Mientras Argentina enfrenta una condena judicial por 16.100 millones de dólares por la expropiación de YPF, el gobierno libertario purga a funcionarios en silencio, señala culpables sin pruebas y esconde bajo la alfombra vínculos oscuros y conflictos de interés. ¿Es traición o una jugada para tapar una entrega premeditada?
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En medio del juicio más costoso de la historia argentina, la administración de Javier Milei decidió deshacerse de más de 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro. La noticia se anunció con un barniz tecnocrático: “reestructuración para mejorar la eficiencia”. Pero basta rascar un poco para que salte lo que se intenta disimular: el monumental fracaso del gobierno en la defensa jurídica del Estado en el juicio por la expropiación de YPF. O peor aún, la posibilidad de una entrega pactada, ejecutada desde las propias entrañas del poder.
Desde que la jueza neoyorquina Loretta Preska falló contra la Argentina con una condena de 16.100 millones de dólares en favor del fondo buitre Burford Capital, el oficialismo ha entrado en pánico. La versión oficial apunta a supuestas filtraciones internas que habrían permitido a los demandantes anticiparse a la estrategia legal del país. Pero no hay evidencia, ni nombres, ni causas abiertas. Solo despidos masivos y una caza de brujas que se parece más a una maniobra de distracción que a una verdadera investigación.
El relato libertario se sostiene con palillos: mientras despiden abogados sin causa, el jefe de la Procuración del Tesoro, Santiago Castro Videla, sigue en su cargo. Su continuidad no responde a méritos sino a padrinazgos. Es apadrinado por Santiago Caputo, miembro del llamado “triángulo de hierro” del poder mileísta, ese círculo cerrado que concentra las decisiones estratégicas del país. Pero más inquietante aún es su pasado: Castro Videla fue socio del constitucionalista Alberto Bianchi, quien trabajó codo a codo con Burford en el litigio contra Argentina. ¿Cómo puede alguien con ese conflicto de intereses estar al frente de la defensa jurídica del Estado? ¿No es eso, justamente, una forma de traición?
La Procuración, que debiera ser el escudo legal del país frente a agresiones económicas externas, parece haberse convertido en una coladera funcional a los intereses de los demandantes. No solo se redujo de seis a cuatro Direcciones Nacionales y se desmanteló la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, sino que se aplicó una poda despiadada de personal calificado. La supuesta eficiencia libertaria es, en este caso, la excusa para vaciar de capacidad técnica un organismo clave. ¿Qué eficiencia puede haber cuando se desarma el equipo que debía evitar la condena más costosa de la historia nacional?
La narrativa del gobierno se desmorona por todos lados. Hablan de filtraciones, pero no hay una sola denuncia penal concreta. Hablan de traidores, pero los verdaderos vínculos con Burford están en la cima de la estructura, no en los despachos intermedios. De hecho, los vínculos de Castro Videla con estudios que asesoraron a los fondos demandantes están documentados por medios oficialistas como Clarín. ¿Por qué entonces sigue en su puesto? ¿Qué garantías ofrece a los intereses libertarios su permanencia? ¿Acaso su rol no es más bien el de garantizar la derrota nacional en el juicio?
Lo que está en juego es mucho más que dinero. El fallo de Preska busca apropiarse del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado. La entrega de ese paquete accionario implicaría una pérdida de soberanía energética brutal, el desmantelamiento de una política pública clave y un precedente catastrófico para cualquier país que intente regular sus recursos estratégicos. Pero en vez de defender con uñas y dientes esa posición, Milei y su troupe ensayan una rendición ordenada, como si estuvieran más preocupados por quedar bien con el capital financiero que con el pueblo argentino.
¿Es todo esto una serie de errores? ¿O hay detrás una matriz ideológica que justifica el vaciamiento del Estado y la entrega del patrimonio nacional? Las evidencias apuntan a lo segundo. El gobierno que se llena la boca con la palabra “libertad” es el mismo que se arrodilla ante los buitres y ajusta cuentas con su propia burocracia estatal, como si la eficiencia se midiera en despidos y no en resultados.
En medio del escándalo, el oficialismo intenta aferrarse a una rama diplomática: el gobierno de Donald Trump decidió intervenir como “amicus curiae”, es decir, como amigo de la corte, para opinar en el juicio. Pero este gesto, aunque celebrado en la Casa Rosada, no garantiza nada. Se trata más de un alineamiento ideológico que de una defensa concreta de los intereses argentinos. Mientras tanto, la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York aceptó suspender preventivamente la orden de entrega de acciones dictada por Preska. Un alivio momentáneo que no resuelve el fondo del problema, y que depende de la apelación argentina que, dicho sea de paso, está en manos de la misma Procuración vaciada y desacreditada.
La pregunta es simple y brutal: ¿quién traicionó a la patria? ¿Los funcionarios despedidos sin pruebas o quienes sostienen en sus cargos a figuras con vínculos directos con los demandantes? ¿Hubo traición o estamos ante una entrega disfrazada de purga? El gobierno de Milei se presenta como víctima de una conspiración, pero todo indica que es parte del guion. En vez de defender los intereses nacionales, se apresta a negociar con los fondos buitres el precio de la rendición. Y mientras tanto, el pueblo argentino paga la cuenta.
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