El presidente cerró por decreto la unidad gubernamental creada para investigar la estafa con criptomonedas que él mismo promocionó. Fue un operativo exprés de encubrimiento que desnuda el doble discurso del gobierno libertario.
(Por Walter Onorato) La estafa multimillonaria de la criptomoneda Libra, promocionada por el propio Javier Milei, ya no contará con la supuesta “unidad investigadora” creada por su gobierno. Apenas un día después del triunfo libertario en la Ciudad, la Casa Rosada decretó el cierre de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), un órgano efímero y sin credibilidad, cuya existencia solo sirvió para ganar tiempo y diluir responsabilidades. Mientras tanto, la justicia avanza a paso de tortuga, con maniobras dilatorias, ocultamientos y silencios que huelen a encubrimiento político.
El reloj marcaba 24 horas desde que Javier Milei logró un nuevo triunfo electoral en la Ciudad de Buenos Aires cuando el gobierno tomó una decisión que, en un país serio, encendería todas las alarmas institucionales. Por decreto y sin mayor explicación, se disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) creada para investigar la estafa con la criptomoneda Libra, una trama de engaños financieros internacional que tiene como figura destacada al propio presidente de la Nación.
La UTI, que había sido anunciada con bombos y platillos en medio del escándalo por la caída del esquema de inversión promovido por el estadounidense Hayden Mark Davis —visitante de honor en la Casa Rosada—, no duró más que un suspiro institucional: apenas tres meses. La excusa oficial es que la unidad “cumplió su cometido” tras recabar información de distintos organismos estatales y que esa documentación fue “remitida al Ministerio Público Fiscal”. Nadie vio ese informe. Nadie lo leyó. Nadie lo validó.
Esta jugada, oportunamente sincronizada con la elección en la Capital, refuerza lo que desde el primer momento fue una sospecha latente: la UTI no fue otra cosa que una operación de maquillaje. Un artilugio institucional para frenar el vendaval mediático y ganar tiempo mientras se apagaban los fuegos públicos del escándalo Libra. ¿Qué podía esperarse, después de todo, de una comisión cuya función era investigarse a sí misma?
Al frente de la unidad se colocó a la mano derecha del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, otro actor clave en este manto de impunidad institucional. La estrategia fue evidente: mantener el control político del supuesto proceso de investigación, evitar que el Congreso tome las riendas y, en paralelo, enterrar las preguntas incómodas. El resultado es conocido: impunidad por decreto.
La gravedad del caso Libra no se limita a los aspectos financieros. Lo que está en juego aquí es la responsabilidad directa del presidente de la Nación en la promoción de un esquema que terminó en estafa. Milei no fue un espectador. Fue un impulsor. Puso su imagen, su discurso y su investidura al servicio de una herramienta financiera sin respaldo ni control, cuyo único mérito fue atraer capital de pequeños inversores que creyeron, por buena fe o por desesperación, en la palabra presidencial.
Pero hay más. Mientras la Casa Rosada ejecutaba la orden de desarme de la UTI, en el Congreso se jugaba otra partida cargada de cinismo. La comisión de investigación que debía formarse en la Cámara de Diputados quedó bloqueada. A través de una maniobra al borde de la legalidad, el oficialismo logró un empate numérico que impidió designar autoridades. En consecuencia, la comisión nunca se puso en funcionamiento. Otra puerta cerrada. Otro cerrojo al escrutinio democrático.
Tampoco prosperaron los intentos de interpelar a los ministros responsables. Ni Luis Caputo, titular de Economía y hombre de estrecha relación con el ecosistema financiero libertario, ni Cúneo Libarona comparecieron ante el Congreso para dar explicaciones. La maniobra fue aún más descarada cuando se conoció que el oficialismo negoció incluso con sectores del kirchnerismo para evitar que Karina Milei —la omnipresente hermana presidencial— sea citada a declarar. Porque claro, todos los caminos en esta historia llevan al entorno más íntimo del presidente.
Mientras tanto, la justicia sigue atrapada en la telaraña de su propia lentitud. La jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano avanzan con extrema cautela. Algunas medidas recientes, como la inhibición de bienes de los traders Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy —organizadores del Tech Forum, donde se vendía la ilusión cripto con el sello de Milei— o del ex asesor de la CNV Sergio Morales, son apenas movimientos tibios frente a la magnitud del fraude.
Lo más escandaloso es que, a pesar de las pruebas crecientes y las imágenes públicas —como las de la madre y la hermana de Novelli vaciando cajas de seguridad apenas tres días después del estallido—, no se ha producido ninguna detención ni imputación formal sobre los principales responsables. Las causas judiciales duermen en la siesta del poder, al abrigo del blindaje mediático y la manipulación institucional.
Este caso es mucho más que un fraude financiero. Es una radiografía de cómo el poder libertario administra la impunidad. El modelo Milei, que se presenta como el campeón de la transparencia y la lucha contra la casta, termina mostrando su rostro más grotesco: el del encubrimiento, la manipulación y el desprecio por las instituciones de control. No hay épica libertaria cuando el poder se utiliza para tapar los errores propios y proteger a los amigos.
Lo más preocupante es que este episodio no es una excepción, sino una regla. Forma parte de una lógica más amplia de desmantelamiento institucional, de hostigamiento al periodismo que investiga, de captura de organismos de control y de una justicia que, más que arbitrar, acompaña.
Las señales son claras. Mientras el gobierno le declara la guerra al INCAA, a las universidades, a la ciencia y al sistema de salud, guarda un silencio atronador cuando se trata de las zonas oscuras del poder económico-financiero. Se le exige austeridad a la sociedad, pero se protege a los estafadores que estafan bajo el paraguas de la libertad de mercado.
La pregunta que queda flotando, incómoda y urgente, es: ¿cuánto más se puede sostener este modelo sin que la verdad termine abriéndose paso? Porque la historia enseña que los escándalos financieros siempre terminan estallando. Y cuando lo hacen, arrastran no solo millones, sino reputaciones, carreras y gobiernos.
Por ahora, el libertarismo parece jugar al límite con una verdad que no puede esconderse para siempre. El caso Libra es una mancha que ni la retórica incendiaria ni los decretos a medida pueden borrar. Y tarde o temprano, alguien va a tener que responder por eso.
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