Suspensiones masivas, salarios recortados a la mitad y abandono estatal: la Fábrica Argentina de Aviones, símbolo de soberanía tecnológica, se derrumba por decisión política.
El gobierno de Javier Milei impulsa la paralización de FAdeA con una propuesta escandalosa: suspender trabajadores durante seis meses y pagarles apenas el 50% de sus sueldos. El conflicto pone en evidencia una estrategia deliberada de vaciamiento productivo en nombre del ajuste, mientras crece la incertidumbre y el enojo entre los trabajadores.
La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), uno de los bastiones industriales más emblemáticos del país, atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. La gestión actual, alineada con las políticas del gobierno de Javier Milei, acaba de presentar ante el Ministerio de Trabajo un procedimiento preventivo de crisis. Lo que propone este documento no es una solución, sino una puñalada directa al corazón del trabajo argentino: suspender al personal por seis meses y pagarles sólo el 50% del salario neto. La propuesta, grotesca por donde se la mire, encendió las alarmas en Córdoba y desató una reacción firme por parte del personal aeronáutico.
Los trabajadores, a través de sus representantes gremiales, rechazaron categóricamente la maniobra. “Obviamente rechazamos en todos los términos lo que presenta la empresa”, expresó con indignación Marcelo Bertorello, delegado sindical, quien añadió que se pidió un cuarto intermedio para estudiar la documentación con profesionales. No se trata simplemente de cifras: detrás de este ajuste brutal hay familias, hay trayectorias laborales y hay una industria estratégica que se intenta desmantelar con absoluta frialdad.
La FAdeA no es una empresa más. Históricamente ha sido una pieza clave para el desarrollo tecnológico nacional, trabajando en estrecha colaboración con la Fuerza Aérea y generando empleo calificado. Pero ahora, todo eso parece quedar reducido a cenizas por la falta de contratos firmados con el Estado nacional, que hasta ahora representaban el 80% de sus ingresos. Esa omisión, lejos de ser un descuido, se inscribe en una lógica política deliberada: dejar morir a FAdeA por inanición presupuestaria.
El delegado Bertorello fue claro: recién tras la presión de los trabajadores comenzaron a moverse algunas piezas, y se espera que el ministro de Defensa, Luis Petri, ordene la firma de los contratos pendientes. Pero el tiempo corre y la desconfianza crece. Cada día sin trabajo, cada mes con sueldos diezmados, es un paso más hacia la destrucción de una estructura que tardó décadas en construirse.
Y no se trata sólo del Estado: los supuestos acuerdos con el sector privado, que el gobierno utiliza como muletilla para justificar el ajuste, tampoco avanzan. Jetsmart, Flybondi, Embraer… todos nombres que suenan, pero que en los papeles no garantizan continuidad ni volumen de trabajo. “Según el presidente de FAdeA, Julio Manco, está complicado”, reconocen desde adentro. Y mientras tanto, la planta cordobesa se sumerge en una atmósfera de parálisis y zozobra.
La escena es desgarradora. “Está muy complicado el día a día”, dice Bertorello. Los salarios de abril ya fueron pagados, pero eso no alcanza. Los trabajadores reclaman algo tan básico como justo: una reestructuración salarial que los ubique, al menos, por encima de la línea de pobreza. Sí, aunque suene absurdo, hablamos de operarios aeronáuticos que hoy están cobrando menos de lo que necesita una familia tipo para subsistir.
Detrás de este conflicto se dibuja un patrón que se repite en otras áreas del Estado: el vaciamiento programado, la desfinanciación, la idea de que el ajuste fiscal debe anteponerse a todo, incluso a la soberanía nacional y al trabajo argentino. ¿De qué sirve tener superávit si para lograrlo hay que destruir las bases productivas del país? ¿A quién le sirve una Argentina sin industria, sin tecnología, sin defensa propia?
El gobierno de Javier Milei, con su dogma del «Estado mínimo», está dejando un tendal de ruinas. No se trata de eficiencia, ni de ahorro, ni de “libertad”. Se trata de una ofensiva ideológica que considera al trabajo organizado como un obstáculo y a la producción nacional como un gasto innecesario. El caso de FAdeA es un botón de muestra, pero podría aplicarse a cualquier otra empresa pública. Hoy son los aviones; mañana serán los trenes, los satélites, los laboratorios, las universidades.
La propuesta de suspender por seis meses a trabajadores calificados para pagarles la mitad de su sueldo no es un error. Es un mensaje. Es Milei diciéndole a la Argentina productiva que no tiene lugar en su modelo. Es el gobierno apostando al caos como política pública, a la desarticulación del tejido laboral como estrategia, al éxodo de cerebros como salida.
El conflicto en FAdeA es también una advertencia. Lo que está en juego no es sólo el presente de cientos de familias cordobesas, sino el futuro del país. Porque sin industria, sin tecnología, sin soberanía productiva, lo que queda es una Argentina arrodillada, dependiente, irrelevante.
El ajuste no es técnico. Es profundamente político. Y como todo ajuste, se descarga sobre los mismos de siempre: los trabajadores. Pero esta vez el costo es aún mayor, porque detrás de cada suspensión hay una renuncia a un modelo de país. ¿Cuántas fábricas más deberán apagarse para que entendamos que no se trata de números, sino de dignidad?
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