El gobierno de Javier Milei avanza con su cruzada contra el Estado: elimina institutos históricos y reduce museos a meras oficinas administrativas
La historia argentina, construida a través de luchas, héroes, conquistas sociales y tragedias colectivas, está bajo ataque. El reciente Decreto 346/2025, firmado por el presidente Javier Milei, avanza en el desmantelamiento sistemático de las instituciones culturales y científicas del país. Lejos de representar un «reordenamiento del gasto público», este decreto se inscribe en una lógica más profunda: la demolición simbólica del Estado Nación y de la memoria histórica que lo sostiene.
Con una retórica tecnocrática que disfraza brutalidad como eficiencia, el Ejecutivo justifica la medida con argumentos de «reestructuración organizativa» y «modernización». En los papeles, se habla de transformar estructuras, reducir personal y hacer más ágil el funcionamiento estatal. En los hechos, se disuelven organismos esenciales para la preservación de la memoria colectiva, entre ellos el Instituto Nacional Belgraniano, el Instituto Nacional Browniano y el Instituto Nacional Newberiano.
Sí, leyeron bien: Belgrano, Brown y Newbery, figuras fundacionales de la Argentina moderna, dejan de tener instituciones específicas que estudien, promuevan y difundan su legado.
Desguace cultural en nombre del mercado
El Museo Nacional de Bellas Artes, una de las joyas del patrimonio artístico argentino y latinoamericano, es degradado a una “unidad organizativa” dentro de la Secretaría de Cultura. Se pretende que esta “reorganización” no afectará su calidad ni su funcionamiento. Pero cualquiera que conozca la administración pública sabe que la pérdida de autonomía presupuestaria y técnica implica directamente un debilitamiento estructural. El Museo será, de ahora en más, una oficina más en el engranaje de un Estado que desprecia la cultura.
Del mismo modo, el Parque Tecnópolis, símbolo de la divulgación científica y la integración social del conocimiento, pierde su status institucional. El Palacio Libertad, antiguo Centro Cultural Kirchner, continúa con su rebranding ideológico: rebautizado con el nombre de Sarmiento, parece parte de una ofensiva por imponer una única visión de país, una historia oficial sin grietas, sin contradicciones ni pluralidades.
Una memoria centralizada y domesticada
El decreto promete una “unidad de investigación histórica” que se encargará de todas las personalidades relevantes de la patria. Bajo el ropaje de la eficiencia y la pluralidad, lo que se propone es una historia oficial supervisada desde el poder, donde ya no hay lugar para la heterogeneidad ni el debate historiográfico. El pensamiento único también se impone sobre la historia.
El nuevo organismo será el encargado de “preservar la memoria”, pero desde una centralización que huele más a control ideológico que a investigación seria. ¿Quién seleccionará a los próceres? ¿Quién decidirá cuáles historias se cuentan y cuáles se silencian?
El vaciamiento simbólico de la Nación
Los recortes no solo son económicos: son simbólicos, identitarios y profundamente ideológicos. En nombre de una cruzada contra el «Estado elefantiásico», se ataca la memoria colectiva, el sentido de pertenencia, el espíritu de comunidad nacional. Cerrar un museo no ahorra millones: destruye siglos de construcción cultural.
Y no es casual. El modelo libertario impulsado por Javier Milei necesita de una población desmemoriada, apolítica, desconectada de su historia y atomizada en individuos que consumen, pero no piensan. Por eso el ataque no solo va contra el presente económico, sino contra el pasado común. Sin historia, no hay Nación. Sin memoria, no hay resistencia.
La cultura no es gasto: es soberanía
En el mismo país donde se subsidia la especulación financiera y se perdonan fortunas a los grandes evasores, el cierre de museos y centros culturales se justifica como “ahorro”. La lógica es perversa: ajustar por donde menos rinde electoralmente y más duele simbólicamente.
La ciencia histórica, en particular, queda reducida a un apéndice del aparato burocrático. El esfuerzo de generaciones de investigadores, docentes, curadores y artistas es pisoteado por una política que sólo entiende de balances contables. Se trata, en definitiva, de una colonización cultural disfrazada de orden fiscal.
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