Una exfuncionaria denunció el sistema de corrupción interna que gobierna La Libertad Avanza en el PAMI bonaerense: venta de cargos, pedidos de coimas, pactos con el narcotráfico y el encubrimiento del Presidente.
(Por Osvaldo Peralta) Viviana Aguirre, diputada suplente de Javier Milei en Buenos Aires y excoordinadora contable del PAMI, reveló un entramado de retornos millonarios, compras de candidaturas y vínculos con delincuentes que desmienten la promesa libertaria de “terminar con la casta”. En su testimonio, la mujer afirma haber sido engañada, obligada a pagar coimas y testigo de un esquema mafioso comandado por Sebastián Pareja, presidente del partido libertario en la provincia, con conocimiento directo del propio Milei.
Prometió “terminar con la casta”, eliminar los privilegios, extirpar la corrupción, limpiar el Estado. Lo hizo a gritos, con motosierra en mano, despotricando contra los políticos “chorros” y jurando una refundación ética. Sin embargo, a menos de seis meses de gobierno, Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, protagonizan un nuevo escándalo de corrupción que desgarra de lleno su relato anticasta: coimas, traiciones, retornos, nombramientos fraudulentos y candidaturas vendidas al mejor postor.
La denunciante no es una opositora cualquiera ni una militante despechada. Es Viviana Aguirre, diputada provincial suplente del propio Milei en Buenos Aires y excoordinadora contable de la Unidad de Gestión Local (UGL) VII del PAMI. Su testimonio, explosivo, no deja margen para la duda: dentro de La Libertad Avanza se vendían cargos por dólares, se exigían retornos millonarios para asumir puestos públicos y se tejían pactos de impunidad con personajes de prontuario oscuro, incluidos vínculos con el narcotráfico y el maltrato a mujeres.
En diálogo con Radio 10, Aguirre rompió el silencio con una frase que desnuda su decepción política y personal: “Creí que Javier Milei iba a cambiar el país”. Con esa ingenuidad, asegura, desembolsó más de 15 millones de pesos de su bolsillo —junto al doctor Raúl Simoneto— para financiar la campaña libertaria. Lo hizo convencida, dice, de estar participando en una cruzada moral. Pero pronto entendió que no estaba entrando a una revolución, sino a un mercado de favores, facturas apócrifas y chantajes internos.
Ese dinero, detalla Aguirre, se utilizó para solventar “café, viajes y reuniones”, es decir, gastos logísticos de campaña. También desempeñó tareas claves como fiscal general en La Plata, en paralelo a Carolina Píparo, figura central del espacio. La tensión interna con Píparo fue tal que tuvo que intervenir el propio Milei para permitirle “seguir otro camino” dentro del armado electoral. Un dato que confirma que el Presidente no sólo estaba al tanto de los movimientos, sino que habilitaba decisiones dentro de las disputas partidarias.
Pero el verdadero detonante del escándalo estalla cuando la mujer relata que fue obligada a renunciar a su trabajo con la promesa de asumir como “directora del PAMI”. Una falsa promoción, una zanahoria envenenada. Un mes después, Juan Esteban Osaba —mano derecha de Sebastián Pareja, presidente del partido libertario bonaerense— le exigió un “retorno” de un millón de pesos para efectivizar el nombramiento. El mecanismo, afirma, no era casual ni excepcional: se pedía el 5% del salario de los designados, que además debían firmar “papeles ilegales”.
El testimonio de Aguirre expone una práctica sistemática, una maquinaria aceitada de corrupción institucional dentro de La Libertad Avanza. Los cargos no se ganaban por mérito, compromiso o trayectoria, sino que se compraban. Y no a cualquier precio: Aguirre denunció que Sebastián Pareja vendía candidaturas a 100 dólares. No fue su caso, dice, porque obtuvo su lugar en la lista “por su trabajo” y con apoyo de Carlos Kikuchi, otro operador clave del espacio. Pero tampoco se salva de haber puesto una fortuna personal para sostener la estructura.
Y aquí es donde la trama se vuelve más oscura. Porque Aguirre no se detiene en la denuncia económica. Apunta a algo más profundo: una traición ética, una estafa política, un montaje discursivo que ocultaba prácticas peores que las de la “casta” que Milei decía combatir. “La casta sigue metida, metieron gente muy mala: vinculada al narcotráfico, a violaciones, al maltrato a mujeres”, dispara la denunciante con nombre y apellido. Acusa directamente a los actuales miembros de La Libertad Avanza y afirma que “ustedes verán todo el prontuario que tienen”.
Estas no son palabras menores. Es una diputada suplente del oficialismo revelando que hay funcionarios libertarios con antecedentes delictivos graves, que se reparten cargos públicos entre amigos del hampa, que chantajean a sus propios militantes, que organizan redes de recaudación paralelas en el Estado. ¿Y Milei? Según Aguirre, estaba al tanto. No sólo intervino en conflictos internos, sino que protegía y legitimaba a algunos operadores que hoy son señalados como parte del esquema mafioso.
Uno de ellos es Sebastián Pareja. Otro, Juan Esteban Osaba. Ambos controlan las designaciones en el PAMI y responden directamente al núcleo duro del oficialismo. Son ellos quienes pedían “el 5% del sueldo” a cambio de un puesto. Son ellos quienes decidían qué cargo se compraba, cuál se regalaba, cuál se cobraba. Un sistema de feudos políticos disfrazado de “meritocracia”, con el aval silencioso de un Presidente que ya no puede alegar desconocimiento.
Carlos Kikuchi, operador de campaña de Milei y pieza clave en el armado, también es mencionado por Aguirre. Dice que él se alejó cuando “se dio cuenta de que la cosa venía mal”, lo cual confirma dos cosas: que sabía lo que pasaba, y que prefirió callar. Como tantos otros que hoy siguen ocupando cargos y repiten el discurso anticasta con cinismo mecánico, mientras aceptan coimas, venden lugares en las listas y encubren delitos.
El caso de Viviana Aguirre es apenas una muestra de lo que ocurre en las entrañas del oficialismo. Pero tiene un valor simbólico clave: muestra que La Libertad Avanza no vino a erradicar las viejas prácticas políticas, sino a perfeccionarlas con el marketing de la pureza. Milei prometió dinamitar la corrupción, pero terminó abrazado a operadores corruptos, designando funcionarios por dinero y validando una lógica mafiosa que hoy se cobra sus primeras víctimas políticas.
¿Dónde quedó la promesa de una “nueva política”? ¿Dónde están las auditorías, las denuncias, las expulsiones? ¿Qué hará Milei frente a esta denuncia pública que lo involucra directa e indirectamente? Hasta ahora, silencio. Un silencio que retumba más fuerte que cualquier grito en cadena nacional.
La revolución liberal se revela, una vez más, como un espejismo. Detrás del discurso incendiario, se oculta una realidad de retornos, coimas, listas vendidas y operadores impunes. El cambio que Milei prometió parece ser apenas de beneficiarios, no de prácticas. Los nombres rotan, pero el mecanismo permanece: el Estado como botín, los cargos como mercancía, la política como chantaje.
Mientras tanto, Viviana Aguirre espera justicia. No la institucional, que difícilmente llegue. Sino la política, la de quienes todavía creen que una democracia no puede tolerar que la lucha contra la casta termine siendo, apenas, un negocio para los nuevos socios del poder.
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