Con el argumento de la eficiencia cierran 60 sucursales del Banco Nación en todo el país

La banca estatal avanza en un recorte sin precedentes que impactará en la atención al público y el rol estratégico del banco en el desarrollo económico nacional.

El directorio del Banco Nación, alineado con la política de recortes de La Libertad Avanza, oficializó un plan de «reordenamiento» que contempla la clausura de 60 sucursales, la transformación de centros PyME y la readecuación de gerencias zonales. El ajuste promete un ahorro de más de $1.000 millones a costa del desmantelamiento de una red histórica que sostenía el vínculo financiero del Estado con pymes, jubilados y comunidades del interior profundo.

El Banco de la Nación Argentina, principal entidad financiera pública del país, anunció el cierre de 60 sucursales en todo el territorio nacional como parte de un plan de ajuste en línea con la política de «motosierra» impulsada por el gobierno de Javier Milei. La medida, que se implementará a lo largo del 2025, reducirá el número de filiales de 769 a 709 y forma parte de un Plan Estratégico 2024-2027 orientado a reducir gastos operativos y «fortalecer la eficiencia».

La decisión fue comunicada oficialmente por la gestión encabezada por Daniel Tillard, presidente del banco, quien argumentó que este «reordenamiento» permitirá alcanzar los niveles de atención de 2015 y generar un ahorro superior a los $1.000 millones. Hasta el momento, la entidad afirma haber reducido ya $139 millones, cifra que proyectada a fin de año alcanzaría $836 millones.

Pero el plan va más allá del cierre de sucursales: incluye también la transformación de 45 centros de atención PyME Nación, los cuales ahora operarán mediante visitas a clientes en lugar de atención presencial. Este «cambio de paradigma», según la entidad, genera un ahorro mensual de $30 millones en alquileres, lo que suma otros $180 millones a la cuenta del ajuste.

Otra medida destacada es la readecuación de las Gerencias Zonales, que se reorganizan de acuerdo a la segmentación económica del Indec, pasando de 33 a 29. El objetivo declarado: una distribución “más equitativa” de recursos, siempre bajo la premisa de continuar achicando el gasto.

Desde la entidad insisten en que estas políticas buscan «mantener y ratificar el liderazgo del Banco Nación en el sistema financiero», al tiempo que enfrentan los «desafíos de la competencia» y avanzan hacia una “mayor transparencia y eficiencia”. No obstante, la letra chica del plan revela una pérdida de presencia territorial en regiones donde el banco cumplía una función social y federal clave, especialmente para pymes, economías regionales, jubilados y poblaciones alejadas de los centros urbanos.

En su comunicado, el Banco Nación se muestra plenamente alineado con La Libertad Avanza, resaltando que “la promesa de inflación cero viene acompañada de abundancia de créditos y la rápida transformación del banco en sociedad anónima”, una frase que encendió alertas sobre una eventual privatización encubierta.

Lejos de tratarse de una medida aislada, este paso forma parte de una estrategia de desguace del Estado que el gobierno de Milei viene aplicando en múltiples frentes: desde el vaciamiento de ministerios, hasta el cierre de programas educativos, científicos y culturales. En este marco, el Banco Nación —fundado en 1891 como herramienta clave para el desarrollo económico nacional— comienza a desandar su histórica misión de fomento productivo para reconvertirse en una entidad orientada exclusivamente al negocio financiero.

El ajuste bancario, sin embargo, no parece contemplar el impacto social de su implementación. El cierre de sucursales en ciudades pequeñas o pueblos implica desempleo, exclusión financiera y una desconexión peligrosa entre el Estado y sus ciudadanos, en un país donde el acceso al sistema bancario aún es limitado para vastos sectores.

A pocos meses del inicio del gobierno libertario, el caso del Banco Nación es paradigmático: el ahorro fiscal se presenta como trofeo político mientras se profundiza un proceso de desmantelamiento institucional que afecta servicios esenciales. Y en este camino, el costo no lo pagan quienes fugan divisas o especulan con la deuda, sino quienes hasta ahora contaban con el respaldo de un banco público comprometido con el desarrollo inclusivo.

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