputo y la familia Vázquez, pero los contratos porteños durante la gestión PRO y el reciente lobby en la Cámara de Diputados muestran que la empresa sigue orbitando la constelación del ex presidente.

Durante la pandemia, Mirgor creció fabricando celulares Samsung, autopartes y hasta barbijos quirúrgicos. Ahora apuesta a un proyecto portuario propio para exportar insumos sin pasar por el puerto estatal de Ushuaia. El dato es clave: si el régimen fueguino pierde blindaje, el negocio pasará de ensamblar a distribuir, con menos mano de obra y más logística de alto margen.

El decreto 334 llega en un momento delicado para Milei, cuya popularidad se erosiona tras el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y las protestas docentes. Necesita mostrar “eficiencia” y bajar precios de electrónica para su base porteña; sacrificar empleos australes le parece un costo periférico. No obstante, la UOM elegida como blanco no es la histórica seccional porteña, sino la fueguina, más pequeña pero estratégicamente ubicada: 200 metros de piquete bastan para bloquear el flujo de autopartes al continente.

En su discurso, Martínez conectó esta batalla local con la agenda nacional: “Ellos hablan de la fuerza del cielo y nosotros de la fuerza del movimiento obrero”. El contraste evoca la retórica libertaria (“mística religiosa de mercado”) versus la cultura sindical peronista (“pueblo organizado”). Al definir a Mirgor como “adversario con cada vez más poder”, el dirigente advierte que el conflicto no es estrictamente laboral sino ideológico: producción contra especulación; salario contra dólar financiero.

Efectos y escenarios

1. Desabastecimiento automotriz
Las terminales de Zárate y Pacheco trabajan just in time; un paro prolongado podría frenar la línea de Toyota y Ford en 72 horas.
2. Pérdida de salarios regionales
Tierra del Fuego tiene sueldos promedios un 40 % superiores al resto del país; 1 000 puestos menos implican una caída de $2 500 millones mensuales en consumo local.
3. Escalada represiva
Si Bullrich activa brigadas anti-piquetes y se produce un herido, el gobierno reeditaría el trauma del 2001: represión estatal a trabajadores industriales
4. Efecto demostración
Otros gremios (Textiles La Rioja, Calzado Santa Fe) ya anuncian plenarios para “coordinar resistencia”.

Para analistas del CETyD/Unsam, la administración Milei ensaya en la Patagonia un laboratorio de disciplinamiento que combina deregulaciones sectoriales, protocolo policial y “capitalismo de amigos”. Si la UOM cede, el set de herramientas se exportará al conurbano.

La pulsión desreguladora se justifica con el mantra “bajar precios para el consumidor”. No obstante, el propio decreto limita las compras a tres unidades por especie y US$ 3 000 anuales; un beneficio minoritario frente a la pérdida masiva de empleos. Además, al permitir que las empresas se autogestionen la logística, se socializan costos (subsidios portuarios, exenciones impositivas) mientras se privatizan ganancias.

De fondo late la disputa por la renta tecnológica. Tierra del Fuego recibía subsidios equivalentes al 0,37 % del PBI; con la nueva norma, se reemplazan aranceles por “competencia perfecta importada”, una quimera en un mercado mundial dominado por oligopolios asiáticos.

La marcha de Río Grande no es un piquete marginal: es la primera barricada obrera contra el experimento libertario. El gobierno apuesta a disciplinar rápido mediante conciliación y protocolo; la UOM responde con paro activo y denuncia pública. Si el decreto se vuelve letra muerta por la fuerza de los hechos, Milei pagará un costo simbólico frente a sus aliados financieros. Si avanza, quedará inaugurado un nuevo modelo argentino: sin industria, sin salarios y—sobre todo—sin diálogo social. En cualquiera de los dos desenlaces, “Tierra del Fuego empieza la resistencia” dejó de ser una consigna y se convirtió en un parte de guerra.