CGT, CTA y ATE acusan al Gobierno de Javier Milei de querer sepultar el derecho a huelga a través de un decreto que amplía arbitrariamente los servicios esenciales. Rechazan la maniobra como inconstitucional, ilegítima y regresiva. Ya se preparan presentaciones ante la Justicia y la OIT. La pulseada recién empieza.
En una nueva embestida contra los derechos laborales, el gobierno de Javier Milei ha decidido tensar la cuerda con un decreto que apunta directamente al núcleo duro del derecho a huelga. Se trata del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, publicado recientemente en el Boletín Oficial, que reconfigura de forma autoritaria y sin discusión previa lo que el Gobierno considera “servicios esenciales” y “de importancia trascendental”. Traducido al castellano llano: se busca neutralizar las huelgas desde adentro, obligando a garantizar entre el 50% y el 75% de la actividad normal incluso en pleno conflicto laboral.
La maniobra no es inocente ni improvisada. Como en una jugada de ajedrez premeditada, el decreto fue camuflado dentro del llamado Régimen de Excepción de la Marina Mercante, pero su verdadero objetivo no se esconde demasiado: desarmar las herramientas históricas de lucha del movimiento obrero organizado. El nuevo DNU modifica artículos clave de la Ley de Ordenamiento Laboral N° 25.877, ampliando a discreción las actividades que no pueden ser interrumpidas por medidas de fuerza.
Las centrales obreras no tardaron en reaccionar. La Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya pusieron en marcha sus respectivos equipos jurídicos para presentar recursos de amparo que apunten a la inconstitucionalidad del decreto. Lo ven, con razón, como una reedición del capítulo laboral del tristemente célebre DNU 70/2023, que ya fue parcialmente desactivado por la Justicia.
La CGT lo dejó claro en un comunicado sin rodeos: “El gobierno intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”. Es una afirmación fuerte, pero respaldada por hechos. Porque lo que está en juego no es simplemente un artículo legislativo, sino la columna vertebral del sindicalismo argentino.
El abogado Pablo Topet, uno de los que encabeza la estrategia judicial de la CGT, ya había participado en la ofensiva contra el DNU 70/2023. Ahora vuelve a escena con un escenario igual de complejo. En paralelo, Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, líderes de las dos CTA, avanzan con una presentación unificada que no solo se dirigirá a la Justicia Laboral sino que contempla una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las organizaciones no están solas. Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, también anunció que su gremio presentará una impugnación formal contra el decreto. Lo calificó como “destinado a fracasar” porque viola flagrantemente el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Convenio 87 de la OIT. No se trata solo de tecnicismos legales: lo que Milei pretende eliminar por decreto es un derecho humano reconocido internacionalmente, cuyo ejercicio ha sido piedra angular de conquistas laborales históricas.
La medida firmada por Milei y su gabinete también fue rechazada por Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas. “Es una reglamentación irrazonable de un derecho humano fundamental. Y además el presidente no puede arrogarse facultades legislativas”, advirtió. Es un punto no menor. Porque más allá del contenido del decreto, la forma también está viciada: se trata de un DNU dictado sin circunstancias excepcionales que lo justifiquen, un acto que vulnera la división de poderes.
Pero mientras las organizaciones preparan su respuesta jurídica, en la Casa Rosada se desarrolla otra trama. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se reunió con Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, en un encuentro que levantó cejas y suspicacias. La reunión fue pública, pero el tema del decreto no fue parte del diálogo, según declaró Daer. Oficialmente, la conversación giró en torno al conflicto en el Hospital Naval y los más de 500 despidos inminentes. Pero la coincidencia temporal con la publicación del DNU no pasó desapercibida.
¿Es posible dialogar con un gobierno que dicta normas como esta sin siquiera levantar el teléfono para consultar a los actores sociales involucrados? ¿Puede un sindicato sentarse a negociar mientras su contraparte busca socavar el derecho de huelga por la puerta trasera?
Las preguntas no son menores. Porque si algo ha caracterizado al gobierno de Milei es su desprecio sistemático por los mecanismos institucionales y de diálogo. En su lógica, los sindicatos son enemigos a vencer, no interlocutores válidos. La conflictividad social no es una expresión de reclamos genuinos, sino una molestia que debe ser desactivada por decreto.
El DNU 340/2025 es, en esencia, un intento de desactivar el poder de fuego de los trabajadores organizados. No solo amplía los servicios esenciales hasta el absurdo, sino que al imponer porcentajes de prestación mínimos durante las huelgas, convierte el derecho a parar en una simulación de conflicto. Un paro del 75% operativo no es un paro, es una concesión, una puesta en escena sin capacidad de presión real.
Y es ahí donde radica el núcleo del problema. Porque el derecho a huelga no es solo la posibilidad de no trabajar. Es el poder de negociar desde una posición de fuerza, de hacer valer condiciones laborales justas. Limitarlo es despojar a los trabajadores de su principal herramienta para equilibrar la balanza frente al poder del capital o del Estado.
Las cartas están echadas. La batalla judicial será larga y seguramente llegue a la Corte Suprema. Pero lo que está en juego no es solo una norma más. Es la posibilidad de que la protesta social en Argentina siga siendo una herramienta legítima o pase a ser criminalizada, domesticada, anulada.
Milei juega al shock y al desgaste. Los sindicatos, por su parte, parecen haber entendido que el terreno de la legalidad también puede ser un campo de resistencia. Lo cierto es que este decreto, como el DNU 70 antes, forma parte de una ofensiva mayor para disciplinar al movimiento obrero y avanzar en una regresión de derechos que no tiene antecedentes desde la dictadura militar.
Y como en los peores tiempos, la respuesta deberá estar a la altura. En la calle, en los tribunales y en la conciencia colectiva. Porque cuando un gobierno busca suprimir el derecho a huelga, lo que intenta es imponer el silencio. Y frente a eso, callarse no es una opción.
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