Con el blanqueo de capitales propuesto por Javier Milei, el gobierno no sólo habilita la evasión y el lavado de dinero, sino que allana el camino para que fondos provenientes del narcotráfico, la trata y el contrabando ingresen al sistema económico sin rendir cuentas.
Mientras en Casa Rosada relativizan los controles y minimizan las advertencias internacionales, jueces, exfuncionarios y expertos en criminalidad financiera alertan sobre la legalización encubierta del dinero sucio. El recuerdo de la «lista gris» del GAFI resurge como fantasma, y el país se asoma al abismo de convertirse nuevamente en un refugio para el capital delictivo.
“Vamos a hacer la fría”. La frase, en apariencia inofensiva, encierra una lógica criminal y geopolítica que vuelve a cobrar sentido con fuerza inquietante. Era la consigna del narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, jefe del Cartel del Norte del Valle, para referirse al blanqueo de dinero sucio en la Argentina. Clima “frío”, legislación laxa y controles permeables: el combo perfecto para que narcotraficantes, contrabandistas y lavadores de todo tipo encontraran en nuestro país una caja de resonancia para sus negocios.
Hoy, más de una década después, el escenario vuelve a ponerse en riesgo. La propuesta de Javier Milei para permitir el ingreso irrestricto de dólares sin necesidad de justificar su origen amenaza con devolvernos a la infame “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y no es sólo una cuestión técnica o de imagen: significa, concretamente, que el país sería visto por el mundo como un destino ideal para el crimen organizado transnacional.
No se trata de especulaciones catastrofistas ni de un ejercicio de retórica partidaria. Son advertencias fundadas de quienes lidiaron con estas tramas en carne viva. José Sbatella, extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), conoce el costo de haber salido de ese pantano. Desde 2011 hasta 2014, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se libró una batalla silenciosa pero decisiva para cumplir las exigencias internacionales y limpiar el nombre del país. No fue un trámite ni un favor: se exigieron normas, fiscalización, controles duros, reportes obligatorios, monitoreo de operaciones sospechosas y voluntad política de enfrentar al poder narco-económico.
Ahora, Milei le da la espalda a todo eso. Su justificación raya lo temerario: “el narcotráfico es un problema de seguridad, no se lo combate con la economía”. Pero ¿cómo se puede enfrentar el crimen organizado si se le permite operar sin obstáculos en la economía real? El lavado de dinero es el corazón financiero del narcotráfico. Sin la posibilidad de legalizar sus ganancias, los cárteles pierden musculatura. Facilitar ese proceso —o directamente desmantelar los controles como propone el gobierno— equivale a entregarse.
El caso de Carlos Alberto Salvatore, abogado devenido en narco de peso pesado, es un espejo del riesgo. Conocido por ser el cerebro detrás de la operación «Carbón Blanco», fue atrapado tras invertir millones de dólares en propiedades rurales, autos de lujo, sociedades fantasma y cuentas bancarias tanto en Argentina como en Uruguay. ¿El disparador? Un simple Reporte de Operación Sospechosa (ROS) emitido por un escribano. La misma figura que Milei hoy pretende eliminar. Es decir: desarmar las alertas que permiten identificar, rastrear y judicializar a los lavadores.
Y ahí está la clave. Los ROS no son caprichos burocráticos: son herramientas. Son los puntos de partida para investigaciones judiciales que desbaratan redes criminales. Eliminar esa obligación es darle un guiño a los narcos, un gesto de complicidad encubierta bajo el manto de la “libertad económica”. Un juez de Comodoro Py lo dijo sin eufemismos: habilitar este tipo de blanqueo podría configurar instigación al delito. No es una falta administrativa, es una infracción penal.
A la par de esta permisividad financiera, otro frente se muestra desguarnecido: la Hidrovía Paraná-Paraguay. Según denunció Carlos Cruz, también exjefe de la UIF, ese corredor fluvial funciona como autopista para el contrabando de drogas, aceites y alimentos. Y en ese contexto, permitir el ingreso irrestricto de divisas sin saber su origen se transforma en un atentado directo contra la estabilidad económica y la seguridad pública. No se trata solo de flujos financieros abstractos: hablamos de dinero que termina compitiendo con negocios legales, alterando los precios, desestabilizando el empleo y hundiendo aún más a los sectores vulnerables.
A nadie escapa que el crimen organizado no se limita a operaciones clandestinas. Se infiltra. Compra propiedades, empresas, jueces, políticos. Como lo hizo Pablo Escobar en Colombia cuando compró una banca en el Congreso. Lo que empieza como una operación financiera termina siendo un problema político e institucional. Por eso incluso el capitalismo más crudo rechaza el dinero ilícito: porque corrompe el mercado, distorsiona la competencia y amenaza el orden institucional.
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El caso reciente del exsenador Edgardo Kueider, atrapado con 250.000 dólares sin justificar en la aduana paraguaya, también sirve de ilustración. Intentó usar el mercado inmobiliario para blanquear. Hoy, esas compras fallidas forman parte del expediente que puede condenarlo. De prosperar el plan de Milei, figuras como Kueider podrían lavar millones sin levantar sospechas. Sin dejar rastros. Sin pagar consecuencias.
Lo más alarmante, sin embargo, es la miopía del gobierno ante las obligaciones internacionales. Las leyes actuales que regulan el lavado no son opcionales. Son mandatos legales que responden a tratados multilaterales. Eludirlos por decreto o por resolución administrativa —como pretende el Ejecutivo— no sólo es ilegal, es irresponsable. Equivale a un acto deliberado de incumplimiento del orden jurídico global, con consecuencias diplomáticas y económicas de largo alcance.
En la región, el narcotráfico muta, se adapta, se sofistica. Grupos como el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) avanzan sin tregua desde Brasil. En Nordelta, en Rosario, en Córdoba, sus operaciones encuentran ecos. La frontera ya no es el límite. Es el interior del país, el corazón mismo de la economía y la política, lo que está en juego.
Marcelo Saín, exministro de Seguridad de Santa Fe, lo resume con crudeza: si el dinero sucio entra al sistema sin ser rastreado, no solo se pierde la posibilidad de condenar a los delincuentes, también se dinamita la capacidad del Estado de proteger a sus ciudadanos. Porque detrás de cada dólar no declarado puede haber una historia de sangre, trata, armas o destrucción social.
El gobierno de Javier Milei parece creer que la solución a la falta de divisas se resuelve con una amnistía financiera a cielo abierto. Pero lo que en realidad habilita es un festival de impunidad, una orgía de ilegalidad que puede costarle a la Argentina mucho más que una reprimenda internacional. Puede costarle su soberanía económica, su reputación institucional y su ya frágil tejido social.
El problema no es solo moral o legal. Es estructural. Es de supervivencia democrática. Porque cuando el dinero narco circula libremente, no hay mercado que aguante, ni justicia que resista, ni república que sobreviva.
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