Mientras el oro del Banco Central desaparece entre vuelos comerciales y balances opacos, el gobierno de Milei responde con tuits, cinismo y una alarmante falta de transparencia. Entró la bala y en esta extensa nota te explicamos el porqué.
(Por Walter Onorato) La insólita defensa del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, frente al escándalo del oro argentino que fue sacado del país sin destino declarado, no solo expone las debilidades contables del gobierno libertario, sino que revela el trasfondo de una política económica opaca, improvisada y plagada de ilegalidades encubiertas. En vez de brindar explicaciones serias, Milei y su equipo intentan silenciar las preguntas con tecnicismos y banalidades.
En el ocaso de un domingo futbolero, mientras la atención pública estaba volcada a los clásicos del campeonato local, el secretario de Finanzas de Javier Milei, Pablo Quirno, protagonizó uno de los capítulos más bochornosos de la gestión libertaria: un intento desesperado por justificar lo injustificable, tapar lo destapado y maquillar lo que a simple vista es un escándalo de magnitudes históricas. En lugar de explicaciones detalladas sobre el destino de más de 2.000 millones de dólares en reservas de oro del Banco Central, lo que ofreció fue un print de balance subido a Twitter y un silencio ensordecedor sobre las preguntas fundamentales.
¿Dónde está el oro argentino? ¿Por qué se lo llevaron en vuelos comerciales? ¿A qué operación responde? ¿Está caucionado? ¿Genera algún rendimiento? ¿Por qué no figura con claridad en los balances contables del BCRA? Ninguna de estas preguntas tiene, al día de hoy, respuesta oficial. Lo único cierto es que el oro salió del país y que, pese a la descomunal suba en su cotización internacional —alcanzando un récord histórico de 3.500 dólares la onza—, el balance del Banco Central sigue registrándolo con la misma valuación obsoleta de ejercicios anteriores. Como si el oro no hubiese subido ni un centavo. Como si su destino no importara. Como si no fuera de todos los argentinos.
La maniobra fue inicialmente revelada por LPO en una nota de Luciana Glezer, y la reacción inmediata del gobierno no fue esclarecer, sino desmentir… a medias. Quirno tuiteó una captura del balance del BCRA, como si eso alcanzara para cerrar el tema. En la imagen se refleja la misma cantidad de onzas que en los balances de 2022 y 2023, lo que agrava aún más el panorama: el gobierno ni siquiera se dignó a actualizar la valuación del activo, ni a declarar si esas onzas están efectivamente en poder del Estado.
Y es que no se trata solo de una omisión técnica o contable. Aquí lo que está en juego es la legalidad misma de una operación financiera sin precedentes en la historia económica argentina. El traslado del oro se realizó en vuelos comerciales, sin informar previamente al Congreso, sin comunicar su destino, sin detallar el uso de los activos ni si están caucionados. El propio ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, reconoció la operación después de que fue revelada por la prensa. Y ni él ni Santiago Bausili, presidente del Banco Central, brindaron explicaciones públicas.
El oro, que representa una porción significativa de las reservas argentinas, fue removido del país en un contexto de crisis económica profunda, donde cada dólar cuenta y donde la confianza en las instituciones monetarias está por el piso. Pero lejos de una estrategia de fortalecimiento del BCRA, la maniobra parece más bien una fuga encubierta, una operación oscura en la que la transparencia brilla por su ausencia y las autoridades se niegan a rendir cuentas.
La gravedad institucional del caso es alarmante. No solo por la opacidad de la operación, sino porque los balances presentados por el Banco Central no cumplen con las normativas básicas de los consejos profesionales de Ciencias Económicas: no se informa si el oro está disponible o si su uso está restringido; no se especifica si está generando rendimiento, ni se detalla su cantidad precisa ni su destino. Esa omisión no es menor. Según especialistas en derecho económico consultados por LPO, podría constituir un delito penal.
Y sin embargo, el Poder Judicial permanece inmóvil. Las dos denuncias presentadas por el gremio La Bancaria, encabezado por Sergio Palazzo, ante la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, duermen el sueño eterno en los despachos judiciales. La Justicia, tan ágil para perseguir opositores o criminalizar protestas sociales, parece súbitamente paralizada cuando se trata de investigar al gobierno de los «libertarios», a sus CEOs disfrazados de funcionarios y a sus experimentos con los activos del Estado.
Incluso Martín Redrado, ex presidente del Banco Central y siempre diplomático, no pudo ocultar su sorpresa y calificó la operación como «inédita», reclamando que se informe no solo el porqué de la remoción del oro, sino también en qué plazos se espera su retorno al país. Un reclamo que, en cualquier democracia madura, sería atendido con urgencia por las autoridades competentes. Pero en la Argentina de Milei, donde todo lo público es sospechoso y todo lo estatal es enemigo, lo más sensato parece haberse vuelto subversivo.
Lo más indignante es que el propio Quirno, encargado de la patética defensa tuitera del oro perdido, ni siquiera forma parte del Banco Central. En nombre de una supuesta «independencia» de la entidad monetaria, el gobierno pone a un funcionario externo a dar explicaciones que ni el propio presidente del BCRA se anima a brindar. Es el colmo de la lógica invertida: el que no tiene competencia, habla; y el que la tiene, calla.
Lo que está ocurriendo con las reservas de oro del país no es un episodio menor. No es una discusión técnica, ni un desliz contable, ni un error burocrático. Es una advertencia. Una señal de alarma que anticipa el tipo de gobierno que lidera Javier Milei: uno que desprecia la transparencia, que desprecia la rendición de cuentas, y que está dispuesto a utilizar los recursos públicos como si fueran propiedad privada de una casta libertaria que solo rinde culto al mercado, a los algoritmos y a sus propios intereses.
En nombre de una «libertad» vaciada de contenido, los libertarios están escribiendo un nuevo capítulo de saqueo institucional, disfrazado de tecnocracia. En nombre de la eficiencia, están perpetrando lo inefable. En nombre de la verdad, están escondiendo oro en algún lugar del mundo. Tal vez en Basilea. Tal vez en Londres. Tal vez en algún paraíso financiero donde la justicia argentina jamás se atreva a mirar.
Y mientras tanto, la explicación oficial es un tuit.
El oro de los argentinos, hipotecado en las sombras
Mientras el gobierno celebra un balance superavitario del BCRA, crecen las sospechas sobre la utilización del oro como garantía opaca y el financiamiento encubierto del Tesoro vía emisión de letras. Caputo admitió haber enviado lingotes al exterior pero nunca aclaró ni el destino final ni los términos del supuesto rendimiento financiero. A la vez, el Tesoro se nutre de supuestas «utilidades» para afrontar vencimientos de deuda en pesos que no logra renovar, desnudando una arquitectura de financiamiento estatal basada en ficciones contables y opacidad institucional.
En el mundo de las finanzas públicas, los balances dicen tanto por lo que muestran como por lo que ocultan. El reciente informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que exhibe con bombos y platillos un superávit cercano a los 19 billones de pesos, es un claro ejemplo de esta regla. De ese monto, 11 billones fueron transferidos al Tesoro nacional como “utilidades”, bajo la lógica de que el Estado es el accionista mayoritario del banco emisor. Sin embargo, detrás de esta apariencia de solvencia, se esconde un entramado financiero opaco, con piezas faltantes, cuentas que no cierran y una pregunta que resuena cada vez con más fuerza: ¿dónde está el oro?
Luis Caputo, ministro de Economía y cerebro detrás de esta maniobra, ha vuelto a poner en práctica una vieja táctica de su repertorio: jugar con la semántica para ocultar una operación estructural de alto impacto. En su momento, y sólo ante la evidencia irrefutable —fotos, denuncias sindicales y una ola de críticas—, admitió que lingotes de oro salieron del país en vuelos comerciales. Tres embarques reconocidos. ¿El destino? Oficialmente incierto. Caputo dijo que fue enviado como «colateral», es decir, como garantía de una operación crediticia. Dijo, además, que generaba “rendimientos”. Pero en el balance oficial del BCRA no hay ni una sola línea que explique cómo, dónde ni a qué tasa ese oro está rindiendo. Solo figura un monto: 4.000 millones de dólares. Sin ubicación geográfica, sin trazabilidad y sin transparencia.
Esto no es un tecnicismo contable. Es una hipoteca sobre uno de los activos más valiosos del país, en un contexto de reservas exiguas, dependencia del swap chino y presiones constantes sobre la deuda en pesos. La excusa oficial para este movimiento fue maximizar rendimientos. Pero en el fondo, se trata de una cesión encubierta de soberanía financiera, realizada sin el más mínimo debate institucional ni información pública verificable. ¿A qué jurisdicción se envió el oro? ¿Está en Londres, como se especula? ¿Fue puesto en Basilea, como sugieren otros? ¿Corre riesgo de embargo, como ya ocurrió con fondos buitre y el caso YPF? Nada de eso fue explicado. Y mientras tanto, los trolls oficiales lanzan ataques contra periodistas que se atreven a preguntar.
El otro gran componente del balance presentado por el BCRA es la transferencia de utilidades al Tesoro nacional. De los 19 billones de pesos de superávit, 11 fueron transferidos como si se tratara de dividendos de una empresa privada. Pero a diferencia de una firma que opera con fines de lucro, el Banco Central tiene la responsabilidad de custodiar la estabilidad monetaria. Esta utilización de utilidades contables, muchas veces infladas por diferencias de valuación y operaciones financieras no líquidas, expone una preocupante estrategia: el Estado se financia a sí mismo a través del banco emisor sin reconocerlo como tal. Lo que el macrismo criticaba cuando era oposición, hoy lo ejecuta con la misma voracidad.
La maniobra se torna aún más grave cuando se observa el contexto: el gobierno no logra renovar su deuda en pesos en cada una de las licitaciones quincenales. La última renovación fue del 70%, lo que significa que el 30% restante —cientos de miles de millones— deben ser pagados en efectivo. ¿Con qué fondos? Con esos 11 billones que le transfiere el BCRA, disfrazando financiamiento monetario como distribución de utilidades. Así, se elude el debate legislativo, se burla el mandato de autonomía del Banco Central y se alimenta una bola de nieve que puede explotar en cualquier momento.
Incluso economistas afines al oficialismo, como Nicolás Gadano, reconocen lo evidente: el Banco Central volvió a financiar al Tesoro, en contra de toda la retórica libertaria que prometía una “motosierra” al gasto público y un Estado austero. Pero esta no es austeridad. Es ingeniería financiera disfrazada de eficiencia. Es la vieja práctica de hacer magia con la contabilidad para tapar los agujeros estructurales del modelo económico. Un modelo que, por ahora, solo ha demostrado eficacia en el ajuste sobre jubilados, universidades y salarios reales, mientras juega a la timba con los activos del Estado.
Las explicaciones oficiales rozan lo absurdo. Pablo Quirno, secretario de Finanzas y mano derecha de Caputo, desmintió la falta de información durante un superclásico entre Boca y River. En plena transmisión del partido, usó su cuenta de X (ex Twitter) para lanzar un “Otra vez mintiendo” dirigido a la nota de Luciana Glezer, periodista que expuso las inconsistencias del balance. Pero no ofreció una sola prueba documental. Solo ataques y sarcasmo. Mientras tanto, desde sectores del campo popular se intentó mostrar que el oro sí figura en el balance. Y es cierto, aparece un monto. Pero no hay detalle de la operación crediticia, ni del destino, ni de los términos contractuales. Aparece el número, pero falta el contexto. Y sin contexto, no hay verdad.
La pregunta de fondo no es meramente técnica: ¿cuál es el sentido de tener reservas si no se sabe dónde están ni cómo se usan? ¿Qué margen tiene la Argentina para enfrentar contingencias si sus activos más seguros y líquidos están hipotecados en operaciones opacas, sin control parlamentario ni rendición pública? En un país acostumbrado a las crisis de deuda y las corridas cambiarias, esta falta de previsión y transparencia es una bomba de tiempo. Y como siempre, el costo lo pagan los de abajo.
El gobierno de Javier Milei prometió transparencia, institucionalidad y fin de la casta. Pero en la práctica, recurre a las mismas maniobras que denunciaba: maquillaje contable, financiamiento encubierto y entrega de activos estratégicos. Y lo hace sin explicar nada, sin asumir costos, sin habilitar debates. El oro se fue en silencio. Las letras se multiplican sin respaldo. Y el relato libertario se sostiene con el humo de balances que esconden más de lo que revelan.
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